Es natural. Un proyecto de transformación pacífica, incluso una revolución violenta, porta un pesado bagaje de contradicciones a su interior; la llamada Cuarta Transformación no sólo no está exenta de ellas, sino que se magnifican por razón de la fórmula diseñada para el triunfo electoral, en la que hubo la necesidad de incorporar a un amplio abanico de fuerzas y corrientes, particularmente las de la derecha, para neutralizar el peso del anti AMLO que había impedido el acceso en dos elecciones anteriores; el apoyo popular no había sido suficiente.
Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, es la expresión de la derecha en dicha fórmula. Tanto en la campaña electoral como en ejercicio de gobierno, Romo le ha sido funcional al Presidente como puente de doble vía con el sector empresarial organizado, tarea nada fácil de cumplir; tiene que tragar muchos sapos de ambos lados del puente, en los que lo determinante es la decisión del Presidente. La primera y contundente prueba fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco –tremendo madrazo al empresariado– en el que Romo logró mitigar la reacción empresarial.
En el reparto del gabinete presidencial, le tocó a Romo recomendar al titular de Agricultura y Desarrollo Rural y a la de Economía. La tendencia en ambos ramos había sido consignada en el documento Proyecto 18, coordinado por Romo, de efímera presencia en el discurso del entonces candidato; no lo hizo suyo y lo dejó diluir. Ahora toma vigencia en torno a la contradicción entre las secretarías de Agricultura y la del Medio Ambiente, relativa al empleo del glifosato como herbicida indispensable en el agronegocio, pero dañino y sustituible en la agricultura campesina; más que una disputa en función de un producto químico de grave impacto ecológico, de lo que se trata es de la confrontación de dos muy distintas maneras de concebir al campo. Para la tecnocracia neoliberal, el campo es sólo un medio de producción sujeto a las reglas del mercado, para la que el campesino únicamente es mano de obra redundante y que es preciso eliminar (descampesinizar) en aras de una explotación de grandes superficies con alto grado de aplicación tecnológica. En el otro extremo se encuentran quienes sostienen que la tierra es un bien social de múltiple propósito: la producción de alimentos culturalmente válidos; el bienestar de los productores y la correcta relación con la naturaleza.
En lo personal, milito en las filas de la segunda opción y no me cabe duda de que corresponde al pensamiento y la experiencia de López Obrador. Desde luego es una postura ideológica fincada en la historia y en la lógica de la producción y la ecología. La historia parte desde el despojo de la tierra por el conquistador español en contra de la población originaria; el invasor se apropió de la tierra y de sus pobladores en encomienda para ser cristianizados y explotados. Pasaron la Independencia, la Reforma y la Revolución, siempre sostenidas por los ejércitos campesinos movidos por el afán reivindicatorio de su propiedad ancestral, pero se quedaron en simple carne de cañón. De los regímenes revolucionarios, solamente el del Gral. Lázaro Cárdenas asumió el compromiso con los campesinos e impulsó una vigorosa reforma agraria que les entregó la tierra; todo lo demás cayó en la burda simulación, con algunas excepciones, hasta terminar en el nefasto agronegocio neoporfirista.
La lógica de la producción de pequeña escala está basada en el concepto de la milpa, que combina los cultivos de maíz y frijol acompañados por otras plantas constitutivas de una buena dotación nutricional. También sirven de muestra los exitosos sistemas agrícolas europeos y asiáticos, caracterizados por los cultivos múltiples con alto grado de integración ecológica. Sobre esto se ha escrito mucho y constituye toda una corriente científica. La Economía Campesina es parte sustantiva de un concepto de desarrollo fincado en la creación de la riqueza desde la base de la pirámide social, la Economía Moral postulada por el Presidente de la República.
El Presidente López Obrador enfrenta un trabuco de difícil procesamiento. Optar por un entente entre las dos opciones es factible en lo agrícola, pero no en lo ecológico, porque atenta contra la salud y la vida. No debe ser aceptada la renuncia de Víctor Toledo, secretario del Medio Ambiente. Tendrá que entrar en juego la taumaturgia de AMLO. Veremos.
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Por Gerardo Fernández Casanova