Porfirio Muñoz Ledo
Alfonso Reyes relató en sólo 15 páginas la historia del país: “México en una nuez”. Notable capacidad de síntesis que hoy permitiría una visión exhaustiva y compacta de un mundo que el Covid-19 desintegra y unifica de un mismo golpe. Nuestras neuronas merecen un alivio. Los problemas que nos aquejan son interdependientes. Conociendo las premisas globales, hemos de resolver secuencialmente las cuestiones particulares a fin de armar el rompecabezas. Abrumados por un bosque sin fronteras podemos toparnos con cada uno sus árboles.
Esbozo los principales asuntos en cartera: la mayor urgencia es la declaración de un Estado de emergencia mandatado en la Constitución en casos de perturbación grave que ponga a la sociedad en peligro o conflicto, junto como el máximo apoyo posible para la reconversión del sistema de salud. Una audaz política de crédito, imprescindible para desatar el crecimiento mediante una estrategia contracíclica: alentar las inversiones y elevar el gasto público redistributivo y claramente encauzado a la creación del Estado de Bienestar. La expansión del consumo a través de la elevación permanente de los salarios y la conversión de transferencias monetarias a sectores específicos en una renta básica universal. Implementar políticas racionales en materia energética, agua y alimentación, como asuntos de seguridad nacional.
Dirigentes empresariales piden revisar la inequitativa distribución territorial de los recursos públicos: revisar el equilibrio en el reparto de participaciones y aportaciones federales destinadas a las Estados y Municipios. Convocar a una nueva Convención Nacional Fiscal. Que reemplace la Ley Coordinación Fiscal de 1978. Efectivamente se ha conservado hasta ahora la ultrajante desproporción entre los recursos que recaudan los órdenes de gobierno –Federación 80%, Estados 15% y Municipios 5%–. Para abatirla se requieren decisiones de gran calado.
Resulta indispensable destrabar la Ley de Participación Fiscal Compensatoria, concebida para paliar las desigualdades entre entidades federativas. Desterrar la corrupción hacendaria de la Federación, reiteradamente condenados por el Presidente, tales como las enormes evasiones y condonaciones expresadas en números redondos y de cuyos beneficiarios no conocemos sus nombres y apellidos y menos si han sido procesados. Atosigar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, cuya información ignoramos.
Proponer reformas al régimen hacendario, como la transferencia del cobro del IVA a los Estados, ya que se trata de ingresos mercantiles sujetos a la jurisdicción local. Propuse en el “Plan de Chicoasén” que una proporción justa de los ingresos por el ISR fuera compartida con los Estados y Municipios cuando su origen sea en la utilización de recursos naturales: minería, petróleo, electricidad, gas y ecoturismo. Es inconcebible que Chiapas genere gran parte de la energía eléctrica del país y siga sumido en la pobreza, como lo denunció respecto a Tabasco su líder social de entonces, Andrés Manuel López Obrador.
Estremece la vulnerabilidad y abandono de las PyMEs. Palabras van y medidas vienen sin comprender que son la columna vertebral de la economía mexicana. Generan el 72% del empleo y el 52% del PIB nacional. De ese universo ¡¡el 97.6%!! son microempresas que ocupan menos de 5 trabajadores y que se funden en una realidad oscilatoria con las pequeñas que pueden llegar hasta 11. Rubros que comprenden taquerías, tintorerías, papelerías, refaccionarias y todo tipo de estanquillos, con la torpe exclusión del ambulantaje –cuyo número es incalculable– arrojado a la extorsión y manipulación de los caciques. Inasibles “macehuales” expatriados por la estadística y la ley.
Ciertos macroempresarios olfatean una presa codiciable y se proclaman patriarcas de los más pequeños. Pretenden engullirlos dentro de su insaciable vientre para potenciar su capacidad de negociación con el gobierno. Solicitan rescates financieros con sombrero ajeno: el de los verdaderos creadores del empleo. Todos los apoyos deben llegar directamente a quienes lo necesitan: a los microempresarios y a los trabajadores asalariados, que no a sus patrones. El gobierno podría, como en otros países, levantar un padrón provisional de PyMEs que las formalizara como sujetos fiscales no obligados a declarar ingresos temporalmente; los apoyos que requiriesen tendrían la forma jurídica de subsidio al trabajo y podrían ser inmediatamente beneficiarios del Seguro Social. Al finalizar la crisis regularizarían su situación hacendaria y dispondríamos de la más amplia base contributiva que hayamos tenido: la mayor revolución fiscal de nuestra historia y la genuina liberación de los pobres.