No es usual que la Cancillería mexicana tome medidas que puedan afectar su relación con los Estados Unidos; por eso sorprendió a propios y extraños que el 4 de agosto el Gobierno de México presentara una demanda ante la Corte del Distrito de Massachussets contra productores y distribuidoras de armas estadounidenses.
México acusa a once empresas distintas de conducirse de forma negligente en la forma en que diseñan, producen, distribuyen y comercializan sus armas. Su negligencia —según la lógica de la demanda— facilita que las armas sean transportadas de manera ilegal a México y caigan en manos del crimen organizado. Así, las empresas, al lucrar con la violencia, serían corresponsales de la dolorosa epidemia de violencia que ocurre en México. Por ello, el Gobierno mexicano exige una compensación económica, así como cambios inmediatos en la forma en que las empresas comercializan y producen sus armas.
El movimiento del Gobierno de México –organizado y ejecutado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)– es audaz y atiende un problema urgente: la necesidad de detener el flujo de armas que va del del Norte al Sur de la frontera. Según datos de la Secretaría, fueron transportadas de manera ilegal más de dos millones y medio de armas por la frontera a lo largo de la última década; esto es, un promedio de 700 armas diarias. Ese flujo de armas explica que más del 70 por ciento de las armas encontradas en escenas del crimen en México provengan directamente de los Estados Unidos. Que no quepa la menor duda: el mayor generador de violencia criminal en México no es el mercado de drogas, sino el de armas en Estados Unidos.
Más allá de sus méritos jurídicos (que analizaré en unos minutos) la demanda mexicana es, sin duda, una buena noticia. Las razones son varias. 1) Muestra que el tema de las armas ha dejado de ser un pie de página de la política exterior mexicana para convertirse en un tema central. 2) Ofrece evidencia de que la SRE tiene una estrategia a mediano y largo plazo para atender este problema. 3) Devuelve el tema de las armas al centro de la discusión pública en México y en Estados Unidos. 4) A mediano plazo, incluso perdiendo el litigio, puede provocar cambios positivos en la manera en que las empresas comercializan y fabrican sus armas. 5) Respalda la política del Presidente Joe Biden en la lucha que mantiene con la Cámara de Senadores por regular de forma más estricta la producción y comercialización de las armas. 6) Ofrece una ventana de oportunidad para que grupos de activistas en México y Estados Unidos alineen sus intereses y trabajen juntos en este tema en el que, curiosamente, apenas existía una agenda común.
Dicho esto, es necesario aceptar que el camino legal de la demanda está lleno de espinas –algunas de ellas francamente difíciles de sortear tanto en primera instancia como a nivel de apelaciones–. En primer lugar, muy temprano en el proceso, la Corte en Massachusetts podría señalar que una ley estadounidense –la famosa ley Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA)– hace improcedente la demanda. Esta ley vuelve prácticamente inmune a la industria armamentista ante demandas por daños ocasionados por sus productos; se trata de una ley que desde 2005 protege los intereses de esta industria y que ha vuelto prácticamente imposible ganar un juicio contra los fabricantes de armas. La Cancillería mexicana defiende que PLACAA no aplica para crímenes cometidos fuera de la frontera de los Estados Unidos y que, por tanto, no evita la procedencia de este litigio particular (presunción de no extraterritorialidad). Además, señala que, aunque las practicas negligentes de las empresas se produjeron en los Estados Unidos, el daño ocasionado (muertes, lesiones, heridas) ocurrió en México y, por tanto, en un caso de conflicto de leyes (choice of law), debería aplicase la ley mexicana. Ese argumento —me parece— está algo cuesta arriba y es el principal escollo que tendrá que enfrentar, al menos en primera instancia, la demanda mexicana.
En segundo lugar, la Corte podría señalar que Massachusetts no es el foro adecuado para una demanda de este tipo. Es más, podría señalar que el litigio tendría que haberse presentado en México y no en Estados Unidos. Hay un buen argumento: en el fondo se están analizando crímenes cometidos en México en el que hay involucradas víctimas y victimarios mexicanos. ¿Por qué ir a demandar en Massachussets cuando podría hacerse en México? Por último, hay un tema de legitimación procesal activa. No es claro que el Gobierno de México pueda acreditar que ha sufrido directamente un daño por parte de las empresas demandadas; esto es, que es víctima directa de las empresas. Para salvar este obstáculo, conviene preguntarse si no habría sido mejor que fueran colectivos de víctimas y no el gobierno quienes interpusieran la demanda.
Suponiendo que el Gobierno de México pudiera salvar estos tres obstáculos (y algunos otros que no menciono por falta de espacio) quedará todavía por delante el análisis jurídico de los méritos puntuales de la demanda, un proceso que podría tardar varios años en finalizar y cuya resolución es un enigma.
Una posible derrota jurídica no debería oscurecer los méritos políticos del paso adelante que el Canciller y su equipo han decidido dar. El movimiento no está exento de riegos y contradicciones: la demanda causará escozor en el Departamento de Estado y en todos los grupos políticos asociados a la industria armamentista. Puede, incluso, afectar otro tipo de conversaciones en materia de seguridad que México y Estados Unidos mantienen y que son prioritarias para ambos gobiernos (por ejemplo, la renegociación de la Iniciativa Mérida). En el contexto actual había que denunciar, con todas sus letras, una realidad inexorable: el flujo de armas proveniente de Estados Unidos no es normal, no es natural y debe detenerse inmediatamente.