Adela Navarro Bello
El caso más emblemático de corrupción en tiempos de pandemia en México lo realizó León Manuel Bartlett Alvarez, quien es el hijo del Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, un personaje de la política mexicana, de oscuro pasado priísta, pero brillante futuro morenista.
Por lo menos en una transacción irregular del hijo de Bartlett, hubo sanción. Era muy evidente el timo para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal lo dejara pasar, como hace meses exoneró de investigación al padre de León Manuel, justificando que las 25 propiedades y las 12 empresas a su nombre y el de sus hijos y novia habían sido adquiridas previo a su incursión en el Gobierno que utiliza el mote de la Cuarta Transformación, pero que en este caso no transforma nada.
La empresa de León Manuel Bartlett –una de las empresas– Cyber Robotics Solutions vendió en medio de la pandemia por la COVID-19 decretada en el mundo, 20 ventiladores o respiradores artificiales al Instituto Mexicano del Seguro Social del estado de Hidalgo, y lo hizo con sobre precio, con información falsa además, entre otras irregularidades. Hasta la fecha, los del hijo de Bartlett son los ventiladores más caros, por esos 20 aparatos para salvar vidas en la contingencia sanitaria el Seguro Social pagó 31 millones de pesos. Si hacemos la sencilla operación aritmética cada respirador tuvo un costo de 1 millón 550 mil pesos (el costo, de acuerdo a un médico consultado, de un ventilador eficiente y moderno llega a los 320 mil pesos por unidad, y de uno de alta tecnología en unos 620 mil pesos).
El Seguro Social de Hidalgo le adjudicó de manera directa la compra al hijo del director de la CFE argumentando que se trataba de una emergencia –salvar vidas– en una contingencia –la pandemia por la COVID-19–, y no había tiempo qué perder. Aunque recurrieron a una empresa que no se dedica a la producción de ventiladores, ni tiene experiencia en los insumos hospitalarios, pero vaya, es del hijo de Manuel Barttlet.
Los ventiladores, aparte de caros, salieron defectuosos. Y cuando se hizo pública, a través de la prensa, la dudosa transacción del heredero de Manuel Bartlett ya poco pudieron hacer las autoridades federales para ocultar el caso, o cuadrarlo en sus compras infladas.
En la Secretaría de la Función Pública, donde por cierto no investigaron el conflicto de intereses que significa que una oficina de Gobierno, aunque sea paraestatal, le compre a una empresa sin experiencia, sin cartas de recomendación, y de propiedad del hijo de un funcionario federal, no tuvieron de otra que investigar y al final determinar que “el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado”, además, “la empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados”, y otra chulada: “Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles…”.
No les quedó de otra que sancionar. Dos multas que juntas ascienden a 2 millones de pesos, e inhabilitaciones por 24 y 27 meses para hacer negocios con el Gobierno.
¿Cuántos leones Bartlett andan haciendo negocio por los estados de la República aprovechándose de la contingencia de salud y de sus contactos en los gobiernos locales? Seguramente investigaciones periodísticas se están realizando en estos momentos para determinarlo, y en un caso remoto, seguramente la Secretaría de la Función Pública no paró en el caso de Hidalgo y Bartlett y está ampliando la indagación. O quizá no.
Lo que es una realidad es que en muchas de las entidades federativas la pandemia ha sido de opacidad. Los gobernadores por su lado y los encargados de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social sólo rinden cuentas internamente, ni las hacen públicas, ni las reportan a los institutos de Transparencia y Acceso a la Información cuando son solicitadas, porque… en muchos de los casos, no pueden ser solicitadas. Tampoco si lo que se requiere de información no tiene que ver con las acciones para mitigar los contagios, sino del actuar cotidiano de un Gobierno.
Un análisis del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) da cuenta que de las 32 entidades federativas, sólo en Chihuahua no suspendieron trabajos, sí labores presenciales, pero los trámites y procedimientos, solicitudes de información, requerimientos a los sujetos obligados, y las acciones de supervisión y monitoreo sobre la información pública accesible al ciudadano, continúan.
En el resto de los estados, los Institutos de Transparencia locales suspendieron –en mayor o menor grado– actividades durante la jornada nacional de sana distancia, la cuarentena y aun ahora. En Baja California, por ejemplo, los tres consejeros del Instituto de Transparencia del Estado suspendieron labores el 23 de marzo, y hace poco ampliaron el plazo de suspensión hasta el 24 de julio. Los consejeros aparte de no presentarse en las oficinas no trabajan por la vía remota, ni para atender las solicitudes de información, ni para requerir la información al Gobierno y otros poderes y entidades obligados a hacer pública la información.
Hace unos días, revelamos en el Semanario Zeta que el Gobierno de Jaime Bonilla ha recibido cerca o poco más de 940 millones de pesos para hacer frente a la contingencia sanitaria, pero se desconoce en qué lo ha invertido, cómo y dónde. Y no hay quién le pida explicaciones o cuentas porque en el Congreso del Estado la mayoría de Morena suele aplastar cualquier ánimo de fiscalización sobre este Gobierno de dos años.
En otros estados de la República también se han limitado los trabajos de acceso a la información, aunque en algunos sí hay trámites de solicitudes y requerimientos a los sujetos obligados, en la gran mayoría hubo suspensión de actividades, y en ciertos casos ya se han reactivado luego que acordaron prórrogas –al igual que la Jornada de Sana Distancia– para continuar con suspensión de actividades. Solicitudes de información realizadas a otras entidades desde Baja California, por un reportero de Zeta, fueron respondidas de manera adecuada.
Catorce estados: Campeche, Chiapas, Colima, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz suspendieron trámites de transparencia desde marzo y hasta junio. Cinco estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Morelos y Zacatecas cerraron hasta mayo. Mientras en seis estados ampliaron la suspensión de labores en transparencia hasta el mes de julio, entre ellos Baja California, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa. Y cuatro estados: Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala ampliaron la suspensión hasta el mes de agosto.
En Oaxaca, por ejemplo, ampliaron la suspensión al 3 de agosto e implica “la suspensión de los plazos legales para los procedimientos de tramitación de solicitudes de acceso a la información y/o protección de datos personales, publicación y actualización de las obligaciones de transparencia que no estén relacionadas con la información de la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2 (sic), sismo registrado el 23 de junio del 2020 y por los programas sociales derivados de la emergencia sanitaria actual”.
Y así en los estados fueron adecuando y acordando los criterios para limitar el acceso a la información, en un momento de emergencia en que los gobiernos de los estados están gastando recurso público a discreción en aras de la salud y la seguridad social de los ciudadanos.
Ahora sí que urgen nuevos acuerdos para abrir de lleno la transparencia y el acceso a la información pública, especialmente cuando los gobiernos cuentan con mayoría en las cámaras locales y no hay fiscalización adecuada de los recursos ejercidos, se ejercen Gobierno feudales, y los leones Bartlett de este país acechan. Urge.