En la vereda El Remanso, en el Sur de Colombia, el ejército realizó una operación que arrojó como resultados una mujer embarazada, un menor de 16 años, un gobernador indígena y 11 civiles más muertos. A un periodista que le señaló al comandante del ejército que esos no podían ser blancos legítimos, éste respondió sin inmutarse: “No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”.
Las evidencias contradicen al ministro de Defensa, quien aseguró que se trató de una operación contra el narcotráfico de las disidencias de las FARC. La comunidad se encontraba realizando un bazar cuando el ejército irrumpió. Los pobladores hablan, en cambio, de que quienes llegaron disparando indiscriminadamente vestían uniformes negros -que no son de la fuerza pública- y que cuando el ejército finalmente apareció, con estupor vieron que se los quitaron, delante de los soldados, para vestir los reglamentarios. Los cadáveres fueron manipulados y no aparecen las armas que debería tener un supuesto grupo armado al que atacaron.
“No entiendo por qué el Gobierno dice que hay 11 guerrilleros abatidos, si yo doy fe de que cinco de los asesinados son conocidos de todos nosotros”, según publicó la revista Cambio, que le dijo al periodista que envió al sitio de los hechos, uno poblador de la zona. Entre ellos, el gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa y el hijo de uno de los fundadores de esa vereda. Ni narcotrafi cantes ni bandidos. Si entre los muertos hubiera personas de grupos ilegales, en todo caso en esos momentos estaban desarmados, según informa la comunidad. O sea que todos estaban protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En la zona de la cuestionada operación se disputan el territorio los Comandos de Frontera (disidencia de las FARC comandadas por Iván Márquez) y el cartel de Sinaloa, que puede haber difundido la información de que en El Remanso se estaba realizando una transacción para comprar un gran cargamento de coca y esto concluyó en la operación militar. Lo evidente es que el ejército no pudo presentar ni una libra de droga incautada; lo único cierto es la muerte de civiles desarmados.
Uno de los generales comprometido con esta indefendible acción, Édgar Rodríguez Sánchez, fue comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena entre junio de 2006 y diciembre de 2007 periodo en el cual, según la JEP, se cometieron por lo menos 34 muertes “ilegítimamente presentadas como bajas en combate”. Definitivamente, hay costumbres muy difíciles de erradicar. Pero, más grave aún, ha podido seguir difundiéndolas como profesor en la Escuela de Armas y Servicios, Escuela de Infantería y Escuela Superior de Guerra. Y, como se acostumbra en los casos de militares troperos, fue condecorado con la Orden de Boyacá, y Medalla Militar Francisco José de Caldas en la categoría de Profesor y ascendido contra la oposición de Human Rights Watch que alertó sobre violaciones a Derechos Humanos del militar. Así que, aunque quisiera ser optimista, con esas enseñanzas el cambio de mentalidad en el ejército no será cosa cercana.
Por esos mismos días, en la misma zona, asesinaron a Pablo Vaquero, uno más en la larga lista de líderes sociales asesinados. “Que la paz no nos cueste la vida” es la consigna con que sus organizaciones ratifican su compromiso.
El ministro de Defensa, tantas veces cuestionado (en una operación militar en la cual murieron niños, dijo que estos eran máquinas de matar), esta vez tiene que enfrentar el pronunciamiento del gobiernista fiscal Francisco Barbosa presionado por las evidencias y la prensa investigativa: “En la operación nunca hubo personas capturadas, tal como lo había afirmado el Ejército, y, por tanto, no existían pruebas contra los civiles que resultaron heridos”. El presidente de la República, Iván Duque, en cambio, con su atropellamiento habitual salió de inmediato a los medios a decir que (en la operación se había) “neutralizado a 11 integrantes de disidencias de las FARC” y capturado “a cuatro criminales”.
Mientras el ministro de Defensa -contra quien se ha pedido moción de censura en el congreso- trataba de responder a las preguntas de la prensa y las organizaciones sociales que cada vez sugerían que esa operación no era otra cosa que el regreso de los falsos positivos, el presidente Duque presentaba ante el Consejo de Seguridad de la ONU un cuento de hadas de lo que su gobierno ha hecho para implementar su programa de paz con legalidad con lo cual trata de camuflar sus intentos denodados y permanentes por hacer trizas el Acuerdo de Paz, tal como lo había prometido su mentor el expresidente Álvaro Uribe.
La respuesta que recibió, aparte de resaltar la importancia del Acuerdo de Paz y los avances que se han logrado especialmente en desmovilización de combatientes, es que la ONU hace su evaluación con base en el acuerdo firmado en La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, en alusión a que lo que expuso el presidente Duque fue sobre los avances de su programa Paz con Legalidad. Así que el presidente Duque no pudo convencer ni con las trizas en que pretende convertir el acuerdo de paz ni los destrozos de su ministro ni este, al parecer, nuevo falso positivo.
Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de verificación de Naciones Unidas sobre el proceso de paz en Colombia manifestó: “Quisiera resaltar la importancia de realizar una investigación por parte de las autoridades por la muerte de 11 personas que incluyen indígenas y miembros de la comunidad durante una operación militar contra miembros de grupos armados organizados en el Putumayo”.
En momentos de una contienda electoral en la que el candidato de centro-izquierda Gustavo Petro -defensor del proceso de paz- tiene posibilidades ciertas de resultar vencedor, tropelías del ejército como la de El Remanso contribuyen a debilitar la postura del candidato del gobierno (a quien el presidente Duque, contraviniendo la ley hace campaña) el derechista Federico Gutiérrez, quien defiende las tesis uribista contra ese acuerdo.