La falta de memoria de los políticos en periodo electoral (o siempre, pero especialmente en esas etapas) llega a extremos que amenazan superar nuestra capacidad de asombro. Esta campaña a la Presidencia no iba a ser la excepción, pero seguimos asombrándonos.
El candidato Gustavo Petro, de izquierda, dijo que sus propuestas para el logro de un país más inclusivo y equitativo no alcanzarían a desarrollarse en un periodo presidencial (de cuatro años), de lo cual dedujeron sus adversarios de la derecha que estaba anunciando desde, ya que pretendía reelegirse.
El asunto no sería tan llamativo si quienes así pretenden descalificarlo no fueran los mismos que acompañaron la ruta de atropellos a la Constitución con que el expresidente Álvaro Uribe buscó y obtuvo la reelección.
La Constitución de 1991, fruto del acuerdo de varias fuerzas políticas, incluidas las que acababan de dejar las armas -como el M19, el EPL, el indigenista Quintin Lame- había prohibido la reelección. Además, desde antes, y como uno de los postulados básicos del Estado de Derecho, prohibía la legislación en causa propia. Es decir, las leyes son producto de acuerdos generales mediante las formalidades que la democracia establece y para buscar el bien común y no hecha a capricho del Mandatario que se favorecerá directa y personalmente con su emisión.
Pues el expresidente Uribe, elegido para un periodo de cuatro años, en ese momento con una gran popularidad y con el poder de la mayoría aplastante de los partidos que lo apoyaban, debidamente aceitados con prebendas, logró modificar la Constitución para revivir la fi gura de la reelección por una sola vez. Cumplido ese periodo excepcional consideró que necesitaba uno más y propuso una nueva modificación constitucional para ese efecto.
Con sus mayorías en el Congreso lo hubiera logrado si no se le hubiera atravesado la Corte Constitucional que frenó sus pretensiones. El rechazo de la población a las tropelías de la guerrilla jugó a favor de ese Presidente que tenía como propósito principal acabarlas.
De cómo se logró la reelección se derivaron causas penales que llevaron a la cárcel a varios altos funcionarios del gobierno y a una congresista, a quien “compraron” con asignación de notarías y otros cargos públicos para que votara “Sí”, y la forma como la engatusaron, del Presidente para abajo, forma parte de la historia de la picaresca política.
Ya obligado a dejar el poder, pero valido de su gran popularidad, Uribe logró imponer a Juan Manuel Santos, una vez que se frustró la candidatura del elegido de su corazón, el ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, aún preso por usar los fondos destinados a promover a los agricultores, para pagar apoyos políticos.
Ya es conocida la historia de cómo Juan Manuel Santos desoyó la voz del amo y se concentró, hasta lograrlo, en el Acuerdo de Paz que desmovilizó a las FARC. También él logró su propia reelección, pero así mismo la reforma constitucional que nuevamente la prohibió.
Pero Uribe, que conservaba una popularidad enorme, que gastó en muy buena parte en un ataque permanente a Santos y su Acuerdo de Paz, logró la elección de Iván Duque, que superó por muy escaso margen a Gustavo Petro en segunda vuelta.
Es decir, entre sus propias presidencias y las de sus candidatos, Uribe ha logrado cinco periodos presidenciales.
Ahora es claro que el ganador está entre ese que le pisó los talones a Duque en la elección pasada y el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez; y para lograr la derrota de Petro no se paran ante nada: el Comandante del Ejército lo critica violando la prohibición de intervenir en política y el Presidente no lo llama a calificar servicios y ni siquiera le llama la atención; por el contrario, lo respalda; se denuncia una amenaza de muerte contra él y el gobierno no responde; Duque viola la Constitución criticando cada propuesta de Petro como si él fuera un candidato más y no el Presidente, y no pasa nada.
Y, como si fuera poco, el Gobierno y su fuerza en el Congreso modificaron la Ley de Garantías que prohíbe al Estado la contratación pública no esencial en periodo electoral para evitar que su empleo en apoyo a campañas políticas. Una vez aprobado el adefesio, se asignaron a la carrera miles de millones de pesos y ahora, cuando la Corte Constitucional lo declara inconstitucional, con efecto retroactivo, no se sabe cómo lograrán rescindir esos contratos y recuperar el dinero. (En caso de que quisieran hacerlo).
Todo ello, para perpetuarse en el poder reeligiéndose nuevamente en cuerpo ajeno. ¡Y acusan a Petro de querer reelegirse!
Ahora interviene un nuevo ingrediente muy peligroso: la extradición de “Otoniel”, capo de la mayor banda criminal del país. Sus víctimas y las organizaciones sociales que las respaldan, se opusieron porque ya había empezado a declarar ante la Comisión de Justicia y Paz (JEP) y denunciado a políticos y funcionarios, y con su ida la verdad sería escamoteada. En protesta, su banda decretó un paro armado y, a sangre y fuego, tiene sometida una vasta región. Es otra derecha en armas. Y ahora, a diferencia de cuando se hicieron las manifestaciones estudiantiles y de sectores populares, no hemos visto la virulencia de la fuerza pública contra ellos. Así, ¿cómo se podrá adelantar la jornada electoral en esas regiones? El país contempla asombrado esa aparente pasividad que la gente interpreta como complacencia.
¿Qué buscan?.