El fraterno abrazo que se dieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018 y que marcó el fin de una ordenada transición presidencial no se extendió durante todo el mandato 2018-2024.
Uno de los actos más importantes del Presidente López Obrador del año 2020 fue que concretó una propuesta de campaña: enjuiciar a expresidentes, obvio, Peña Nieto incluido.
En el documento con el que se inició la discusión –que concluyó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, el actual Presidente describe las razones por las que Peña Nieto debería enfrentar la justicia:
“La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección, como en ese tiempo, desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares”.
Para López Obrador, esos hechos “más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad”, generaron indignación que desembocó en exigencia de justicia.
En el caso de Peña Nieto, por ser su administración la más reciente, hay casos de presunta corrupción que se develaron a la par del debate de si era necesaria o no una consulta popular para enjuiciar a expresidentes. En SinEmbargo se publicaron textos de analistas políticos que coincidieron en que, si había voluntad para que Peña enfrentara la justicia, los actos de los que ya se le acusan eran suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera iniciar investigaciones.
Justo cuando se declaró la procedencia de juzgar hechos del pasado, Emilio Lozoya Austin declaraba sobre la campaña presidencial de Peña y los negocios hechos en Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando fue el director. Luego se difundió un video en el que presuntamente se pagan sobornos a congresistas para la aprobación de la Reforma Energética.
No solo eso: se dio la detención del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos, por acusaciones de narcotráfico.
Y, además, en el caso de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sus abogados informaron que sería testigo colaborador, lo que podría significar que acusaría a su jefe directo, es decir, Enrique Peña Nieto.
A pesar de todos estos hechos, que ocurrieron en la última mitad de 2020, el futuro del expresidente, hoy autoexiliado en España, al parecer se decidirá en las urnas.
LOS FRENTES ABIERTOS DE PEÑA
En la primera semana de noviembre, el Enrique Peña Nieto fue acorralado por exfuncionarios de su Gobierno por el caso de la Estafa Maestra y Odebrecht. Incluso recibió un consejo del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo: correr a Timbuctú, puesto que el presunto pacto de impunidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar en riesgo.
-Javier Duarte de Ochoa
Justo en ese momento, desde el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuiteó que en 2012 recibió una llamada telefónica desde Sao Paulo, Brasil, de la casa de Marcelo Odebrecht, ahora detenido por sobornos millonarios a diversos países, entre ellos México. Era el Presidente electo Enrique Peña Nieto.
“Me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el Gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas, por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”, escribió en su cuenta de Twitter el expriista señalado de lavado de dinero y asociación delictuosa.
“Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno. Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobre todo que se sepa la verdad”, agregó arrobando a la Fiscalía General. A cambio de declararse culpable para ahorrar tiempo y costos, ya había acordado con la entonces Procuraduría que se le reduciría su pena a nueve años y a una multa de 57 mil pesos. Pero con la prisión preventiva es probable que salga el próximo año o en año y medio.
El Proyecto Etileno XXI en Veracruz, consorcio conformado por Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa, ha sido un negocio desventajoso para Pemex, ya que generó pérdidas y gastos innecesarios por al menos 7 mil 124 millones de pesos entre 2015 y 2018, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas, de acuerdo con información oficial analizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
-Emilio Lozoya Austin
Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció al expresidente Peña Nieto por pedir 6 millones de dólares para su campaña y otro tanto para opositores como Ricardo Anaya, excandidato presidencial.
El 29 de julio, después de más de 12 horas de audiencia, Emilio Lozoya Austin, fue vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en su calidad de autor material y naturaleza dolosa.
Al igual que en el juicio que se inició en su contra el martes, la FGR no pidió como medida cautelar prisión preventiva para el funcionario. Juan Carlos Ramírez Benítez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, decretó su libertad condicional con medidas cautelares como entregar su pasaporte, llevar un brazalete electrónico y presentarse ante las autoridades cada 15 días. No podrá salir de la Ciudad de México y su zona metropolitana.
El inicio del proceso penal tiene lugar casi cuatro años después de que Odebrecht confesara ante las autoridades estadounidenses que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a miembros de Pemex entre 2010 y 2014.
Según la Fiscalía, los sobornos a Lozoya no solo fueron para obtener contratos, sino que el imputado llegó a ofrecer al director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, un cargo en el Gobierno si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaba las elecciones de 2012.
El miércoles 19 de agosto se filtró a los medios la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la FGR en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.
En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.
“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó.
El documento es la denuncia formal que presentó Lozoya, extraditado el 17 de julio de España a México, donde afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10.5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex (2012-2016).
-Rosario Robles Berlanga
En 2019, horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso a Rosario Robles Berlanga, se le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto ella como la defensa dijeron que no y a Rosario se le acusó de uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido como La Estafa Maestra. Entonces se abrió un espacio en el que se le cuestionó si avisó a su superior, que sería el expresidente Peña Nieto o a su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade.
Horas antes, su defensa dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las que ella tuvo conocimiento a través de los Pliegos de Observaciones.
Eso habría abierto una vertiente en el caso y hubiera debilitado la acusación de que ella permitió el sostenido desvío de recursos. No se ahondó sobre eso.
Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu de Robles, ofreció en noviembre convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa Rosario Robles Berlanga, informó el diario Reforma.
Zebadúa habría ofrecido revelar que Robles fue quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, además de dar información que relaciona al expresidente Peña Nieto con esta red de desvíos, conocida como “Estafa Maestra”, y está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.
Por: Daniela Barragán