Avanzando en su propósito de contribuir a desentrañar la verdad de lo acontecido en el conflicto armado, la Comisión colombiana de la Verdad -CCV- realizó un encuentro entre un ex comandante paramilitar y dos excomandantes de las antiguas Farc para escuchar, de estos actores directos en la guerra, el relato de sus actuaciones y las relaciones que se tejieron en esos hechos.
Este encuentro, así como otros que ha realizado la Comisión con exsecuestrados tienen siempre como centro de su misión a las víctimas, en el entendido de que la verdad forma parte de su reparación, sin que esta se agote en el conocimiento de lo sucedido, pero que sin ella, sin la verdad, no habrá sanación ni reconciliación posible. En su introducción a este encuentro el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, dijo que en la región de Urabá (noroccidente de Colombia, escenario de guerra de los comparecientes) hubo en los últimos 35 años 12.838 personas asesinadas, 6.525 desaparecidos y 2.906 asesinados en 321 masacres y que en la dimensión sagrada de su memoria se realizó este evento.
Dijo el padre De Roux que el ejército, en documento que allegó a la Comisión, reconoció que no sólo la guerrilla cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad, sino que fueron las mal llamadas autodefensas (para militares) las que causaron más golpes a la sociedad civil y que la financiación a estos grupos fue definitiva para su sostenimiento. Dice que la Comisión ha encontrado un entramado entre políticos, paramilitares y empresarios, sin que pueda generalizar.
El compareciente paramilitar fue, como se ha dado en muchos casos, militante del Ejército Popular de Liberación -EPL-, de orientación maoísta, luego hizo parte de las filas paramilitares y posteriormente entró a formar parte del Clan del Golfo, una de las llamadas Bacrim (bandas criminales) que no son otra cosa que remanentes de las organizaciones paramilitares luego de su proceso de desmovilización.
Las Farc y el EPL se combatieron entre sí con saña por disputas de territorio y hubo incluso una masacre que aquella cometió contra estos últimos cuando se encontraban realizando una verbena para recoger fondos para comprar útiles escolares para sus niños. Por esa masacre varios excomandantes de las Farc pidieron perdón públicamente. Según contó Jhoverman Sánchez, el otro ex Farc, los enfrentamientos obedecieron a que el EPL empezó a trabajar a los sindicatos bananeros y quien los controle tiene mucho poder sobre empresarios y trabajadores.
Tuberquia, exparamilitar, contó que fue reclutado por el EPL cuando tenía 12 años; debido a enfrentamientos armados con las Farc, los 54 que conformaban su grupo se entregaron a los paramilitares, pero Carlos Castaño (comandante supremo de los paramilitares luego del asesinato de sus dos hermanos que le precedieron en la comandancia y sobre cuyos asesinatos se le ha implicado) les dijo que debían desmovilizarse y lo hicieron -él la califica como desmovilización ficticia ante las principales autoridades del país. Asegura que Castaño -siendo un personaje en la ilegalidad- le vendió unas tierras al Incora (instituto de la reforma agraria de ese entonces) para que se las repartiera a los supuestos desmovilizados.
Agrega que después de esa desmovilización que él llama ficticia ellos regresaron a donde Castaño y el himno del EPL, sus consignas, “sus oraciones”, pasaron a ser de las autodefensas y a partir de ahí se dispararon las masacres y el miedo de las comunidades y la alianza con las fuerzas militares para combatir al enemigo común. Asegura que sin el apoyo de los gremios económicos y de los militares no hubieran podido sembrar el terror y expandirse como lo hicieron.
“Yo veía llegar donde los Castaño (principales jefes paramilitares) muchos empresarios para pedirle que les brindara seguridad para sus fincas y sus bienes”.
Sánchez -el otro exfarc- asegura que el DAS (extinguida agencia de seguridad del estado) cometió muchos asesinatos de sindicalistas, pobladores y campesinos en la zona. Corrobora que el ejército conjuntamente con los paramilitares perpetró las masacres en las bananeras.
El comisionado de paz Saúl Franco concluye que los enfrentamientos no se dieron de los grupos armados entre sí, sino de estos contra la población civil y les pregunta por qué fue eso así.
El paramilitar le respondió que el objetivo era sembrar el terror y “comprar la tierra a bajo precio para producción ganadera… Nosotros éramos el salvavidas de ellos (refiriéndose a los empresarios)”. “Nosotros solos no hubiéramos podido… Teníamos apoyo de la Brigada XVII y a veces batallones de fuerzas especiales… Si la justicia de paz (JEP) llega a aceptarme contaré todo con detalle”.
Luego de oír a estos actores del conflicto queda la infinita tristeza de ver de qué manera intereses económicos -sin desconocer el peso de visiones ideológicas encontradas arrasaron una región donde despuntaba la prosperidad con emprendimientos campesinos, con sindicatos organizados que alcanzaban a permear a las comunidades con una visión progresista del desarrollo y sectores liberales de la población, todo lo cual conformó un cuadro de “enemigos” que llevó a una alianza espuria entre empresarios y militares que acabaron lucrándose de la situación que llevó a la comunidad a la miseria.
Los desplazamientos que provocaron las masacres dejaron abandonadas miles de hectáreas que fueron luego adquiridas a precios irrisorios. Comunidades indígenas y de negritudes tuvieron que irse a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. Producto del acuerdo de paz se creó la Unidad de Restitución de tierras para devolver a los despojados la tierra que les fue arrebatada.
Hace dos semanas informaron las noticias que una comisión de esa Unidad fue asesinada cuando iba en misión de restitución. ¿Podrán tener los despojados espacios para la esperanza?