Víctimas de DDHH temen que, con Cienfuegos exonerado, queden impunes violaciones del Ejército
La exoneración de cargos por presuntos nexos con el crimen organizado en contra del General Salvador Cienfuegos indignó a padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, activistas y víctimas de graves violaciones de derechos humanos, quienes temen que suceda lo mismo con sus casos y persista la impunidad.
“Estamos indignados y muy enojados. No es posible que se deje en la impunidad a un exgeneral responsable de tanta muerte en el país y ojalá en la actual administración (de Gobierno federal) los militares involucrados en el caso Ayotzinapa sean investigados, aun cuando sean de menor rango queremos justicia. ¡Ya basta de tanta impunidad!”, dijo en entrevista Omar García Velázquez, sobreviviente del caso Iguala, en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos.
El jueves pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, por falta de pruebas sólidas, rechazó ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por lo que quedó exonerado. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que pertenece la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) aseguró que “se reserva el derecho de reanudar el enjuiciamiento de Cienfuegos, si el Gobierno de México falla”, según confirmó a Vice News Nicole Navas Oxman, titular de la vocería del Departamento de Estado.
Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los 43, destacó que la liberación de cargos en contra de Cienfuegos Zepeda es una mala señal y un claro mensaje de que el Gobierno federal –en aras de mantener la honorabilidad de la institución militar– alude hurgar y hacer investigaciones exhaustivas que pongan en entredicho la actuación de las fuerzas armadas.
“Para nosotros es un espaldarazo que el Gobierno federal da al Ejército mexicano y a militares involucrados en delitos y violaciones graves a derechos humanos […] Me parece que esta resolución es más por una tendencia de respaldar y encubrir a personas vinculadas con la delincuencia organizada y eso deja una mala señal”, expuso Rosales, representante de los padres de los 43.
La FGR tenía jurídicamente otra opción: mantener en reserva el expediente y seguir investigando mientras conseguían más pruebas, pero decidieron exonerarlo, agregó el abogado. La decisión de la Fiscalía aviva la preocupación e inquietud entre las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, pues temen que lo mismo ocurra con sus casos, dijo.
“Con procedimientos como el seguido al General Cienfuegos se nos genera una alerta. Nos preocupa que esa posición política se vaya adoptar en el caso Ayotzinapa, donde no se profundice en la investigación a las fuerzas armadas; es decir, que se mantenga una indagatoria superficial, que el Ejército oculte información”, expresó Rosales.
Mario César González, padre de uno de los normalistas, coincidió con el activista y abogado. “Nada más que la exoneración no se vaya a combinar con lo nuestro. Que no vaya a pasar que, tras la exoneración de este tipo, también lo hagan con los demás, sino que lleguen a la verdad y lo que pasó realmente la noche del 26 de septiembre y que ahí lleguen a la verdad y el castigo”, dijo el padre del estudiante y aspirante a profesor Manuel González Hernández.
Las madres y padres de los 43 normalistas han demandado por años que se abra una investigación a los mandos militares involucrados en la desaparición forzada de los normalistas, ya que desde un principio denunciaron que el 27 Batallón de Infantería participó en la desaparición de los jóvenes.
“Que se cumpla lo que prometió el señor Presidente en la última reunión hace unos días, de que ya van a declarar los soldados con el Grupo Interdisciplinario. Eso es lo que a nosotros nos interesa mucho más. Tenemos que meterle más presión, porque hay declaraciones de varios integrantes de Guerreros Unidos que apuntan que el Ejército, el Batallón 27, tenía el control total de Iguala en las zonas críticas donde atacaron a los muchachos”, apuntó Mario César González.
El señalamiento en contra de Cienfuegos Zepeda recae en su posición de alto mando al momento de los hechos, pero sobre todo porque protegió y solapó a los elementos castrenses que participaron esa noche y obstaculizó la investigación.
“Recordemos que en su momento él [Salvador Cienfuegos Zepeda] fue el primero que puso una barrera entre las declaraciones de los soldados y el grupo de expertos. Él se negó a que los militares declararan ante el GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes]”, expresó Mario César González.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes en la conferencia matutina que la investigación del caso Ayotzinapa sigue abierta.
“Estamos trabajando en esa investigación de manera coordinada, el Poder Judicial, la Fiscalía y nosotros, el Poder Ejecutivo. Y hay el compromiso con las madres, con los padres de Ayotzinapa de conocer la verdad, lo que realmente sucedió y dar con los jóvenes, encontrar a los jóvenes, y castigar a los responsables, y la investigación está abierta. Hay 80 detenidos y hay órdenes de aprehensión que esperemos nos lleven pronto a romper el llamado pacto del silencio”, respondió el mandatario ante la pregunta expresa de si están investigando al General Cienfuegos por el caso de Ayotzinapa.
El mensaje de las víctimas es claro: verdad y justicia.
“El Gobierno federal debe de mantener la posición ya comprometida: de que se va a investigar de manera exhaustiva al Ejército mexicano y si resulta una responsabilidad pues que tengan que afrontarla ante la justicia”, reiteró Rosales.
OTROS CRÍMENES
Pero no sólo los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa claman porque el General Cienfuegos sea investigado.
Lucía Chávez Vargas, directora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización civil que desde sexenios anteriores ha documentado y denunciado graves violaciones a los derechos humanos, expuso que el General Cienfuegos debe ser indagado por crímenes graves que tienen que ver con tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
“Nosotros desde hace varios años hemos proporcionado información a instancias internacionales y al Gobierno mexicano sobre delitos que se cometieron durante el mandato de Cienfuegos al frente de regiones militares y también cuando era secretario de la Defensa Nacional. La verdad es que hay bastantes evidencias para vincular a Cienfuegos y a otros militares que han ordenado, tolerado y ocultado estos crímenes”, dijo la defensora a SinEmbargo.
Casos como Calera y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos, se ha documentado la participación del Ejército, en ese entonces a cargo del General Salvador Cienfuegos Zepeda
Al menos 12 mil 338 quejas se han presentado en contra del Ejército ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre los años 2000 a 2018, de las cuales, 3 mil 311 se registraron durante el periodo en que el General Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo a cargo de la Sedena.
Pero los señalamientos no se reducen sólo a su periodo al frente del Ejército. La CMDPDH identificó que en al menos siete casos graves de violaciones de derechos humanos –que derivaron en recomendaciones de la CNDH en contra de la Sedena– ocurrieron cuando el General estaba al mando de la I y la VII región militar, respectivamente.
La CMDPDH también apunta alguna posible responsabilidad del General Salvador Cienfuegos en los agravios que cometió la milicia durante el Operativo Conjunto Chihuahua, durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Si bien el General Cienfuegos no estaba a cargo del Operativo Conjunto Chihuahua, sí estaba a cargo de las unidades que actuaron en el operativo, es decir, aunque él no era el jefe del Operativo Conjunto, la responsabilidad de mando no se diluye, entonces él sigue siendo responsable de las acciones de esas unidades que también a él le debían reportar”, explicó Chávez.
Especialistas en el tema de seguridad ya habían alertado, desde su liberación en México, que era muy probable que el General Cienfuegos no fuera procesad ya que, por un lado, las autoridades mexicanas no habían detenido al exsecretario porque no tenían una investigación robusta en su contra; y por otra parte, no era seguro que las pruebas que aportaron las autoridades estadounidenses sean suficientes para hacerlo, según consideró Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos.
“¿Las autoridades mexicanas de qué lo van a culpar? ¿Qué tipo de investigación se hizo ya? ¿Qué tipo de delitos cometió? En realidad, no creo que se le vaya juzgar porque este no es un caso que haya estado investigando México”, indicó la también investigadora afiliada al Woodrow Wilson Center (Washington) y al Instituto Baker de la Universidad de Rice (Texas).
De acuerdo con Correa-Cabrera, la diferencia con el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna es que previo a su detención en Estados Unidos, ya había sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, además de que fue un caso en el que la secrecía y la falta de cooperación internacional no fueron un problema.
Asimismo, Correa-Cabrera dijo en su momento que la decisión del Gobierno estadounidense de ceder el caso levanta dudas en cuanto a la calidad de las pruebas contra Cienfuegos, además de que supone un posible acuerdo entre los presidentes de México y de Estados Unidos.
“Es una cuestión de política exterior que involucra a las figuras políticas más importantes de los dos países. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasa con los fiscales que investigaron? ¿No había un caso contundente? ¿Pudo haber sido que los dos presidentes acordaron esto? Porque le convenía principalmente al Presidente de México, pues el caso de Cienfuegos pone su estrategia de seguridad en jaque”, abundó la investigadora, quien también cuestionó la seriedad de las autoridades del vecino país.
Por: Sugeyry Romina Gándara