En tiempos políticos cruciales, observa el alacrán, el poder cultural se erige en otro poder fáctico, con ambiciones, influencia y voluntad de decisión en las políticas públicas y los recursos destinados a ellas. Así sucedió con los abajofirmantes de aquel desplegado de apoyo a Carlos Salinas, en enero de 1989, a quienes el Presidente los recompensó, entre otras prebendas, con el control del Conaculta, el Fonca y Canal 22. Lo mismo ocurrió en la encrucijada de 2006, cuando estos intelectuales, antes de la resolución definitiva por parte del Tribunal Electoral, avalaron la elección de Felipe Calderón al posicionarse contra la posibilidad siquiera del fraude: “no encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de ninguno de los candidatos”. A cambio, recibieron beneficios editoriales, contratos y subsidios oficiales. La historia se repitió de nueva cuenta cuando la élite cultural respaldó la irregular elección de Enrique Peña Nieto, para verse luego recompensada con prebendas y financiamientos ya de todos conocidos. Y aunque luego la corrupción del régimen fue tan inocultable que frenó el apoyo abierto de estos grupos de intelectuales y académicos, ante la inminente elección de 2018 el poder cultural se realineó en rechazo al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.
En nuestro tiempo político actual, la reconfiguración del poder cultural se percibió con nitidez a partir de la carta pública de septiembre de 2020, donde un grupo de 650 intelectuales (académicos, escritores, columnistas de prensa, radio y televisión, editores de suplementos culturales, dueños de revistas y de empresas editoriales), aseguró ver amenazada la libertad de expresión por el poder presidencial. En contradicción con este aserto, el arácnido distinguió entre los abajofirmantes a los dueños de un poderoso aparato cultural hegemónico: ahí están reunidos los propietarios y empleados de importantes instrumentos de difusión y promoción cultural, editorial, periodística y mediática, quienes al menos durante los últimos treinta años han gozado de una decisiva capacidad de sanción sobre nuestra vida cultural y los recursos estatales destinados a ella.
El realineamiento de este conjunto de personajes se da hoy, paradójicamente, en torno a representantes de la más dura derecha y ultraderecha mexicanas y, sobre todo, alrededor del ubicuo empresario y adinerado activista político Claudio X. González, quien ha reconfigurado ya a grupos económicos y empresariales en frentes políticos (FRENA, BOA, “Sí por México”), así como a los partidos políticos de oposición en uno sólo (PRIANRD, “Va por México”), ha decidido además candidaturas para las próximas elecciones y desde hace años obtiene financiamiento internacional para sus agencias de la “sociedad civil”, organizadas como asociaciones privadas anticorrupción, pro competitividad o para la defensa de los derechos humanos.
El escorpión no pudo evitar una sonrisa socarrona al encontrar entre los abajofirmantes a viejos conocidos, a intelectuales otrora de izquierda y académicos independientes, a los autodefinidos como liberales y socialdemócratas, e incluso a libertarios periodistas contraculturales. Acaso sería ingenuo insistir en que esa libertad de expresión, hoy en peligro según su parecer, la han ejercido de forma permanente desde hace décadas y hoy continúa siendo practicada a rajatabla por ellos y muchos más. Pero sería más ingenuo alegar en su favor un desconocimiento de las pantanosas aguas políticas en las cuales se han metido a chapotear en tan dudosa compañía y con gesto de “¡mi plumaje es de esos!”. ¿Será?
No se malentienda al alacrán: urge la crítica puntual del poder, así como exige documentación y pruebas la información sobre sus errores y abusos. Pero de ahí a ejercer el panfletario género del “abajofirmante” en alianza con derechistas redomados, hay una conveniente falta de autocrítica, acaso sólo entendible —barrunta el escorpión— porque mediante esa alianza informe, esta “élite del saber” apuesta a retomar el poder cultural fáctico y los privilegios perdidos en los últimos años.
Por Alejandro De la Garza