Martí Batres*
En estos últimos días, pese a todas las resistencias, se ha concretado el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal en varios frentes.
Por un lado, se realizó la declaratoria de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece un nuevo conjunto de delitos graves que ameritan prisión oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, el fraude electoral, el robo de combustible, el feminicidio, la desaparición forzada, el robo a casa habitación, el robo a transporte, así como la portación de armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Esta reforma será un instrumento muy importante para inhibir la comisión de delitos que se han realizado en los últimos años con grave impunidad.
Por otro lado, en el Senado de la República se aprobó, en la Comisión de Seguridad Pública, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que presentó el día 1 de febrero, a la apertura del periodo ordinario de sesiones, el secretario del ramo, Alfonso Durazo Montaño.
Tal como lo señala actualmente la Constitución, la Estrategia de Seguridad Pública del Gobierno Federal debe ser aprobada por el Senado. Esta aprobación se ha realizado ya en la Comisión correspondiente y ha pasado en primera lectura en el pleno del Senado para conocimiento del conjunto de senadoras y senadores.
Este cuerpo legislativo colegiado, ha aprobado también la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública ante el pleno del Senado, y ha determinado que una vez realizada esta comparecencia y antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, se abordará la discusión de la Estrategia de Seguridad Pública para su eventual aprobación.
También en estos días, el Secretario de Seguridad Pública ofreció un conjunto de propuestas a legisladores y legisladoras de diversos grupos parlamentarios para la elaboración de las legislaciones secundarias relativas a la Guardia Nacional.
Entre las propuestas están los proyectos relativos a la reforma de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la aprobación de las legislaciones sobre el Registro Nacional de Detenciones, la Ley sobre el Uso de la Fuerza y la legislación relativa a la organización de la propia Guardia Nacional.
Dichas propuestas no fueron presentadas como iniciativas del Gobierno de la República, sino como proyectos de trabajo para que puedan ser discutidos directamente por los grupos parlamentarios y hechos suyos por dichos organismos.
Asimismo, en el marco de este conjunto de decisiones, el Presidente de la República ha designado al titular de la Guardia Nacional, que es el General de Brigada Luis Rodríguez Bucio, y a los integrantes de la Coordinación Interinstitucional de la Guardia Nacional. Con estas designaciones se difumina un conjunto de falsos debates.
La Guardia Nacional, como se sabe, de acuerdo los artículos transitorios relativos a la reforma constitucional que le da origen, se compone en su fase de formación por elementos de la Policía Naval, de la Policía Militar y de la Policía Federal, y en su instancia de coordinación confluyen representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Civiles y militares, por acuerdo del Constituyente Permanente, confluyen en la conformación de la Guardia Nacional.
Este conjunto de decisiones permite sentar las bases para fortalecer la estrategia de seguridad pública y de lucha contra la delincuencia en el país. Es urgente fortalecer una nueva estrategia.
La herencia de violencia que ha recibido México de las administraciones pasadas es aguda y sigue causando zozobra en el país. Por eso es tan importante la nueva estrategia en materia de seguridad pública. México quiere seguridad, paz y tranquilidad.
* Presidente del Senado