A punto de entrar al último tercio de su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado muestra de cuáles serán los lineamientos estratégicos que darán orientación política a su proceso sucesorio y de transición de poder. Para que este proceso garantice la continuidad de su proyecto de transformación de país, el Presidente deberá hacer uso de las facultades meta-constitucionales y constitucionales que tiene a sus disposición.
El Presidente López Obrador ha logrado concentrar poder como ningún otro titular del ejecutivo en la historia reciente del país. Esta concentración de poder le permite controlar y orientar las tareas políticas y administrativas en las entidades federativas que gobierna MORENA y también en algunas cuyos gobernantes han optado por “alinearse” para evitar confrontaciones. Le permite también tener el respaldo mayoritario en las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión y en la gran mayoría de los Congresos Estatales, además de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con la “no objeción”, al menos de la mayoría de los Ministros, en los temas que son de su interés.
Como desde el inicio de su gestión, el Presidente López Obrador actúa también como el jefe de su partido político. En este, se imponen sus opiniones y decisiones, como seguramente sucederá en la definición del candidato o candidata que competirá para sucederlo en el cargo en 2024. Las señales y mensajes que expresa todos los días no dejan lugar a dudas de que será la decisión más importante de su vida política.
La falta de contrapesos desde la oposición y la fuerte influencia del Presidente en la opinión pública a través de los medios de comunicación masiva le permiten expandir el poder que concentra sin que le implique mayor desgaste o costo político a su persona o a su partido político. Estas condiciones le han permitido a MORENA ser el mayor beneficiado del poder político del Presidente, regresando con esto a la existencia de un partido hegemónico que se impone a los demás partidos para convertirlos en satélites o en llana oposición fallida y testimonial.
Ante este panorama, más allá de sus facultades meta-constitucionales para designar a su sucesor y de ser el Jefe político de su partido, el Presidente de la República deberá respetar y ejercer las facultades constitucionales que permitan la transición política del poder de manera ordenada y pacífica.
Desde esta perspectiva, se requiere que el titular del poder ejecutivo actúe como estadista. Esto implica fortalecer a las instituciones electorales y mantener la imparcialidad que como Jefe del Estado mexicano debe asumir para garantizar la subsistencia de nuestro sistema democrático, el cual deberá seguir conformado por partidos que representen la diversidad ideológica y política del país, así como por organizaciones de la sociedad civil que hoy encabezan y defienden causas de grupos minoritarios o emergentes mediante agendas que robustecen nuestro sistema de libertades.
La discusión, así como el escrutinio público sobre el proceso sucesorio y la transición del poder, deberá de ser lo suficientemente amplia y plural para que quienes sean las y los candidatos a la Presidencia de la República se vean obligados a generar consensos, equilibrios y acuerdos que permitan incorporar en sus propuestas y proyectos todas las visiones y posiciones respecto del desarrollo de nuestro país.
Lo que está en juego no es la continuidad o viabilidad de un proyecto político, lo que está en juego es la gobernabilidad, la estabilidad y la subsistencia del Estado Mexicano como un régimen democrático de derecho que garantice el respeto universal a las libertades de todos los mexicanos.