Guillermo Fabela Quiñones
En enero escribí un artículo que titulé “El año que vivimos en peligro”, tal como están ocurriendo los acontecimientos en México y en el mundo, se avanza con velocidad alarmante. Aún no se esperaba que la pandemia estallara con la fuerza que presenta en la actualidad, pero se vislumbraban graves acontecimientos por la crisis global del neoliberalismo, el calentamiento de la “guerra fría” entre Estados Unidos y el bloque China-Rusia, y aquí en nuestro país por el cerco al presidente López Obrador, cada vez más cerrado por el odio de clase de la extrema derecha, abiertamente golpista, y los propios errores estratégicos del mandatario.
Lo más preocupante, por razones obvias, es la aceleración de los ataques del conservadurismo, los cuales minimiza el Ejecutivo bajo el absurdo señalamiento de que “tienen derecho a ejercer su libertad”. No quiere aceptar que ese supuesto derecho deja de serlo cuando se usa con una finalidad ilegal, como es el caso una vez que se incita a la población a violentar el orden constitucional, lo que han venido haciendo cabecillas de la ultra derecha de modo abiertamente subversivo. Llamó la atención el fin de semana el anuncio que hizo Pedro Luis Martín Bringas, accionista del Grupo Soriana, de que asumía el liderazgo del Frente Nacional Antiamlo (Frenaaa), con el objetivo de “removerlo” de la Presidencia antes de diciembre.
Entre la ciudadanía, cuyo proyecto de vida es sacar adelante a sus hijos y llegar a la vejez en las mejores condiciones posibles, cunde la interrogante de por qué el mandatario no asume su legítimo derecho a defender, no sólo su investidura, sino el imperativo de salvaguardar la gobernabilidad y el Estado de Derecho, violentados por los grupos neonazis que quisieran el retorno a un pasado donde sólo ellos tienen privilegios y derechos injustos, los cuales nos condujeron a la dramática desigualdad que hoy obstaculiza seriamente la recuperación económica.
La única explicación que se tiene a la mano es que cada vez está más maniatado por grupos de interés que no aceptan un mínimo avance democrático, entre los que sobresalen los que apoya en nuestro país el gobierno de Donald Trump, como las grandes corporaciones estadounidenses, situación que aprovechan los neonazis mexicanos y los organismos empresariales autóctonos, decididos a no permitir que el mandatario recupere la capacidad de maniobra política con la que asumió su mandato.
En este contexto, de nada sirve que sus niveles de popularidad no bajen o hasta suban; esto asegura a las elites oligárquicas que mantenga un optimismo cada vez más subjetivo. Así lo patentizan hechos concretos que parecen incluso a modo para socavar su gobierno. El decreto de austeridad que se publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación es una prueba de este suicidio político. No otra cosa sucederá con la reducción en 75 por ciento del gasto de operación.
Es explicable el descontento de sectores que claman poner fin a la “estrategia harakiri”, como los de la cultura, ciencia y tecnología, entre muchos otros afectados por la severa austeridad neoliberal. De por sí la tecnocracia del PRIAN dejó el país en ruinas, con la desigualdad social más terrible entre las economías emergentes, con enormes daños al sector Salud que ahora dificultan un enfrentamiento a la pandemia del Covid-19 más contundente. Hasta hoy, el trasfondo del plan económico de la 4T no contempla destruir los cimientos del modelo neoliberal.
La lucha contra la corrupción no lo afecta estructuralmente, es como sacudir las hojas secas de un árbol frondoso.
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