El tiempo es una categoría de la física, vigente también en la política cubana. Jorge Dávila, periodista habanero, columnista de The Miami Herald y analista en CNN, considera que para la Isla: “El tiempo y la velocidad son decisivos porque determinarán qué avanza más rápido: el deterioro de los factores negativos que amenazan el proceso o las reformas que pueden salvarlo.” En mí opinión de esa dialéctica depende todo.
A 30 años del colapso soviético, a 20 de que Fidel emitiera la directiva de “Cambiar todo lo que deba ser cambiado”, a diez de que él mismo advirtiera que el modelo no funciona, y muchos después de que el presidente Raúl Castro iniciara las reformas, Cuba conoce lo que es preciso hacer, no obstante, su noción del tiempo político es un enigma. El peligro, ahora no radica en las prisas, sino en las pausas.
Meses atrás el presidente Diaz-Canel, aunque sobrecargado por la conducción directa del enfrentamiento a la pandemia que realiza con eficacia y ejemplar consagración, anunció la implementación de acuerdos relacionados con la economía que se añejan en las gavetas, y recién el Ministro de Economía, anunció que se estudia lo relativo a las pequeñas y medianas empresa. Menos tiempo necesitó Champollion para descifrar los jeroglíficos de la “piedra Rosseta”.
Los problemas estructurales de la economía cubana se asocian al exceso de estatización que impide la variedad que supondría la integración de un poderoso y dinámico sector privado a la construcción del socialismo, en forma de micro, pequeñas y medianas empresas, el exceso de planificación, control, centralización y verticalidad de la economía nacional, el monopolio del comercio exterior, la desconexión entre el sistema educacional que genera un inmenso capital humano que la economía no utiliza eficientemente y la falta de sintonía entre la ciencia y la innovación con la producción.
Es preciso remover los obstáculos que genera el régimen de tenencia de la tierra, los criterios que impiden la pequeña y mediana inversión extranjera, las políticas que cierran las puertas a la participación de los “cubanos de ultramar” en los procesos económicos nacionales, la falta iniciativas para capitalizar las remesas y otros asuntos de diversa entidad.
Una curiosidad económica es que, para impulsar estos avances decisivos, el gobierno cubano no necesita erogar dinero, no es preciso confrontar ni persuadir a nadie, tampoco luchar contra el bloqueo. En este cometido, bastaría con crear el marco jurídico apropiado y, como preconiza el general de ejército Raúl Castro, “cambiar la mentalidad” y dar paso al costado.
Las reformas económicas y políticas en Cuba, aun cuando se encaminan a blindar al socialismo y reforzar a sus instituciones de poder, serían saludadas por los amigos de Cuba, los gobiernos extranjeros, en primer lugar, por los países desarrollados y los latinoamericanos, acogidos por las entidades internacionales, públicas y privadas, entre otras, la ONU y sus agencias, la OMC, OIT, CEPAL, FMI, Banco Mundial y otras.
La apertura y la liberalización serían la más contundente acción contra el bloqueo y contribuiría al aislamiento de quienes lo practican. El dato más relevante es que Cuba y el socialismo no tendrían nada que perder.
Un importante activo a favor de las soluciones en estas áreas radica en la lucidez con que el presidente Diaz-Canel valora el papel de la ciencia, la innovación y el talento empresarial para el desarrollo, aunque también deberá identificar y remover los obstáculos conceptuales y estructurales que impiden la realización de sus ideas.
En la dinámica económica y política cubana el tiempo es la magnitud que determina quién avanza más rápido: el deterioro o la innovación social, económica y política. Allá nos vemos.
Por Jorge Gómez Barata