Por Jaime Valls Esponda
El 14 de septiembre pasado se llevó a cabo de manera virtual la primera sesión del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de Ley General de Educación Superior, convocado por las Comisiones de Educación de las Cámaras de Senadores y de Diputados en la que participaron 51 ponentes, entre legisladores tanto a nivel federal como local, titulares de instituciones de educación superior, investigadores, académicos y estudiantes, entre los que destacaron los presidentes de las Comisiones de Educación de dichas cámaras, el Senador Rubén Rocha y la Diputada Adela Piña, respectivamente, las senadoras Beatriz Paredes, Minerva Hernández y Antares Vázquez, así como el Senador Daniel Gutiérrez y el Diputado Juan Carlos Romero.
Esta iniciativa de Ley es coincidente con la propuesta que la ANUIES ha impulsado desde hace varios años, contemplando la concertación de un marco normativo moderno y un renovado diseño organizacional para la integración de un sistema nacional de educación superior que permita una mejor gobernanza y facilite la suma de capacidades científicas, técnicas y humanísticas para fortalecer a la educación superior y ampliar su contribución a la construcción del país que todos anhelamos.
El marco normativo vigente, que data de 1978, muestra signos claros de rezago y obsolescencia, ya que la mayoría de sus disposiciones fueron paulatinamente abandonadas y sustituidas por prácticas, programas o acuerdos. En este sentido, esta iniciativa nos permitirá avanzar hacia un verdadero sistema de educación superior, una mejor coordinación entre los distintos subsistemas que lo integran y la adopción de un esquema de financiamiento con visión de Estado.
Reconozco a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, quienes en todo momento mostraron su disposición para trabajar de manera colaborativa y respetuosa para atender las observaciones y sugerencias de los especialistas en educación superior. Como resultado final se logró el consenso necesario para que la iniciativa atienda el mandato establecido en la reforma al artículo 3o. constitucional de contar en el año 2020 con una Ley General de Educación Superior que garantice el derecho al acceso a este tipo educativo con calidad y pertinencia, responda a las necesidades del sector, que respete la autonomía universitaria y que dé la posibilidad de fortalecer los procesos de evaluación.
El parlamento abierto representa una oportunidad más para buscar mejoras en este instrumento normativo, así como sentar las bases jurídicas para dar cumplimiento a los principios de obligatoriedad y gratuidad establecidos en la Ley General de Educación aprobada en el 2019.
Twitter: @jaimevalls