El debate sobre la existencia de los órganos Constitucionales Autónomos apenas inicia, después de que se anunciaron una o varias iniciativas que lleven a su reintegración a la Administración Pública Federal, esto es, a ser parte nuevamente, del Poder Ejecutivo.
De entrada, hay que aclarar que el común denominador de los 9 órganos autónomos es que todos fueron creados a través de una reforma constitucional y que todos están ubicados fuera de los tres Poderes tradicionales. Su función es hacerles un contrapeso o garantizar, con autonomía técnica, el ejercicio de un derecho.
El artículo 28 constitucional da sustento a cuatro órganos autónomos: el Banco de México, el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica INEGI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFETEL y la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE. El artículo 102 es el fundamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH y de la Fiscalía General de la República.
El artículo 41 sustenta al Instituto Nacional Electoral INE, el 6º al Instituto Nacional de Acceso a la Información INAI y el 26 al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. Detrás del nacimiento de cada órgano autónomo hay una historia. Se puede identificar la fuente real, esto es las razones económicas, políticas o sociales que llevaron a la reforma constitucional que los creó.
La autonomía del Banco de México, que fue parte de la Secretaría de Hacienda, tuvo que ver con que no quedara como decisión de un solo hombre, la regulación de la emisión y circulación de la moneda, los servicios financieros y los sistemas de pagos. El diseño del INE está relacionado con la caída del sistema del 88 y que las elecciones se controlaban desde la Secretaría de Gobernación. La CNDH nació como órgano de esta dependencia. Se necesitaba una reacción inmediata frente a violaciones a los derechos humanos. Su función de contrapeso, en los últimos tres lustros, deriva de las acciones de inconstitucionalidad que presenta, además de las quejas que recibe.
El INAI, antes IFAI, nunca ha dependido de alguno de los tres poderes y vela por la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales.
El INEGI ha dependido de diversas Secretarías. Procesa datos en materia de empleo, cuestiones económicas, gestión territorial, etcétera. El CONEVAL mide, desde fuera del Poder Ejecutivo, las políticas públicas. El IFETEL y la COFECE surgieron para combatir los monopolios y regular a agentes económicos poderosos.
La Fiscalía quedó fuera del Ejecutivo para tener autonomía en decisiones relacionadas con el ejercicio de la acción penal. En la Administración Pública hay otros organismos descentralizados y órganos desconcentrados que dependen del Ejecutivo, no tienen, en absoluto, las características de los nueve autónomos.
Para centrar la discusión sobre estos últimos, hay que tener claro cuántos y cuáles son, para qué sirven y cómo están funcionando porque que sean autónomos no significa que queden fuera del escrutinio público, de la transparencia y la rendición de cuentas. Se puede ver, con todo detalle, cómo están ejerciendo el gasto y si son susceptibles de alguna reestructura que fortalezca su autonomía y función de contrapeso. No hay que olvidar que ellos son producto del agotamiento del modelo de partido hegemónico que dejamos atrás.
Por Leticia Bonifaz