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Opinión

Los permisos de la muerte

Jorge Lara Rivera

Dos perturbadores incidentes –un suicidio y una desaparición– ocurridos en circunstancias dudosas, a miles de kilómetros de distancia entre sí y sin mayor relación aparente que el ámbito político al que los afectados pertenecían, pero que tienen como telón de fondo la intromisión en los asuntos internos de otro país, han venido a agravar el ya de por sí complicado panorama internacional, donde se multiplican los focos rojos.

Se trata de la muerte por aparente suicidio, conocida el 8 de octubre, en Caracas, de Fernando Albán Salazar, de 56 años, ex concejal del Municipio Libertador de Caracas y uno de los líderes visibles de la oposición al actual gobierno de Venezuela, detenido 3 días atrás (en el aeropuerto internacional ‘Simón Bolívar’ de la capital venezolana a su regreso de Nueva Cork, donde denunció ante la ONU las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno bolivariano) bajo el cargo de participar en la conjura para atentar con drones contra la vida del presidente en agosto.

La otra, la misteriosa desaparición por probable secuestro muy posiblemente seguido de asesinato y quizá descuartizamiento del cadáver perpetrados contra Jamal Khashoggi en la ciudad de Estambul, Turquía, al amparo de la inviolabilidad del consulado saudiárabe en ese país.

Con respecto al homicidio contra el periodista saudí Jamal Khashoggi, de 60 años, columnista de ‘The Washington Post’, crítico constante del príncipe heredero Mohamed Bin Salmán pero cercano a la Casa Real, del que se supo el 7 de este mes a través del ‘Post’ y ‘CNN’, 5 días luego de su desaparición (octubre 2), la versión del furioso gobierno turco agraviado por la violación de su territorio refiere, con apoyos en audios que obran en su poder, que se empleó para ejecutarlo a un equipo de hasta 15 personas enviadas por Ryad con tan avieso fin, cuyo arribo y salida de Turquía coincidió con la cita de aquél en la sede diplomática, a donde aquél acudió para tramitar papeles relacionados con su divorcio, necesarios para contraer matrimonio con una ciudadana turca y de donde no existe evidencia de que haya salido, y que el delito tuvo como escenario la propia representación diplomática árabe por más que la versión oficial del reino saudita es que abandonó el edificio poco después, el mismo martes. Otrora gerente general de Al Arab Media Group, un importante grupo mediático del país árabe, y ex colaborador de los diarios ‘Al Hayat’ que se imprime en Londres, y de ‘Al Watan’, Khashoggi vivía autoexiliado en Turquía desde septiembre 2017, ante la ola represora desatada contra opositores y críticos a la monarquía que encarceló a ‘blogeros’ lo mismo que a clérigos musulmanes, economistas, feministas y activistas defensores de los derechos humanos.

El método no es nuevo para esa rica monarquía absoluta: 16 príncipes y ciudadanos sauditas han sido secuestrados en Europa y llevados y puestos en custodia militar a Arabia del 2000 a la fecha e hicieron lo mismo a un primer ministro libanés. Senadores norteamericanos , el republicano (partido del presidente Trump) Bob Corker y el demócrata Robert Menéndez, pidieron a la Casa Blanca tras esta reciente atrocidad, imponer sanciones al régimen saudita, algo a lo que Trump se niega dados los poderosos intereses que comparte con ese reino islámico ultraconservador del desierto, rival de las potencias regionales Irán y Turquía, ahora distanciada con Estados Unidos, las 3 naciones musulmanas, pero opuestas en la ancestral disputa entre sunitas y chiítas por el predomino en la zona de influencia en el Cercano Oriente, donde convergen tantos intereses económicos y geopolíticos.

El contraste y la doble moral de Washington en el tema es claramente visible: por un lado ofrece ayudar a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro por el posible asesinato de un opositor político, aunque él mismo alienta, si no es que patrocina, la oposición violenta y los atentados contra el propio presidente venezolano. Por el otro, recomienda no asumir juicios apresurados con respecto al plausible secuestro, asesinato y descuartizamiento del periodista saudí a pesar de las probanzas que obran en poder del aún amigo gobierno turco del presidente RecepTayyip Erdogan, por otra parte acusado de una represión brutal contra sus opositores políticos nada diferente de la del régimen de Arabia Saudita, pero también de conculcar las libertades de la otrora sociedad laica de su propio país, violando sus derechos humanos y, asimismo, a quien se responsabiliza por crímenes que rozan el genocidio contra el pueblo kurdo.

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