Por Francisco Valdés Ugalde
Varios movimientos y agrupaciones se han perfilado en la escena política como nuevos actores surgidos en reacción al gobierno de la cuatroté. El más ruidoso ha sido FRENA con su discurso de derecha extrema, que pide la renuncia de AMLO y reúne a los grupos conservadores con demandas como la prohibición del aborto y el matrimonio igualitario. Otra es Sí por México, que reúne a varios centenares de agrupaciones que tienen muy diversos propósitos y finalidades, pero propone unitariamente a los partidos de oposición una agenda común de defensa de la democracia, de los derechos humanos y de verdaderas políticas de inclusión social. Se orienta precisamente hacia los temas centrales a los que el gobierno ha dado la espalda con su empeño en una política ultraneoliberal y de concentración autoritaria del poder en el Presidente. Además, pronto hará su debut CREA, organización originada en Nuevo León.
Estas nuevas manifestaciones son indicativas del extendido malestar que producen las desastrosas políticas de este gobierno y el desencanto o desengaño de miles que ahora empiezan a sufrir en carne propia la verdadera naturaleza de un gobierno con un proyecto regresivo en lo económico y lo social y autoritario en lo político. Sus tres acciones más importantes han sido el fortalecimiento del Ejército a niveles nunca vistos en una República que se supone civilista, la concentración del poder y los recursos económicos del Estado en la esfera discrecional y arbitraria del Presidente, y una derrama de transferencias directas disfrazadas de política social que no son sino una compra masiva de lealtad política con miras al monopolio del poder. Ni trazas del combate a la corrupción y la impunidad, ni a la pobreza y la desigualdad. Este enojo creciente en la sociedad civil se complementa con el ruinoso manejo de la pandemia de Covid-19 y el hundimiento deliberado de la economía en sus dos facetas: la desinversión productiva pública y privada, aunada al despilfarro millonario en proyectos de fantasía y la negligencia frente a los estragos económicos de la pandemia. Lejos de representar el gobierno de izquierda democrática que permita una deliberación amplia de los problemas públicos para superar las atávicas políticas del pasado, ofrece un proyecto de retroceso nacional.
La sociedad civil desempeñó un importante papel en empujar la transición democrática entre 1988 y 2000 y, después de ella, en gran cantidad de actividades de defensa de derechos y atención a problemas sociales, pero en su mayor parte se alejó del terreno de la política. Fueron los partidos que la habían encabezado en la resistencia y lucha contra el autoritarismo los que tomaron en sus manos desde entonces los asuntos generales y la disputa por el gobierno. Contra todas las expectativas, el autoritarismo, la corrupción y la impunidad nunca fueron desterrados ni en los partidos políticos ni en el gobierno; más bien se las turnaron hasta que la antidemocracia volvió por sus fueros disfrazada de regeneración y vendiéndose como remedio a la descomposición nacional.
No es sino hasta hoy que se cobra conciencia más ampliamente de que México logró establecer la democracia electoral, pero que su traducción en estado de derecho, en democracia constitucional propiamente dicha, no fue alcanzada ni de lejos.
Esta convicción es la que alienta a los nuevos movimientos de la sociedad civil, con la excepción de FRENA. Son de celebrar estos impulsos, cuando el primer gobierno mayoritario postransición pone en jaque el equilibrio de poderes, la igualdad política y el federalismo, y asedia la libertad de expresión y el cumplimiento con los derechos constitucionales. Con este gobierno se asoma el regreso del viejo partido de Estado con otro nombre.
O quizás algo peor. Detener esta tendencia autocrática es una condición para retomar el desarrollo democrático. Estamos en un momento decisivo en que se definirá si se produce un nuevo ciclo en el que sociedad y partidos ofrezcan la fuerza conjunta para asegurarlo.