El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta su más difícil momento por la captura de su hijo Nicolás, quien, después de haberse declarado inocente, cambió su posición -por coacción, ha dicho el mandatario y lo reafirma el abogado defensor- y acusó a la campaña presidencial de su padre de haber recibido dineros de la mafia.
El presidente reaccionó de inmediato lamentando su dolor de padre y asegurando plenas garantías a la Fiscalía General para adelantar su tarea.
El Fiscal General, compañero de pupitre del anterior presidente, Iván Duque, y quien no ha disimulado su animadversión por Petro, tiene en contraste detenida la investigación sobre la estrecha amistad del exmandatario con el narcotraficante Ñeñe Hernández financiador de su campaña. Ese caso, conocido como la ñeñepolítica, duerme plácidamente en la Fiscalía.
En el que ahora nos ocupa, por el contrario, ha actuado con gran rapidez, realizando la captura contrariando la ley penal que ordena que primero debe surtirse la imputación, salvo caso de peligro evidente de fuga, que no se configura aquí.
Pero el fiscal, que actúa como político en campaña (se rumora que aspira a la presidencia) ha ido más allá: la captura fue humillante, se realizó sin el mínimo decoro, filmando al presunto culpable y a su pareja en la cama, desnudos, en un operativo tan espectacular como injustificado, todo registrado por la prensa a la cual avisó previamente.
Nunca en Colombia se había visto la captura del hijo de un presidente y puede ser este el proceso más complicado que se haya dado en el país, al punto de afectar peligrosamente la gobernabilidad. Muy distinto a los casos de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, quienes, a pesar de graves indicios en su contra, han contado con la inactividad de la Fiscalía. Y el más reciente, en el Gobierno de Iván Duque, de 60 mil millones de pesos (14 millones 493 mil 768 dólares al cambio actual) destinados a la conectividad de escuelas rurales, que se esfumaron sin que la Fiscalía se dé por enterada. La diferencia es que el presidente actual no salió de las entrañas del establecimiento; por primera vez gobierna un exguerrillero.
Simultáneamente con el caso de Nicolás Petro, se conoció el robo de miles de millones de dólares a Ecopetrol, la mayor empresa del país, cometido por ejecutivos de muy alto nivel social, que se asociaron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para robarse el petróleo colombiano, mezclarlo con el que se robaban en Venezuela y venderlo mediante una sofisticada trama de empresas legales, esquilmando así el patrimonio de los colombianos. También se destapó el caso de un informe de medicina legal que demostraba un homicidio y que la Fiscalía alteró para presentarlo como muerte natural. Pero el fi scal, al parecer, considera todo eso una minucia frente al arribismo del hijo del presidente Petro y sus conexiones mafiosas -por las cuales debe responder- quien ahora, tal vez envenenado por sus captores, o presionado por ellos, se niega a recibir la visita de su padre.
El Fiscal General mismo ha sido señalado de indelicadezas tales como pagar su servicio doméstico con dineros de la Fiscalía, destinar funcionarios de esa entidad para pasear a sus mascotas, ir en el avión de la entidad a la isla turística de San Andrés en medio del encierro de la pandemia y hacer abrir las tiendas para que él, su esposa, su hija y la amiga de ella, hicieran compras, y recibir sueldo como profesor de su universidad de extrema derecha sin dictar clases.
Queda claro que el proceso a su hijo es un ataque al presidente, realizado el día de cierre de las inscripciones de candidatos a alcaldías y gobernaciones, cercana la fecha en que se realizarán esas elecciones a las cuales se presentan candidatos de la coalición de Gobierno.
El presidente Petro dio como respuesta una lección de democracia republicana, acatando la ley y creando hechos contundentes: presentó la terna para elegir fiscal integrada por primera vez en la historia por tres mujeres, que han sido hostigadas y aún despedidas de la Fiscalía General para frenar sus investigaciones contra masacres, narcotráfico y paramilitarismo que involucran a personajes muy importantes de la política nacional. Nombró ministro de Cultura al editor de Planeta que renunció a esa casa editorial cuando se negó a publicar un libro sobre el poder corrupto del clan Char, el más poderoso de la costa caribe, e instaló, ante multitudinaria concurrencia, el Comité Nacional de Participación de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN, con lo cual se consolida el proceso de paz con esa guerrilla.