Uuc-kib Espadas Ancona
Suena espantoso, desde luego contradictorio, pero resulta, según me explicaron hace algunos años, que el derecho al abuso es parte de la propiedad de las cosas, por decirlo en términos generales. Me cuentan los que saben de leyes que esta condición, la de ser propietario, da también otros dos derechos, el de usar la propiedad y el de beneficiarse de ella. Así, por ejemplo, el propietario de un auto tiene derecho a usarlo personalmente, permitir que otra persona lo use a cambio de dinero, o inscribirse en un club de carreras y correrlo constantemente a toda velocidad hasta desgastarlo completamente. Esta, como otras ficciones con las que los juristas ven la realidad, me resulta fascinante por sí misma, pero sobre todo me parece muy útil para entender problemas reales de la vida social, particularmente por el concepto del derecho al abuso.
Lo primero que hay que decir es que acá, la palabra “abuso”, como casi cualquier otra que deja uno en manos de abogados, se refiere a un término un tanto distinto del común. Este comprende la facultad de disponer a plenitud de la propiedad. Al comer un taco, por ejemplo, se ejerce este derecho a disponer plenamente de la propiedad, destruyéndola para su aprovechamiento. No decimos que uno está abusando de una paleta helada cuando, en vano, la devora para tratar de mitigar el calor de mayo, pero, desde un punto de vista jurídico, se está ejerciendo el derecho al abuso, o la disposición, de la propiedad.
Ahora bien, este derecho al abuso, inherente a la propiedad, encuentra límites de distinta importancia en los diversos sistemas legales. Un ejemplo de esto es la prohibición de destruir objetos cuando esto genere perjuicios a otros particulares o a la sociedad. El dueño de unos tarros de cerveza puede decidir brindar a porrazos, hasta romperlos, sin que ninguna ley se lo impida; sin embargo, no lo puede hacer en espacios públicos, pues, por mencionar sólo una razón, generaría el riesgo de que alguien se lastimara con una astilla. El derecho a abusar de los tarros encuentra un límite, en este caso, de los lugares donde éste se puede ejercer. En el mismo sentido, nadie tiene derecho a quemar la basura en su patio, pues el calor y la contaminación perjudican a otras personas.
El problema empieza, justamente, cuando no se distingue este particular derecho como una de las características de la propiedad, pretendiendo que ésta lo incluye sin restricciones. Es decir, se entiende que limitar el derecho al abuso cancela el derecho de propiedad. Bajo esta lógica, ninguna autoridad puede legítimamente prohibirle a un propietario que tale sus árboles, queme sus llantas viejas, mate de hambre a su perro, remoje en acetona una acuarela de Picasso, o cubra su terreno completamente de cemento. En todos estos ejemplos, el abuso de la propiedad genera daños a la sociedad que van mucho más allá del objeto mismo del que se abusa, y la proscripción de su realización se plasma en leyes, reconociendo la debida subordinación del individual derecho a la disposición de la propiedad a intereses sociales fundamentales.
Sin embargo, aunque la noción de que la propiedad incluye el ilimitado derecho al abuso ha sido superada en lo fundamental por las leyes, no ocurre lo mismo con las prácticas administrativas. La deforestación de Mérida y otras zonas del estado evidencia que, pese a décadas de legislación para impedir la destrucción de las zonas verdes y árboles, ha prevalecido la tolerancia oficial -de los tres niveles de gobierno y de los distintos partidos que han estado en el poder- al abuso de la propiedad privada en perjuicio directo de la calidad del medio ambiente en el que vivimos ya casi dos millones de yucatecos.
Lo peor del caso es que la creencia de que cada quien debe poder hacer lo que le dé la gana con sus propiedades, sin importar los perjuicios que esto represente para otros, es una convicción yucateca verdaderamente profunda, y con su foco en las elites económicas de la capital, en la sacralización del derecho al abuso. Como consecuencia directa, ningún gobernante, que en general, además, comparten esta visión de la propiedad, está dispuesto a limitar efectivamente los abusos cotidianos y sistemáticos, pues esto le generaría fricciones y conflictos con prácticamente todo el espectro social, garantizando casi inevitablemente su retiro de la vida pública.