La nota colombiana
La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- en una decisión histórica, acusó a los ocho ex miembros del secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc- de crimen de guerra y de lesa humanidad por toma de rehenes y privaciones graves de la libertad , de acuerdo con la calificación jurídica del secuestro en el derecho internacional.
Nunca antes, ni en Colombia ni en el mundo, una guerrilla no derrotada militarmente y un Estado de derecho varios de cuyos agentes cometieron crímenes como los llamados falsos positivos, habían aceptado someterse a un tribunal imparcial de justicia. La imputación habla de homicidios, crímenes sexuales, torturas, desaparición forzada y desplazamiento forzado; hace un estudio jurídico riguroso de acuerdo con la legislación internacional de los Derechos Humanos para llegar hasta el máximo reproche que ésta contempla como no se había visto nunca en la historia del juzgamiento de estos casos en el país.
Con esto la JEP desmiente a quienes como el ex presidente Uribe y su partido –Centro Democrático- difunden la idea de que ese tribunal busca la impunidad para los ex jefes guerrilleros. Esto, a pesar de que la Corte Penal Internacional ha repetido en diversas ocasiones que este tribunal no ofrece perdón y olvido sino justicia, verdad y reparación a las víctimas. Pero insisten en negar hasta lo evidente: dos senadoras de ese partido criticaron la decisión de la JEP porque no habla de secuestro y el jefe negociador del gobierno las mandó a estudiar para que entiendan que la calificación que hace el tribunal de paz implica el máximo nivel de imputación, mucho más grave que hablar sólo de secuestro, según la normativa internacional.
A esta decisión se llega luego del análisis de testimonios de ex guerrilleros, desmovilizados, víctimas, organizaciones sociales, informes de la Fiscalía General y estudio de 21.000 casos de secuestro aunque pueden ser muchos más. El documento establece que el secuestro como forma de financiación fue ordenada por el secretariado y que si bien no ejecutó directamente todos los cometidos en cada frente, ordenó asesinar a los rehenes en caso de intentos de liberación o fuga y no hizo nada para aliviar el trato inhumano que recibían. La responsabilidad que atribuyen a los ex miembros del secretariado es por su responsabilidad de mando, lo cual operará de manera similar en los casos de juzgamiento de militares.
Precisamente este punto, la responsabilidad por mando, fue uno de los más difíciles de tramitar en las negociaciones de La Habana porque los militares se oponían a pesar de que rebajar los estándares de responsabilidad podrían implicar que la Corte Penal Internacional asuma la competencia
La imputación demuestra cómo esa orden de secuestrar como forma de financiación significó el crecimiento de sus estructuras militares. Por ella el secuestro se volvió práctica generalizada a pesar de voces minoritarias, como la de Alfonso Cano, quien llegaría a ser su jefe máximo, que se opuso y lo consideró “inmoral”.
Ese es el delito por el cual la opinión pública repudia con mayor fuerza a las Farc y ese repudio se extiende a la izquierda que se niega, pese a sus llamados a convergencias y su compromiso con la paz, a hacer alianzas con ellos. Los relatos de sus víctimas y las imágenes de los secuestrados con cadenas al cuello y encerrados tras alambradas de púas, algunos en ese infierno hasta por 13 años, los ruegos desgarradores de sus familiares pidiendo su liberación borraron por completo la imagen de guerrilleros altruistas.
La JEP señala como agravantes del secuestro el ocultamiento a las familias de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos, el secuestro de menores de edad y mujeres embarazadas así como la compra de secuestrados a bandas delincuenciales.
En palabras del presidente de la JEP “No hubo errores por parte de las Farc-Ep, hubo crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.”
Ahora los dirigentes disponen de 30 días para aceptar su responsabilidad, con lo cual recibirían sanciones de restricción a su libertad pero no en prisión; en caso contrario podrían recibir hasta de 20 años de prisión en establecimiento carcelario. Se espera su aceptación porque han venido avanzando hacia el reconocimiento de su responsabilidad: finalmente aceptaron llamarlo secuestro en vez de retención; han pedido perdón a sus víctimas y reconocieron que los había envilecido.
Puede parecer un detalle menor, pero llegar hasta ahí les significó el encuentro con sus víctimas, oír de ellas el horror y el sufrimiento que trajo a sus vidas la tortura del secuestro. El ex comandante Timochenko, después de oír el relato de una de sus secuestradas, Ingrid Betancur, ante la Comisión de la Verdad, por primera vez reconoció el reclutamiento de menores de 15 años y los abortos forzados, además del secuestro mismo. Dijo que su propio escolta le confesó que había sido reclutado a los 13 años. “Es doloroso, todo eso va configurando unas Farc que yo entro a odiar, porque no tiene nada que ver con las FARC a las que yo ingrese”.
Y los demás ex comandantes en carta pública dijeron (según la revista Semana) “Hoy en día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos” y que al haber hecho del secuestro un arma de guerra cometieron un crimen abominable del que se arrepienten y por el que le piden perdón a sus víctimas y a las familias de estas.
Un nuevo camino de respeto a lo acordado y de avanzar por la senda de la democracia han abierto la JEP y los ex comandantes guerrilleros.
Por Zheger Hay harb