Habíamos pensado (no estoy empleando plural mayestático, era un anhelo colectivo) que el informe de la Justicia Especial de Paz –JEP- sobre ejecuciones extrajudiciales conocidas comúnmente como falsos positivos generarían un rechazo unánime de todos los colombianos ante el horror de 6.402 jóvenes inocentes asesinados por el ejército para presentarlos como bajas a la guerrilla.
Amigos en otros países nos llaman aterrados ante la magnitud del horror, esperando que les confirmemos que todo el país, sin distingos de ideología o partido ha cerrado filas para rechazar esos crímenes de un ejército al que hemos confiado la guarda de nuestras vidas.
La periodista María Jimena Duzán, en un artículo en el País de España describió la decadencia moral del ejército, que no ha mostrado ningún rechazo a esta ignominia, la reacción del presidente de la República que, lejos de condenar los crímenes, salió a reclamarle a la JEP la difusión de su informe diciendo que eso es “justicia de micrófono” y los intentos de crear cortinas de humo para desviar la atención.
La revista The economist dijo que si las decisiones de la JEP sobre falsos positivos son contundentes, muchos colombianos cambiarán su opinión sobre las políticas de seguridad de Uribe, con lo cual el estupor internacional no hizo más que aumentar.
Pero apenas conocido el informe la desilusión fue total: la derecha y el uribismo empezaron una campaña de ataques al expresidente Juan Manuel Santos, por el acuerdo de paz y una serie de justificaciones que no demuestran la inexistencia de semejante masacre sino que la polarización política en el país sobrepasa cualquier límite de la razón y la decencia.
El comandante general del ejército, general Eduardo E. Zapateiro, sobre quien pesa una acusación por falso positivo en 2014, dijo que se trata de “víboras venenosas y perversas que quieren desprestigiar al ejército”. En cambio, cuando murió alias Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, autor confeso de 3.000 asesinatos, este general manifestó: “Hoy, como comandante del ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias”. Un pésame que no le mereció ninguna de las víctimas de falsos positivos.
Y qué tal la respuesta del general ® Mario Montoya (también acusado por esos mismos crímenes) a la JEP ante la indignación de las madres de las víctimas y de los soldados rasos incriminados: “eran soldados muy pobres, ignorantes, no entendían la diferencia entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos”. Ya antes había dicho que quería “ríos de sangre” y que “las bajas no es (sic) lo más importante, es (sic) lo único”.
El coronel ® Gabriel de Jesús Rincón ratificó ante la JEP que el general Montoya había hecho esas afirmaciones y le había ordenado que sacara cadáveres del anfiteatro y los vistiera de guerrilleros para presentarlos como bajas.
La revista Semana, hoy portavoz incondicional del gobierno, en un intento de desviar la atención, sacó en portada a Gabino, jefe del Ejército de Liberación Nacional –ELN- quien se encuentra en la Habana por permiso concedido por Santos por motivos humanitarios por su grave estado de salud, para señalar a Cuba como refugio de terroristas y a Santos como protector de guerrilleros, ocultando que Duque, ya como presidente, no revocó ese permiso y que Álvaro Uribe, siendo presidente, sacó de la cárcel a Rodrigo Granda, llamado canciller de las Farc, esperando que con ese gesto posibilitaría la liberación de algunos secuestrados en poder de las Farc con lo cual se agenciaría el favor de Sarkozy porque entre ellos se encontraba la ciudadana colombo francesa Ingrid Betancurt. Sin olvidar que Uribe nombró gestora de paz a alias Karina, guerrillera de las Farc, acusada de crímenes atroces, quien había sido capturada.
Lo más doloroso es que a esto no se llegó en un año ni en dos. Ya en 2010, en el debate de los candidatos presidenciales, a Juan Manuel Santos le reclamaron por los falsos positivos y respondió: “actuamos con total transparencia y contundencia, denunciando y protegiendo a la tropa de falsas denuncias”. Y en diciembre de 2016 el senador Gustavo Petro hizo un debate en el Senado sobre el mismo tema y las organizaciones sociales han denunciado esos hechos desde hace años.
Los procesos de Justicia y Paz que juzga a los paramilitares; los de la justicia ordinaria; las audiencias de la JEP y las de la Comisión de la Verdad han develado la degradación de los actores de este conflicto. La recuperación moral del país requiere una labor colectiva de todos, sin distingos de ninguna clase, en una labor de sanación social. Y lo que estamos viendo no conduce hacia allá.
No es posible que el expresidente Uribe pretenda disculpar la ignominia regateando las cifras: que no son 6.402 sino 2.000 como si aún ese número no fuera en sí mismo una aberración. Ni que, en vez de ofrecerse a contribuir en el saneamiento del ejército salga con que lo que hay que hacer es sacar a los ex terroristas del Congreso, refiriéndose a los ex comandantes de las Farc. Ya en ese recinto estuvieron los comandantes paramilitares sin haberse desmovilizado y nunca le oímos una queja sobre eso.
Por actuaciones como esa y su boicot al proceso de paz, el Ayuntamiento de Cádiz, que lo había galardonado con el premio Libertad Cortes de Cádiz por sus esfuerzos en la liberación de secuestrados en 2009, le retiró el premio que le había otorgado.
Todos deberíamos estar sobrecogidos ante las verdades que han ido saliendo a flote y, así como cuando la JEP en su imputación a las Farc por el delito de secuestro desnudó la aberración de sus conductas, los ex guerrilleros la acataron y se mostraron arrepentidos y avergonzados, con mucha mayor razón tenemos derecho a esperar lo mismo del ejército a quien le confiamos nuestra seguridad y nuestras vidas. La JEP ha presentado evidencias, no suposiciones. Esperamos ver el honor militar, no su complicidad con los delincuentes de sus filas.
Por Zheger Hay Harb