Por Alejandro Calvillo
El Presidente del país ha anunciado que no promoverá el aumento de impuestos como se comprometió en su campaña. Lo anterior no significa que esta opción fue cancelada ya que el Poder Legislativo pudiera hacerlo considerando las condiciones excepcionales que enfrentamos en las que es necesario y vital que el estado cuente con recursos suficientes para salir adelante.
Alrededor del mundo, gobiernos de muy diversas posturas políticas están planteando reformas fiscales para enfrentar la profunda crisis económica que está causando la pandemia. Pero también la pandemia ha desnudado, de manera brutal, las profundas desigualdades sociales, desde las económicas hasta las sanitarias, que se ve urgente enfrentar con estas reformas fiscales.
Se plantea la necesidad de aumentar los impuestos a quienes concentran la riqueza, incluso, un grupo importante de multimillonarios han apoyado esta propuesta, para lograr una mayor distribución de los recursos fortaleciendo la inversión en salud, educación, vivienda. Paralelamente, se ha visto la necesidad urgente de abolir los mecanismos de evasión de impuestos de las grandes corporaciones y las rendijas legales para hacerlo.
Al mismo tiempo, en materia de salud se plantea la urgencia de ya no seguir financiando a las grandes corporaciones que se benefician de la venta masiva de productos que dañan la salud y que pasan estas externalidades al Estado. Con las finanzas públicas se cubren gran parte de los daños generados por el consumo de tabaco, de alcohol y de comida chatarra que son hoy en día las principales causas de enfermedad y muerte en el país. Es el Estado el que tiene que responder a las epidemias que causan esos consumos, y cuando sus capacidades están rebasadas, como es el caso de México y muchos otros países, las familias más pobres llegan a cubrir parte de estos costos, costos que las pauperizan aún más. Esto último es un fenómeno masivo en México con la epidemia de diabetes, mientras las corporaciones de bebidas azucaradas y comida chatarra obtienen una de sus mayores ganancias en nuestro país.
Los impuestos a estos productos, llamados “determinantes comerciales de la salud”, se dirigen a cubrir parte de las externalidades que generan y a reducir su consumo. Esto ha sido ampliamente probado desde hace años con las medidas fiscales al tabaco y al alcohol mostrando un éxito en los dos sentidos: dando recursos al Estado y reduciendo el consumo, de manera especial en los sectores más vulnerables. Cuando los gobiernos han transparentado el destino de esos recursos a la salud o al financiamiento de programas a poblaciones vulnerables han mostrado no sólo un beneficio doble, también han generado un fuerte apoyo ciudadano a estas medidas fiscales.
El caso del impuesto a las bebidas azucaradas se ha convertido en otro ejemplo del éxito de estas medidas fiscales en el doble sentido de bajar el consumo y dar recursos a los gobiernos para políticas de salud o de apoyo a comunidades vulnerables. México fue el primer país en establecer un impuesto a estas bebidas en un grado que pudiera tener efectos en reducir su consumo. La experiencia de México sirvió de motivación para que diversas naciones y ciudades impulsaran esta medida y lo hicieran de manera mucho más efectiva. En México, desgraciadamente, el Gobierno de Peña Nieto estableció el impuesto a la mitad del mínimo propuesto, mientras la OMS recomendaba que fuera al menos de 20 por ciento se estableció en solamente 10 por ciento. Además, ni el Gobierno ni el Legislativo etiquetaron los recursos obtenidos por este impuesto para la prevención y atención de la salud o a programas dirigidos a sectores vulnerables.
El impuesto a bebidas azucaradas se ha extendido al Reino Unido, Portugal, Noruega, India, Bélgica, Hungria, Irlanda, Estonia y Filipinas, entre otras naciones, mientras en Estados Unidos se ha establecido en las ciudades de Albany, Berkeley, Boulder, Chicago (Condado Cook), Filadelfia, Oakland, San Francisco y Seattle. Después de México, en varios de estos países y ciudades se estableció el impuesto por 20 por ciento o más, como es recomendado, y se ha etiquetado el recurso para salud o programas sociales.
En el caso de México se estima que el alto consumo de bebidas azucaradas es una de las causas principales de las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares que son ya la principal causa de muerte. El consumo promedio es de más de 400 mililitros, es decir, más de una lata (355 ml) al día. Se trata de un promedio, por lo cual la mayor parte de la población consume más de medio litro, es decir, un promedio de 10 cucharadas cafeteras de azúcar diariamente en forma líquida y de un golpe, lo que representa un impacto metabólico muy importante. Se estima en 40 mil las muertes anuales en México asociadas al consumo de bebidas azucaradas, donde se presenta uno de los mayores consumos en el mundo.
En el caso de México los estudios del primer, segundo y tercer año del impuesto muestran reducciones de 6 por ciento, 9 por ciento, y en el tercer año es diferenciado al haberse realizado entre trabajadores de la salud, mostrando mayores reducciones en consumo entre los consumidores con mayor ingesta de estas bebidas (www.impuestosaludable.org).
Los resultados son mayores cuando los impuestos se establecieron en el 20 por ciento o más. En el caso del Reino Unido se registró una disminución de 31 por ciento en las compras con un impuesto diferenciado que es mayor a los productos que contienen más cantidad de azúcar (PLOS ONE, 2018). En el caso de Portugal se registró una reducción de alrededor de 50 por ciento en bebidas con alto contenido de azúcar (Ada Med Port; 2018). En el caso de Filadelfia donde el impuesto fue de alrededor de 30 por ciento se registró una reducción del 38 por ciento en las ventas de bebidas azucaradas y con edulcorantes no calóricos, ya que se estableció para ambas bebidas (JAMA, 2019).
Las bebidas azucaradas aumentan los riesgos de sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares a partir de impactos en el organismo que inician con procesos inflamatorios, con alteraciones metabólicas. Estos procesos de inicio provocan alteraciones que debilitan el sistema inmunológico, provocando que el organismo se vuelva más vulnerable a infecciones por virus y bacterias. Esto ha sido comprobado en múltiples estudios en la actual pandemia.
Las administraciones anteriores, los exsecretarios de salud que ahora demandan acciones específicas para atacar la pandemia, tienen una fuerte responsabilidad en no haber actuado frente a las epidemias de obesidad y diabetes y en el desmantelamiento del sistema de salud pública. Mantuvieron fuertes relaciones con la industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, no actuaron para bajar el consumo de sus productos, e, incluso, promovieron acciones diseñadas por esas industrias para simular que estaba haciendo algo. Los tenían sentados como asesores en la propia Secretaría de Salud, excluyendo a institutos nacionales de salud. Hace un par de días se dio a conocer que el organismo que la Secretaría de Salud les creó, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, desvió millones de pesos, en lo que un medio califico como otra “Estafa Maestra”.
Una esperanza surge con el Poder Legislativo que ha dado un paso importante al aprobar el etiquetado de advertencia, obteniendo el respaldo del Ejecutivo federal, pero quedan por aplicar políticas rezagadas desde hace muchos años y una de ellas es ajustar las medidas fiscales frente a los determinantes comerciales de la salud, no es una cuestión de elección, es una cuestión de justicia. No debemos cargar con los daños que provoca el consumo de estos productos (comida chatarra, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol), nuestros impuestos no deben dirigirse a subsidiar las externalidades de estas megacorporaciones, ni las familias deben cargar con sus consecuencias.
Las epidemias de obesidad y diabetes que vivimos y en las que encontró un buen caldo de cultivo la pandemia de la COVID-19 no pasarán con una vacuna, costará mucho más erradicarlas y sus daños son mucho mayores, ocurren año con año, mes con mes, día con día. Sin embargo, a diferencia del virus, estas epidemias tienen detrás un poder económico y de cabildeo que bloquea con muy diversas estrategias las políticas para enfrentarlas. Y empresas como Coca-Cola lo saben muy bien, los documentos internos lo han revelado, las medidas fiscales son las más efectivas para reducir el consumo de sus bebidas.
(Sin Embargo.mx)