La empresa Barrientos y Asociados S.A. de C.V., demandada ya por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por el presunto desvío de millones de pesos del dinero que debía ser utilizado para las indemnizaciones en los ejidos para la liberación del derecho de vía por el Tren Maya, tiene en sus manos información privilegiada y confidencial, relativa al trazo de la vía, planos, actas de asamblea y muchos otros documentos que les fue entregada por diferentes dependencias.
Fuentes cercanas al proyecto, las cuales pidieron el anonimato, señalaron que este tema es sumamente grave, ya que esta información que está en manos del mencionado despacho, es guardada con celo por parte de Fonatur e, incluso, la catalogó como confidencial por el riesgo que implica, por ejemplo, para la especulación de tierras, si se le da un mal uso.
Barrientos y Asociados tenía la autorización de Fonatur y, en este caso del Gobierno Federal, para recibir todo tipo de información relativa al proyecto del Tren maya, en cuanto al trazo de la vía, los ejidos que afecta, los dueños de la tierra, sobre las autoridades ejidales, y muchos documentos más necesarios para armar los expedientes para la liberación del derecho de vía.
“Este tema es sumamente grave, que hasta ahora los de Fonatur no han compartido esta información confidencial y sólo la tenían los de Barrientos y Asociados, porque estaban autorizados por la dependencia el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras dependencias, quienes les daban la información necesaria para la labor que realizaban”, expuso una de las fuentes consultada.
Señalaron que este despacho llevaba más de un año conformando los expedientes, con planos, documentos registrales, información de los derechos de vía, de las vías de comunicación, entre otros.
Cabe señalar que el propio Fonatur ha negado esta información a diferentes colectivos y agrupaciones que lo solicitaron. Un ejemplo fue cuando se llevó a cabo la consulta del Tren Maya, en esa ocasión indicaron que no la daban porque podrían ser usada por especuladores.
Incluso, señalaron, el despacho se quedó con actas de asambleas para renovar las autoridades de los comisariados ejidales, las cuales no se pueden renovar ante el Registro Agrario, ya se llevaron esos documentos y no lo regresaron.
Indicaron que, luego de que se rompió la relación contractual con Barrientos y Asociados, Fonatur está trabajando a marchas forzadas pues carece de la información e, incluso, se pidió el apoyo de las diferentes dependencias federales que enviaron personal y abogados, para tratar de rearmar los expedientes.
Hasta el momento, la dependencia no ha informado nada de este tema, así como tampoco ha explicado cuál va ser ahora la aproximación que va tener con los ejidos, qué empresa o persona va negociar.
“Ahora ellos tienen la información más preciada, se quedaron con todas las carpetas, es un escándalo”, expuso una de las fuentes.
En torno a este tema, comentaron, hay varias interrogantes que debe responder Fonatur, acerca de la causa de recisión del contrato, quién contrató, cuál era el trabajo que tenía encomendado Barrientos y Asociados y si hizo la debida entrega de la información que tenía en su poder, si se pudieron recuperar todos los documentos que tenían en su poder.
Particularmente, el despacho en cuestión recibió información a manos llenas de los Tramos 2, 3 y 4 del Tren Maya, de dependencias como el Registro Agrario Nacional, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.
Hasta antes del rompimiento, a Barrientos y Asociados se le consideraba un integrante de importancia dentro del proyecto, por lo que tenía en su custodia información considerada, incluso, confidencial.
Como informamos previamente, Fonatur presentó denuncias por presunto desvío de recursos en que incurrió el despacho jurídico en el pago de las indemnizaciones por el derecho de vía en contra de los ejidos Luna, Lic. Miguel Alemán, Corte de Pajaral y Don Samuel, en el estado de Campeche, por un monto de 25 millones de pesos.
Las denuncias penales las interpuso en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México y se hizo “por diversos hechos presuntamente constitutivos de ilícitos y por ende transgresores de la ley penal, en detrimento y perjuicio de los derechos agrarios de los núcleos ejidales”.
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Expone que la Representación Social Federal debe iniciar la carpeta de investigación, así como las acciones ministeriales en donde se determine “si existe la comisión de irregularidades de naturaleza penal” y de haberlas plantea que también “determine a cuánto asciende el monto en numerario de lo presuntamente sustraído por diversos empleados de la empresa”.
De acuerdo con las declaraciones de los ejidatarios en Don Samuel, fueron aproximadamente 11 millones de pesos, mientras que en Luna la cantidad fue de 14 millones de pesos los que se defraudaron a los ejidatarios.
aarl