La Justicia Especial para la Paz –JEP- informó que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército entre 2002 y 2008, conocidas eufemísticamente como falsos positivos, fueron, al menos, 6.402.
Ese periodo corresponde a los dos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De inmediato Uribe calificó el informe de “sesgado” y por twitter emitió un comunicado “nuevo atropello de la JEP por falsos positivos” para desacreditarlo. Sus seguidores reaccionaron de inmediato atacando a ese tribunal, diciendo que el expresidente Santos era el ministro de Defensa en ese entonces y Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz en los diálogos de La Habana, era su asesor de Santos y por tanto culpables. Uribe se vio obligado a reconocer que ambos personajes, acompañados por el general Fredy Padilla de León, quien también participó después en la mesa de negociación, le presentaron un informe que inculpaba a 27 “altos militares” en esos hechos y debió darles de baja.
Pero hay una frase que por siempre perseguirá a Uribe y borrará sus declaraciones de inocencia; es su lápida de la infamia: cuando las madres de esos humildes muchachos denunciaron que sus hijos habían sido llevados bajo engaño con la promesa de un empleo y aparecieron muertos, vestidos de guerrilleros y presentados como dados de baja en combate, su respuesta fue “no estarían recogiendo café”. Uno de ellos era un chico discapacitado y las incongruencias que arrojó el examen forense no dejaba lugar a dudas: calzados con botas de un mismo pie, uniformes intactos en cuerpos baleados y muchas más.
Eran los tiempos de la Seguridad Democrática y Uribe había dado indicios de su postura desde sus tiempos de gobernador de Antioquia: dijo entonces que la destitución del general ® Rito alejo del Río por el presidente Pastrana por sus alianzas paramilitares y violaciones a los Derechos Humanos en Urabá donde dejó un reguero de cadáveres había sido por orden de las Farc y le organizó un homenaje de desagravio. Del Río fue condenado a 26 años y se ha presentado ante la JEP donde deberá contar toda la verdad sobre sus apoyos civiles y estatales.
También como gobernador Uribe promovió las que presentó como organizaciones de autodefensa campesina llamadas Convivir, muchas de las cuales terminaron en poder de los paramilitares.
Ya como presidente de la República estableció un sistema de estímulos a los militares por bajas en combate que dieron lugar a esos asesinatos por premios como días de asueto, premios en dinero y otras prebendas. El acoso a las brigadas para que mostraran eficacia se convirtió en una orgía de sangre para ver cuál daba mejores “resultados”. Las historias que se conocieron por versión de los acusados en procesos judiciales –antes de la JEP- sobre ese episodio oscuro de nuestra historia nos han mostrado un país que nos avergüenza. Es tal vez el más abyecto de esa guerra que cada día fue degradando más a todos sus actores y que nos ha llevado de asombro en asombro con cada fosa común que se ha ido descubriendo.
Cuando a comienzos de 2020 con ocasión de la minga indígena se reactivaron las denuncias por las masacres que arrasaron pueblos enteros con una sevicia de espanto, dijo: “si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.
Lo que ahora nos presenta la JEP muestra que la tragedia era mayor que lo que creíamos: ya no se puede seguir hablando de manzanas podridas. Y que la Fiscalía General de la Nación ha sido inferior a su reto. Menos de la mitad de la cifra que desnuda el tribunal de paz era lo que manejaba este ente.
Cuando la JEP hizo la imputación a las antiguas Farc por el delito de secuestro y lo mostró descarnadamente en todo su horror, con las vejaciones a sus víctimas, los crímenes que cometieron contra ellas además de la privación de la libertad, los ex guerrilleros aceptaron su responsabilidad, se mostraron aterrados ante la evidencia de la transformación de su organización idealista en esa máquina de extorsión y tortura y se comprometieron a decir toda la verdad a sus víctimas.
Ante eso la derecha que hoy califica como persecución el documentado informe de la JEP, se mostró horrorizada –como lo estábamos todos, guerrilleros incluidos- y pidió que se eliminaran las curules de los ex Farc ganadas en la negociación de paz. La condición para otorgárselas junto con los demás beneficios de la justicia transicional era que contaran la verdad. ¿Qué verdad se esperaba que contaran? Por supuesto la de los crímenes por los que los estaban juzgando. ¿Cómo puede entenderse entonces que cuando la digan exijan que les retiren los beneficios que les fueron concedidos por cumplir con esa condición?
En cambio ahora, cuando muestran los crímenes de los militares, sale a pedir que se investigue de verdad, que no ataquen a las fuerzas armadas. No puede manejarse de manera tan maniquea la investigación y condena de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. No se puede aplaudir cuando imputen los que cometieron los adversarios y descalifiquemos cuando con pruebas suficientes informen sobre los que cometieron los del que consideramos de nuestro lado.
Los paramilitares que están regresando de su extradición están pidiendo ser admitidos en la JEP para recibir la excarcelación con la condición de contar la verdad. Igual ocurre con militares en retiro como el mencionado Rito Alejo y otros aún más importantes. ¿Qué va a ocurrir cuando estos digan la verdad sobre sus financiadores y aliados civiles, empresarios y altos funcionarios?
¿Van a salir como Uribe a decir que es un ataque a los soldados de la patria?
Por Zheger Hay Harb