Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
Es motivo de preocupación que un tema de tanta prioridad como es el educativo esté relegado en la agenda pública. En ambas cámaras del Congreso y en los medios de comunicación se habla hasta la saciedad de cuestiones políticas y económicas, pero de la educación poco o nada trasciende, no obstante que la reforma en la materia es fundamental abordarla para saber el rumbo que habrá de seguir el país.
El grueso del magisterio nacional está a la espera de que se tome el tema con la seriedad que requiere. Sin embargo, ni siquiera hay indicios de que se nombren presidentes de la comisión de educación en la Cámara de Diputados y en el Senado. (El colmo sería que ya hubieran sido designados y no se hayan divulgado sus nombres.) El hecho es que no se ha dicho nada sobre cómo se planteará el problema de la reforma educativa a sabiendas de que ni el gobierno federal que asumirá sus funciones el próximo primero de diciembre, ni la mayoría de maestros, la aceptan.
No es un simple capricho del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ni de los mentores, abrogarla, sino un imperativo de la mayor importancia porque en esencia nada tiene que ver con el futuro de la educación, pues conservarla sería un pesado fardo para la sociedad. Lo es por cuanto que en el fondo está orientada a dar un nuevo marco laboral a los maestros que los afecta en su desarrollo profesional, no a impulsar o renovar normas magisteriales que contribuyan al mejoramiento integral de las escuelas.
Es una paradoja que un hombre iletrado pero con gran sentido común y patriotismo, el jefe de la División del Norte, Francisco Villa, haya dicho que “para el bien de la Patria yo prefiero pagarle a un maestro que a un general”. Ahora, lo vemos claramente, la tecnocracia en el poder considera mucho más indispensable a la sociedad a un alto funcionario público, civil o militar, que a los maestros como es del dominio público.
Es una realidad inocultable que el magisterio nacional adolece de serios problemas, que influyen en la mala calidad de las escuelas públicas y en el retroceso del sistema educativo. Con todo, es preciso puntualizar que la causa de los mismos es del propio Estado, al politizar la labor magisterial y darle un giro electorero al sindicato del ramo. Se corrompió a niveles escandalosos, hasta llegar a extremos inconcebibles en cualquier otro país emergente.
De ahí la urgencia de que el Congreso federal aborde el tema con la prioridad que merece, pues no se concibe el futuro de los mexicanos sin un gremio magisterial que asuma su gran responsabilidad como lo demandan los millones de niños y jóvenes que cada año ingresan al sistema educativo con el propósito de aprender lo fundamental para llevar una vida mejor. Sin embargo, lo que ha sucedido en el país, sobre todo los últimos 35 años, es una pérdida notable en todo lo concerniente al sistema educativo.
Se fue extinguiendo el sentido de responsabilidad del profesorado en la medida que se utilizaba más como carne de cañón del PRI, por medio de su principal organización sindical, que como lo que en un principio fueron los maestros: apóstoles laicos de una sociedad que surgió de una revolución social que acabó con el feudalismo en el país.
Ni qué decir que sin un sistema educativo acorde con la necesidad imperiosa de fomentar el desarrollo social, México se habrá de sumir progresivamente en una desigualdad inaceptable. La única manera de evitarlo es contando con una educación de calidad en todos los niveles y que llegue a toda la población. Esto es impensable con la reforma “educativa” que promulgó el actual gobierno, con el avieso fin de hacer de la educación un nicho más de negocios del sector privado y, lo peor, un modo de mediatizar a la población en edad escolar.
Urge que en ambas cámaras del Congreso se asuma el reto de implantar un sistema educativo como lo pensaron y llevaron a cabo los constituyentes de 1917. Ahora a tono con el México del futuro.
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