El período de la historia de México conocido como Reforma constituyó en sí mismo un hito fundamental por los cambios sustanciales que el Estado experimentó en su organización jurídica y política: el énfasis en su laicidad, así como el reconocimiento de las garantías individuales fueron elementos que caracterizaron considerablemente esta etapa; la separación Iglesia-Estado fue un importante triunfo del ala liberal y un gran legado para las posteriores generaciones de mexicanas y mexicanos.
El programa base del gobierno federal actual se inspira precisamente en originar cambios sustanciales que permitan dejar un legado importante a las generaciones futuras; un país en el que se garantice la justicia social y haya mejores condiciones de vida para toda la población, así como mayores oportunidades de desarrollo individual y colectivo.
Será un arduo camino pasar de las bases programáticas a las políticas públicas o las medidas concretas, como las necesarias modificaciones legales que incentiven una participación más activa del Estado en la procuración de un mejor desarrollo. Y para ello es indispensable continuar con las acciones encaminadas a desmantelar el régimen de corrupción, atraso e impunidad que consolidó un sistema de privilegios para unos cuantos, pero de pauperización y miseria para las mayorías.
En países democráticos, la pluralidad de ideas enriquece los debates y se busca en todo momento llegar a los consensos necesarios para integrar las propuestas de los actores políticos involucrados. Asimismo, existe la posibilidad de disentir, de estar en desacuerdo con los representantes del gobierno en turno, sin que ello implique generar un ambiente de violencia o represión, como ocurría en anteriores administraciones.
A pesar de las constantes críticas de las que es objeto el gobierno actual, la percepción de la mayoría de la población es notablemente positiva: una aprobación histórica que evidencia el importante bono democrático que respalda la plataforma de acción política de la presente administración.
Por otro lado, lo mismo que desde el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, desde nuestro ámbito de responsabilidades, hemos comenzado a echar a andar cambios estructurales, por la vía pacífica y democrática, a través de una ruta legal que involucra, entre otros elementos, una serie de reformas tanto a leyes secundarias como a la propia Constitución.
De esta manera, México cuenta hoy con una auténtica y legítima reforma educativa; a diferencia de la surgida del acuerdo cupular firmado y ejecutado durante la pasada administración, conocido como “Pacto por México”, el cual atropelló derechos y dio a luz una mal llamada reforma educativa que desoyó a las personas expertas en la materia y a los principales actores del sistema de educación, resultando en una propuesta insuficiente, vacía de contenidos sustanciales y centrada monotemáticamente en el aspecto laboral.
En contrapartida, la nueva reforma, aprobada por el Senado de la República en el período extraordinario de sesiones al que fue convocado, contiene aspectos fundamentales para la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y para dotar de integralidad a la educación; con ella se aseguran el material y la infraestructura necesarios; terminan las evaluaciones punitivas y se establece el derecho de las y los docentes a contar con un sistema de formación gratuita. Además, los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución se reformaron para incluir en los programas de estudio la enseñanza de matemáticas, lectoescritura y educación sexual y reproductiva, entre otras modificaciones. Uno de los aspectos más relevantes es que el Estado conservará su papel como eje rector en materia de educación.
Por lo que ve a la autonomía universitaria, ésta seguirá siendo una premisa fundamental del sistema educativo; asimismo, se reincorporan materias a la educación básica, como Civismo y Valores, Cultura y Arte, Música, Deporte y Medio Ambiente, las cuales habían sido dejadas de lado en reformas previas, pero que son fundamentales para la formación de las y los estudiantes. Así también, con esta reforma tendrá vigencia una nueva política educativa de carácter bilingüe, la cual será diferenciada por zonas, y se respaldará completamente la investigación e innovación científica y tecnológica.
En el artículo décimo sexto transitorio del decreto presidencial, publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se declaran las reformas a la Constitución en materia educativa, se señala que la admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores de la educación se hará bajo la regulación de la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La creación y disposición de nuevas plazas dentro de la organización magisterial estará bajo el tutelaje del Estado y no del magisterio, en razón de que es imprescindible terminar con la práctica de los “moches”, el clientelismo y la corrupción.
La reforma educativa, junto con la laboral –recientemente aprobada–, la relacionada con la creación de la Guardia Nacional, la relativa a la reducción de los salarios de altos funcionarios, y otras acciones llevadas a cabo por los poderes constituidos, perfilan con claridad un sendero de reivindicación de las causas populares y de concreción de la justicia social: ejes transversales de las premisas básicas de los nuevos tiempos políticos de México.
Vivamos con beneplácito esta nueva época de transformaciones radicales. Cualquier cambio de rumbo de la nave estatal implica una lista importante de ajustes, tensiones, presiones y reacciones. Sin embargo, así como en la época de la Reforma fueron necesarios grandes cambios para sentar las bases de una nación más justa y solidaria, como la separación del poder eclesiástico del poder político, ahora resultan necesarios otros grandes cambios, entre ellos, separar el poder económico y el poder político.
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