Desde el 7 de septiembre se colocó como uno de los debates centrales el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la despenalización del aborto, medida que frena parcialmente la violación de derechos humanos y la criminalización de las mujeres; poniendo en el centro también que el aborto aun no es legal en México, y que en 28 estados es considerado delito.
Si bien dentro de las posteriores resoluciones de la SCJN no hay garantías a nivel nacional, con la invalidación del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que sancionaba con cárcel a quien practicara el aborto, y la inconstitucionalidad de la disposición de “protección de la vida desde la gestación” en Sinaloa; presenta en ambos casos un precedente para la revisión de las legislaciones locales. Otra impugnación aprobada el 21 de septiembre plantea la regulación de la “objeción de conciencia” de los profesionales de la salud, para no vulnerar, ni obstaculizar la decisión de las mujeres respecto a la interrupción del embarazo.
Es claro que la despenalización abre una ruta, pero el siguiente paso requiere materializar las demandas históricas de derechos para las mujeres, donde podamos decidir libremente sobre nuestro cuerpo como territorio, decidir la maternidad como un ejercicio pleno y consciente, pues ésta “será deseada o no será”.
En un país donde las mujeres vivimos múltiples dimensiones de la violencia, prohibiciones en el ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos, y criminalización por intentar ejercerlos; la legalización del aborto se convierte en un acto de justicia social. Con la despenalización se invalida la acción judicial que criminaliza, permite resolver casos a futuro, pero deja fuera a mujeres que ya han recibido sentencia, y con ello la injusticia prevalece.
Otra dimensión con la despenalización, mientras el aborto no sea Ley, es la limitación que las mujeres en condiciones más precarias tendrán para interponer recursos legales que seguramente se convertirán en procesos desgastantes y costosos, ante las trabas que impondrán las legislaciones locales.
La despenalización es una dimensión de las transformaciones que se necesitan para garantizar el acceso a derechos humanos y una vida digna para las mujeres. El aborto como derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo-territorio, implica que el Estado garantice su cumplimiento, los medios necesarios y condiciones que permitan acceder a un sistema de salud pública que ofrezca atención y un trato digno.
Sólo en la Ciudad de México desde abril de 2007 a junio de 2021, se atendieron en los servicios del ILE (Interrupción Legal del Embarazo) a través de 21 unidades médicas a 237 mil 643 mujeres provenientes de todo el país, principalmente de la CDMX, Estado de México, Puebla y Morelos. El 74% son jóvenes de 15 a 29 años (https://bit.ly/3zDHT7Y) La interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México representa una posibilidad de que las mujeres que así lo desean, ejerzan un derecho que garantice su integridad y salud.
El camino que trazaron los movimientos feministas durante décadas de lucha tiene un avance más con la despenalización del aborto, pero su legalización es el siguiente paso, así como ocurrió en Argentina en 2020, tras la aprobación de la Ley a nivel nacional que garantiza un aborto seguro, legal y gratuito. En México la lucha avanza para que el aborto sea Ley a nivel nacional.