Ruido

El gobierno federal –dice un pronunciamiento de los diez gobernadores de la Alianza Federalista– ha decidido de forma unilateral centralizar la compra y distribución de la vacuna”, y exigen trasparentar el cronograma de distribución de la vacuna COVID-19, además, piden al Presidente que se “deje ayudar”.

No hay de entrada, ninguna cortesía, de este grupo de gobernadores, por que un gobierno haya logrado –y, al decir por las autoridades, sin endeudar más al país– ser, uno, de los primeros países en el mundo que tendrá la tan deseada vacuna contra ese coronavirus que ha causado estragos profundos en la sociedad y la economía mundial.

No tienen esa cortesía porque anteponen la visión política sobre la humanitaria, la electoral sobre el beneficio comunitario, el cálculo de la rentabilidad sobre la vida.

Claro, tienen derecho a exigirlo, la ley federal de salud le brinda la posibilidad de colaborar en la estrategia con el responsable de la política pública en esta materia y así ha venido ocurriendo con los gobernadores de todos los partidos políticos.

No faltará entonces quien se pregunte ahora, en el momento estelar la pandemia, ¿por qué al aplicar la vacuna se les hace a un lado y esta responsabilidad se le otorga plenamente al Ejército, incluso, por encima de las unidades del sistema nacional de salud que hasta ahora han venido aplicando todo tipo de vacunas?

El argumento para justificar que el Ejército sea el encargado de almacenar, distribuir y aplicar la vacuna hasta en los lugares más remotos de la geografía nacional es que la pandemia se ha convertido en un problema de seguridad nacional y, aun con todo lo criticable que pueda significar este poder adicional a un Ejército ya con muchas competencias, evita que el manejo de la vacuna se pulverice en 32 órdenes de Gobierno y suceda, lo que hemos venido viendo, con la aplicación de la Estrategia Nacional de Salud donde ha estado sujeto a los humores políticos de cada entidad federativa y ha provocado resultados muy dispares.

Y esto, en un año electoral, podría significar una calamidad mayor de la que hoy tenemos y amenaza agudizarse en los meses de nuestro invierno, porque, sin duda, los gobernadores de todos los partidos querrían directa o indirectamente capitalizar el manejo de esta vacuna (o sea, lo que le exigen al Presidente), y por lo que sabemos de la parte de la operación, exige un manejo muy especial ya que se requiere equipos de refrigeración nada convencionales.

Entonces, ¿qué sentido tiene poner en manos de gobernadores la gran responsabilidad del manejo de la vacuna en un año eminentemente electoral y, probablemente, sin los recursos técnicos para tenerlos en su poder?

El Presidente López Obrador ejerce la prerrogativa constitucional de que cuando esté en juego la seguridad nacional pueda, al margen de Legislativo, tomar las decisiones que a su juicio así convengan a la nación y eso significa que la responsabilidad política es personalísima.

O sea, si este encargo al Ejército resulta un éxito sin duda será del Presidente y el Ejército, pero lo mismo si fracasa, por cualquier razón, el beneficio o costo político será exclusivo de él.

Es una decisión que entraña muchos riesgos, pero que está a la altura del tamaño del número de contagios y fallecimientos, y la sombra nebulosa que está ahí amenazante y que nos pone entre la decena de países con mayor número de casos por cada 100 mil habitantes.

Y en ese sentido, pensarlo, cómo lo sugirió en tono amenazador el “Brozo” tenebroso y ahora este grupo de gobernadores, que se pudiera estar pensando en clave electoral es no distinguir entre una razón de Estado y una decisión con fines electorales.

Se podrá preguntar al aire: ¿cómo se puede separar una de la otra si coinciden en un tiempo electoral? ¿Cuándo estarán en marcha las campañas electorales concurrentes? y, ¿cuándo ya se prefiguran dos grandes coaliciones, una de ellas impulsada por los diez gobernadores para dejar sin mayoría absoluta al Presidente en la Cámara de Diputados?

Ciertamente, la frontera entre uno y otro es muy delgada, sin embargo, la primera atiende asuntos de gran calado, más allá de la coyuntura, como es la misma esencia de la pandemia, y la otra tiene fecha de caducidad, que es el 6 de junio, o quizá más, si muchas de estas elecciones terminan en los órganos jurisdiccionales.

Es decir, a sabiendas que es una competencia del Presidente actuar en los casos cuando el país vive un problema de seguridad nacional, estos gobernadores le disputan ese derecho y exigen ser parte de la decisión, buscan intervenir en la definición de la estrategia de aplicación de la vacuna a todos los mexicanos, cuando a otros les quitan un peso de encima. Y aquello, en la emergencia sanitaria, es simple y llanamente ruido preelectoral.

Claro, preocupa que este Gobierno civil otorgue de facto y jure mayores competencias al Ejército, y en este caso, no es la excepción a la regla, serán sus unidades médicas las encargadas del traslado y aplicación de la vacuna.

Pero sobre esto no dicen nada los 10 gobernadores, todo es contra el Gobierno civil y ahora, si en un tiempo preelectoral todos los mensajes que emiten los actores políticos tienen una carga electoral, buscan influir en el ánimo de los fieles y de aquellos que en estos momentos viven el drama de la COVID-19.

En definitiva, este tema que abrazan hoy los 10 gobernadores aliancistas es uno de los que, por necesidad política, necesitan esgrimir para instalar la idea polémica de restablecer la vieja hegemonía que la gente identifica como PRIAN, y que, en 2018, la mayoría electoral decidió reducir a su mínima expresión y eso lleva a preguntar si ha cambiado ese hartazgo para entrar en reversa el próximo 6 de junio.

Eso, ¡ya lo veremos!

Por Ernesto Hernández Norzagaray