Los sectores populares y medios están en el centro de lo ciudadano y en esa centralidad no están excluidos los segmentos de muy altos ingresos: sus necesidades son visibilizadas por los medios, pero sobre todo por la ley y por un principio de gobernabilidad que debe prevalecer en todo gobierno.
El empoderamiento de la ciudadanía, manifiesto en las elecciones del pasado 6 de junio, en reconstrucción permanente, es una condición indispensable para entender el dinamismo de lo político.
En México, donde más de la mitad de la población vive algún tipo de pobreza, hay 42% de hogares de clase media en los que viven 39% de los habitantes, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En zonas urbanas, la proporción sube a 47%.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que 45% de la población mexicana clasifica en este segmento social por superar un ingreso de 15,000 pesos (unos 750 dólares mensuales), según un reporte de 2019.
Contrasta, al mismo tiempo, con la autopercepción de los mexicanos, pues seis de cada 10 se identifican a sí mismos como parte de la clase media, según un estudio realizado por De las Heras Demotecnia. Ser de clase media o pertenecer a ella no excluye sino dinamiza la forma de reconstituir nuestra narrativa. Y ninguna narrativa puede excluir el hecho de que la mayor parte de la población vive en pobreza.
El fortalecimiento de la clase media y de los segmentos urbanos y populares que aspiran a serlo, requiere la ampliación y consolidación de los instrumentos de la democracia participativa y de la participación en una distribución del ingreso nacional más equitativa.
La Consulta Popular prevista para el 1 de agosto, sobre la posibilidad de investigar las actuaciones de políticos del pasado, es una herramienta que permite transformación y manifestación de intenciones políticas y sociales. Más allá de la pregunta central, la descalificación del instrumento revela la falta de atención a la fortaleza ciudadana
Alentar la participación ciudadana en asuntos públicos es fundamental en todo Estado que se diga democrático.
El recién nombramiento de Martí Batres como Secretario de Gobierno, por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es un signo de la búsqueda de conciliación con todos los actores políticos, sin importar militancia partidista, pero también de un diálogo con todas las clases sociales.
Batres se ha comprometido a un ejercicio institucional, sobrio, plural y subrayadamente enfocado en la noción de igualdad que es útil en esta etapa y en el contexto de una nueva distribución de los espacios políticos en las alcaldías.