El primer intento de negociación entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvo lugar en Caracas en el 1991, cuando era parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar junto con las extintas FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL), del cual sobrevive un rescoldo, porque la masa mayor de esa guerrilla se desmovilizó, también mediante Acuerdo de Paz, en el 1989 y el M19, que firmó la paz en ese mismo año.
Ese primer intento apenas duró cinco meses, la iniciativa de romperlos corrió por cuenta del Gobierno como protesta por el atentado al dirigente liberal Aurelio Iragorri y el Golpe de Estado en Venezuela. Luego de eso, cinco veces más se han frustrado los intentos de negociación con el ELN. Unas veces el Gobierno se ha levantado de la mesa y otras ha sido la guerrilla la responsable de la ruptura.
El presente es el sexto intento, esta vez con algunas particularidades: al contrario de la metodología que se desarrolló con las FARC, donde “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, ahora la negociación avanzará por aproximaciones sucesivas, con acuerdos parciales. Pero tal vez la gran diferencia es que hoy la guerrilla negocia con un Gobierno presidido por un exguerrillero, que ha colocado como jefe negociador a otro exguerrillero y varios de quienes hacen parte del equipo negociador tienen esa misma condición.
Eso no quiere decir, por supuesto, que quienes negocian en nombre del Estado no sean leales a la institucionalidad con la cual se comprometen como servidores públicos, pero sí que las experiencias e ideales compartidos en su decisión de optar por la vía armada los hagan más comprensivos de las sensibilidades, principios y temores que encuentran en el grupo insurgente.
El pasado jueves 24, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno decidió incorporar a ese equipo a cuatro mujeres, una de ellas una periodista muy reconocida por su independencia y rigor.
Ya se acordaron los países garantes: como siempre, los generosos Cuba, Noruega y Venezuela. El secretario general de la ONU, mediante su representante especial en Colombia, así como la Conferencia Episcopal, serán acompañantes especiales del proceso.
Se invitó a Alemania, Suecia, Suiza y España como países acompañantes y les han solicitado dar a conocer su disposición para reactivar el Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación (GPAAC).
Se acordó explorar diplomáticamente la disponibilidad del Gobierno de Estados Unidos para participar mediante un delegado especial en la mesa de diálogo.
Se acordó acoger lo aprobado en las Negociaciones de Paz del 2016 sobre Acciones y Dinámicas Humanitarias, para lo cual se establecerá un mecanismo que cuente con el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Iglesia.
Esos países y organismos no han sido nombrados apenas en exploración; el Gobierno colombiano responde a ofrecimientos expresos de sus presidentes que pusieron a disposición incluso su territorio para adelantar las conversaciones, basados seguramente en lo auspicioso del proceso actual.
Estos acuerdos, así como las acciones humanitarias para proteger a las comunidades que se encuentren en riesgo debido al conflicto armado, se han logrado en apenas una semana, luego de iniciadas las conversaciones.
Una particularidad de esta negociación es que no exige el cese al fuego por parte de la guerrilla por considerar que en una situación tan convulsa como la colombiana, con múltiples fuentes de conflicto, se hace muy difícil verificar exactamente su cumplimiento; con ello se marca una diferencia muy grande con la negociación con las FARC, que se desarrolló bajo un cese unilateral e inviolado del fuego. Pero sí se ha determinado que en algunas regiones se bajará el nivel del conflicto para garantizar la seguridad de la población civil.
El Gobierno ha liberado algunos guerrilleros que se encontraban encarcelados para que actúen como negociadores. La legislación colombiana lo permite, con lo cual se niega el argumento de quienes quieren ver impunidad en estas excarcelaciones puntuales y con objetivo concreto.
Se ha especulado que el ELN es una organización federal con frentes descoordinados que no obedecen a un mando central, pero quienes se han acercado a ellos en esta oportunidad aseguran que eso no es cierto y que la mejor prueba de que esto es así es que en la mesa de negociación por parte de la guerrilla hay delegados de todos los frentes que la integran.
Esta negociación se desarrollará en un ambiente enrarecido por la acción de numerosos grupos violentos, algunos de ellos con un pasado guerrillero como es el caso de la Nueva Marquetalia, de Iván Márquez. Ante la sola posibilidad de que el Gobierno negocie con ellos, el rechazo ha sido rotundo por partidos y analistas políticos, entre ellos varios de izquierda, así como el jefe negociador y el Alto Comisionado de Paz del acuerdo con las FARC, porque consideran que Márquez ya tuvo su oportunidad y que en el Acuerdo quedó establecido que quien luego de la firma retomara las armas perdería todo beneficio de la justicia especial y quedaría sometido a la justicia ordinaria.
Colombia es un país de leguleyos, además de juristas prestigiosos y con toda seguridad habrá una salida jurídica al problema. De todas maneras, además de los grupos de narcotraficantes y las bandas criminales, están las disidencias de las FARC que ésas sí no firmaron el Acuerdo. Así que el panorama en cuanto al conflicto en que se desarrollará el proceso con el ELN está bastante convulsionado