En 2010 me toco coordinar un libro colectivo que llevaba por titulo el nombre de este artículo. Lo publicó la Universidad Autónoma de Sinaloa y participaban de este esfuerzo intelectual, académicos de ocho estados convulsionados por la violencia y fue presentado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el marco del congreso anual de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales cuando yo fungía como presidente de su Consejo Directivo.
En este medio de especialistas electorales había una preocupación académica por la declaración de guerra del Gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado y sus resultados trágicos que hoy sabemos, por la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, fue parcial y sesgada porque este Gobierno buscaba beneficiar al Cártel de Sinaloa en perjuicio de las otras organizaciones criminales y a cambio de mucho dinero.
De aquella época recuerdo el cuestionamiento merecido que tuvo la estrategia calderonista por el PRD, donde todavía militaba Andrés Manuel López Obrador, aunque paulatinamente se fue distanciado y a finales de 2011, registraba como asociación civil, lo que sería el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En 2012 cuando Andrés Manuel fue nuevamente candidato a la Presidencia de la República una de sus principales banderas electorales estuvo destinada a cuestionar la estrategia de seguridad que había dejado más de 60 mil homicidios dolosos y de estos, hay que destacar, los ocurridos contra miembros de la clase política.
Cómo olvidar los “accidentes” aéreos de Juan Camilo Mouriño y de José Francisco Blake Mora, secretarios de Gobernación, o la muerte de un buen número de políticos en funciones y en campañas electorales.
Ante aquella estrategia sangrienta y fallida continuada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto que dejo otros 100 mil homicidios dolosos Andrés Manuel, señaló que de llegar a la Presidencia de la República habría un cambio sustantivo en materia de seguridad y combate contra el crimen organizado.
Andrés Manuel ya en Palacio Nacional la novedad fue que había que atender las causas sociales que estaban provocando los problemas de seguridad pública y, entonces, se hablo de “abrazos, no balazos”, lo que parecía una buena frase conciliatoria para empezar, sin embargo, esta estrategia rápidamente mostró su debilidad, pues siguieron acumulándose los asesinatos y hoy a dos años y meses de la gestión obradorista, los números son similares a los que entregó Felipe Calderón en seis años o sea de continuar esta tendencia trágica tendríamos al final del sexenio una cifra cercana a los 200 mil homicidios dolosos más los miles de desaparecidos que es otra estadística que se busca no ver bajo la máxima infame de “si no hay cuerpo, no hay crimen”.
Y dentro de esta guerra de baja intensidad, atenuada por una cierta percepción de normalización de la violencia en la vida pública, llama la atención el incremento de asesinatos en contra de candidatos de partidos políticos y en los últimos días, en especial, los del partido Movimiento Ciudadano.
En este año electoral se ha manifestado una serie de asesinatos que ha registrado escrupulosamente la empresa Etellekt, una “consultoría especializada en comunicación, análisis de riesgo y políticas públicas”, y lo presenta en un informe a principios de mayo con información del mes de abril.
Señala en una parte del informe de marras: “El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5 por ciento superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64 por ciento las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia… Las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso abarco a 31 entidades y 321 municipios de la república (13 por ciento del total de municipios)”.
En mayo esta tendencia trágica se ha venido fortaleciendo, pues no hay día que no nos enteremos de un nuevo ataque a candidatos a cargos de elección popular. Al momento de escribir de este artículo esta fresca la sangre de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata del partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón en el estado de Guanajuato, y todavía está en la atmósfera el estruendo del ataque contra José Alberto Alonso Gutiérrez, candidato del partido Fuerza por México a la Alcaldía de Acapulco.
Y, cómo olvidar el asesinato del abogado Abel Murrieta, candidato a la Alcaldía de Cajeme, también postulado por MC.
Una cuestión es evidente y es que estamos viviendo un aumento exponencial de los homicidios dolosos, y entre ellos, los que están dirigidos a los miembros de la llamada clase política, lo cual significa que la estrategia de seguridad obradorista no está obteniendo los resultados esperados y los tres niveles de Gobierno son incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos y estos son tiros de precisión contra nuestra débil democracia.
El llamado “monopolio de la violencia” sostenido por el sociólogo Max Weber, tiende a ser en México letra muerta, por el fortalecimiento y el atrevimiento de los cárteles del crimen organizado, que ensombrecen los intentos de otorgar más competencias al Ejército y la Marina para tener un mayor control del país como, también, la reestructuración del sistema policiaco con la creación de la Guardia Nacional.
Si bien tenemos los números de los políticos asesinados todavía desconocemos el daño silencioso que estos embates están provocando en el sistema democrático, en la representación política sea por la intimidación, la exclusión y habilitación de candidatos, el lobby narco político, los asesinatos y la narcopolitica.
Quienes hicimos aquel ejercicio en 2010, vimos un problema socio político en proceso de expansión, pero nunca imaginamos que alcanzaría los niveles que hoy estamos viendo y menos, cuando quien cuestionaba la estrategia de la guerra contra el narco alcanzaría la Presidencia de la República y pondría en marcha una estrategia diferente y el resultado es peor que el de los gobiernos cuestionados de Calderón y Peña.
Habrá explicaciones de distinto tipo y calibre y el reparto de culpas que gusten, pero ahí, están los hechos que nublan la vida pública, al tiempo que amenazan el futuro, pues nos encaminamos a la consolidación de un Estado fallido o, peor, a un narco Estado, y eso, es una pésima noticia para todos y representa un desafío para la investigación y la reflexión profunda de los problemas derivados de la seguridad pública a la cual muy pocos candidatos quieren ofrecer diagnósticos y alternativas sustentables y quienes, lo intentan, como sucedió con el sonorense Abel Murrieta son asesinados y reducidos a un asunto del fuero local, como lo dijo el Presidente López Obrador, lo que nos da una idea de la visión que domina en Palacio Nacional.
Al tiempo.
Por Ernesto Hernández Norzagaray