Por María Elena Morera
El gobierno federal está arrastrando a las Fuerzas Armadas (FA) a un callejón sin salida; porque después de todo el poder económico y táctico que les está dando, y de la opacidad con la que les permite trabajar, vendrá un gran desgaste.
El Presidente ha decidido apalancar su popularidad utilizando a dos instituciones con el mejor prestigio y reputación entre la gente, y lo ha hecho sin pensar en el daño que les hará en un futuro. La política militarista del actual Gobierno Federal ha optado por el debilitamiento y el desmantelamiento de las policías locales y por otorgar las facultades en seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Se inventaron en el camino un nuevo cuerpo, la Guardia Nacional (GN), que no es otra cosa sino una extensión directa de las FA.
Así, en los últimos meses, observamos que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina pasaron de defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación, a un instrumento de los caprichos y necesidades del presidente. Ambas secretarías fueron facultadas constitucionalmente para hacer frente al gravísimo problema de seguridad que, a pesar de lo que digan, no para de crecer.
Por si esto no fuera suficiente, les han dado más 30 funciones rebasando inmensurablemente su misión original ¿Por qué importa esto? Sencillo, la labor de un soldado, como cualquier otra, requiere de actitudes y aptitudes. Los soldados ingresaron al ejército para ser responsables de la seguridad nacional, no para ser multiusos. No solo eso, lo que está haciendo el gobierno es poner un reflector sobre las FA para que el crimen organizado, que ha demostrado ser un gran corruptor de instituciones y personas, esté permanentemente tentado a infiltrarlas.
Además el gobierno ha omitido aspectos tan esenciales como evitar que las FA tengan una vigilancia externa o una subordinación de las Fuerzas Armadas a mandos civiles. También ha permitido que no cuenten con protocolos claros de uso de la fuerza. Esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estipuló que el uso de las FA en seguridad pública debe ser en todo momento, extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario.
Sin duda, el ideal es que la estrategia en seguridad pública debe apostar por el fortalecimiento de las instituciones creadas para ese fin y no por el abandono, tal y como lo ha hecho este gobierno desde su inicio. Eso pasa por mejorar los salarios y condiciones de los policías. Por dar un ejemplo, en el 2019 el salario promedio de un policía era de 11,787 pesos, mientras que el de un soldado, para enero de ese mismo año, de acuerdo con la tabla de haberes del personal militar, rondaba en los 11,904 pesos. En noviembre del año pasado, el presidente anunció un aumento de salario para los soldados, por el contrario, en el proyecto de presupuesto 2021, disminuyen los subsidios económicos que apoyan el fortalecimiento de las policías locales. Esto sin contar con que los militares tienen prestaciones mayores como acceso a vivienda, hospitales en donde atenderse, seguro por defunción, retiro digno, entre otras. No se trata de discutir quién merece o no el aumento o las prestaciones, es un tema de equidad, de tener los mismos parámetros profesionales y justos.
Se debe atacar el problema desde el origen. Se debe avanzar en la discusión y aprobación de la legalización de las drogas. Su prohibición lo único que ha llevado es a la muerte de miles de personas y la corrupción de las instituciones. Las drogas que llegan a las casas también están matando a los jóvenes por falta de una estrategia de salud contra las adicciones.
Organizaciones como Causa en Común y muchas otras, hemos decidido seguir subiendo la voz y poniendo el dedo en la llaga. Algunos pensarán que somos reiterativos, pero lo seguiremos haciendo porque callar ante lo que está pasando en las Fuerzas Armadas y las policías locales es complicidad.
@MaElenaMorera