Por Ricardo Ravelo
Los desvíos de dinero público para las campañas del PRI en el 2016 –un delito electoral encubierto en el sexenio de Enrique Peña Nieto–, compra de propiedades con dinero público, incluido un banco, dispendio de dinero a diestra y siniestra, y hasta protección al narcotráfico, por decir lo menos, son algunos de los pendientes sobre los que tendrá que rendir cuentas César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, detenido en Miami, Florida, el miércoles 8 después de poco más de tres años de haber huido.
El político chihuahuense era un prófugo entre comillas porque todo el mundo sabía dónde se encontraba. Había escapado a Texas tan pronto concluyó su mandato, atiborrado de dinero y de propiedades, las que –se asegura– adquirió con dinero del Gobierno de Chihuahua, de contratistas y presuntamente del crimen organizado.
La Fiscalía de Chihuahua le ha asegurado unas 30 propiedades y estima, con base en sus propias pesquisas, que César Duarte posee unas 40 mil hectáreas entre ranchos y casas con un valor estimado en 100 millones de pesos, sin contar los animales, la maquinaria ni los semovientes.
Toda una fortuna la que amasó Duarte Jáquez, igual que lo hizo Javier Duarte en Veracruz –quien compró casas como si se hubiera propuesto vivir en todas al mismo tiempo, una verdadera locura–; se enriqueció de manera descomunal como también ocurrió con Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, reconocido por Enrique Peña Nieto como “nuevo rostro del PRI”, y rebasó los límites de la cordura igual que lo hicieron en Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados de narcotráfico y de haberse enriquecido con el dinero de la mafia.
Ni hablar de los hermanos Moreira en Coahuila –ligados al narcotráfico, en particular a Los Zetas, según señalamientos de la DEA– y de Roberto Sandoval, exmandatario de Nayarit, quien de la pobreza emergió pujante al mundo de los supermillonarios al adquirir ranchos, ganado de alto registro en contubernio con César Duarte: ambos importaron ganado del extranjero para mejorar el hato ganadero regional, pero se quedaron con los mejores ejemplares.
Sandoval, quien también padeció la fiebre de comprar casas como si fuera a vivir mil años, es investigado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, relación que él ha negado, pero no ha podido, hasta ahora, acreditar el verdadero origen de su fortuna, la cual atribuye “al esfuerzo y a su trabajo”, algo increíble, pues nadie asciende a las ligas mayores en seis años si no está metido en negocios sucios o ha defraudado al erario, como él lo hizo en Nayarit.
De ser extraditado a México, César Duarte se convertirá en un personaje clave para desenredar los desvíos de dinero público que fueron fondeados en el PRI para financiar campañas políticas.
Fue Manlio Fabio Beltrones –un político plagado de historias torcidas y claroscuros– quien le sugirió en el 2016 al entonces Presidente Enrique Peña el esquema de triangular fondos a través de los gobiernos estatales para que los gobernadores, a su vez, entregaran el dinero a la dirigencia del PRI y, así, se pagaran las campañas políticas.
A este esquema habrían entrado al menos Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. En el caso del segundo, lo que se sabe es que entregó, en una primera fase, 250 millones de pesos al PRI. El receptor del dinero fue Alejandro Gutiérrez, entonces secretario general de ese partido, un incondicional de Manlio Fabio Beltrones (exlíder de la Cámara de Diputados, personaje plagado de dudas y sospechas por haber entrevistado a Mario Aburto en privado, de donde salió la versión de que él cambió al verdadero autor material de Luis Donaldo Colosio. Cierto o no, esta es una de las historias que carga a cuestas el sonorense).
El desvío de dinero se hizo, en todos los casos, mediante el esquema de las empresas fantasmas, las cuales fueron creadas exprofeso para la recepción de dinero. También se utilizaron algunos proyectos de obra pública que nunca se iniciaron, pero las empresas beneficiadas con los contratos sí recibieron los pagos que, después, transfirieron a cuentas personales de los entonces mandatarios. Aquí la ruta del dinero se extravió, pues no se sabe si entregaron los fondos al PRI o terminaron en manos de testaferros, como fue el caso de Javier Duarte, o en inversiones en el extranjero.
En el 2016 hubo elecciones. Se renovaron 12 gubernaturas, Congresos locales y alcaldías en todo el país. Pese al flujo multimillonario que se dispuso para apoyar al PRI desde el Gobierno, el partido tricolor sufrió una debacle histórica: perdió siete gubernaturas y se quedó con una mínima representación en el Congreso. Un poco más y pierde el registro.
Manlio Fabio Beltrones –quien seguramente tendrá que rendir cuentas por delitos electorales dentro del caso César Duarte– justificó la derrota afirmando que los malos gobiernos no coadyuvaron en la confianza de la gente, haciendo alusión a la corrupción atroz en la que incurrieron los gobernadores. También reconoció que detrás de muchos candidatos se había infiltrado el crimen organizado, en particular el narcotráfico. Lo extraño es que Manlio Fabio Beltrones no hizo nada para sustituir a los abanderados del PRI ligados al crimen.
Cuando Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, ordenó las investigaciones en contra de César Duarte, salieron a relucir los fondos públicos desviados por Duarte hacia el PRI. El caso se turnó a la Procuraduría General de la República en vista de que se trataba de un delito electoral, pero desde la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto ordenó tapar el caso porque implicaba al entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a él mismo, principalmente.
Esto permitió que César Duarte se fugara del país con la complacencia del Presidente. A su vez, Manlio Fabio Beltrones dejó la dirigencia del PRI después de sufrir la debacle electoral. Cuando fue detenido Alejandro Gutiérrez por la danza de millones desviados de Chihuahua, el exgobernador de Sonora se amparó, pues había rumores sobre una posible orden de aprehensión. Recientemente, Beltrones sacó la cabeza públicamente, pero la tendrá que esconder si no quiere perderla ahora que Duarte fue detenido.
Con la captura de César Duarte –un regalo de Donald Trump al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador– es posible que el delito electoral que Peña Nieto encubrió pueda robustecerse con nuevos testimonios y, quizá, la carpeta termine consignada ante un Juez. Pero todo esto no es más que una buena intención en pro de la justicia porque, siendo realistas, también se espera que tanto César Duarte como Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que recibió sobornos de la empresa Odebrecht, sean llevados a México para ser puestos en libertad aprovechando la buena racha que viven los criminales, quienes tan pronto pisan la cárcel son liberados por el Poder Judicial.
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que Lozoya hablará sobre la corrupción en Pemex. El exabogado de Lozoya, Javier Coello, había insistido en que fuera citado a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, los jefes superiores que tuvo Lozoya, quienes le dieron las indicaciones de cómo actuar en los casos que ahora pesan en su contra. Sin embargo, existen muchas dudas de que Lozoya incrimine al expresidente y al exsecretario de Hacienda.
Además, Videgaray está muy bien protegido por el Canciller Marcelo Ebrard, a quien asesora en algunos casos de política exterior, en tanto que Peña Nieto ha sido intocable durante el Gobierno de López Obrador, que no es otra cosa más que una continuidad renovada del pasado.
El Gobierno de la Cuarta Transformación tiene en sus manos un cúmulo de casos no sólo delicados, sino escabrosos. Además de las extradiciones de Lozoya y César Duarte también se suman el de Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por servir a los intereses del cártel de Sinaloa– y la historia “Rápido y Furioso”, el operativo encubierto que realizaron agencias norteamericanas para introducir armas de alto poder a México que terminaron en manos de los cárteles de la droga. En este caso, se afirma, participó el entonces Presidente Felipe Calderón, quien conoció los pormenores de esta operación, aunque él mismo lo ha negado.
El Gobierno de Estados Unidos ya respondió la nota diplomática que envió la Cancillería mexicana, mediante la que solicitó información sobre este caso. De existir elementos incriminatorios contra Felipe Calderón podrían iniciarse investigaciones en su contra que, en los próximos meses, podrían impactar en el tema electoral del año 2021, donde Calderón se apresta a competir con su partido “México Libre”.
Para desinflar a la oposición, sin embargo, falta que el Gobierno de la Cuarta Transformación responda con resultados. Hasta ahora los golpes al crimen organizado y a la corrupción no están consumados. Faltan las sentencias en firme en los casos de Rosario Robles –acusada de participar en la Estafa Maestra–, Juan Collado, el abogado de Carlos Salinas y Enrique Peña, preso por presunto lavado de dinero, y en el aseguramiento de cuentas a empresas ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Sí, existe mucho ruido en todos estos temas que develan la intención del Gobierno de ir a fondo, pero faltan los triunfos legales, es decir, las sentencias en firme, las cuales están todavía lejos de emitirse.
El beneficio de la duda se le otorga a la Cuarta Transformación, aunque siempre cabe la posibilidad, como ha ocurrido con miembros del cártel de Tepito y las huestes criminales de “El Marro” –todos han sido liberados por los jueces– que todos estos casos trascendentes que significan mucho en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, terminen en una indigna irrisión.