El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se vio obligado a entregar su pasaporte tras una operación policial dirigida contra él y varios de sus colaboradores cercanos este jueves.
La acción, denominada "Tempus Veritatis", investiga los intentos de subversión del orden democrático que culminaron en los disturbios del 8 de enero de 2023.
Según informes, esta trama habría comenzado antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en las que Bolsonaro fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
La policía emitió 33 órdenes de allanamiento y cuatro de arresto, además de confiscar pasaportes para evitar que los implicados abandonen el país.
Bolsonaro, quien ha negado las acusaciones, expresó su frustración alegando ser víctima de una persecución persistente. "Olvídense de mí", declaró el exmandatario de 68 años, mostrando su desdén por las acusaciones.
La operación afecta a altos rangos del sector militar y político, incluidos el general Walter Braga Netto y el general Augusto Heleno, figuras claves durante la administración de Bolsonaro.
Hasta el momento, se han efectuado tres arrestos, incluido el presidente del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, encontrado en posesión ilegal de un arma.
La investigación sugiere que los implicados buscaron deslegitimar el proceso electoral, promoviendo la idea de un fraude electoral para justificar una intervención militar.
Bolsonaro fue previamente inhabilitado políticamente hasta 2030 por difundir información falsa sobre el sistema de votación electrónico de Brasil.
Además, se reveló que Bolsonaro recibió y aprobó un "decreto" que buscaba un golpe de Estado en noviembre de 2022, proponiendo incluso la detención del magistrado Alexandre de Moraes.
Este plan contemplaba presionar a los comandantes militares para que apoyaran el intento de golpe.
Recientes hallazgos incluyen un documento en la sede del Partido Liberal que sugiere la proclamación de un estado de sitio, aunque el equipo de Bolsonaro niega su autoría.
Estos hechos culminaron el 8 de enero, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales, un acto que ahora se investiga como instigado por el exmandatario.
Lula, el actual presidente, ha pedido que se aplique la ley con rigor, mientras que Bolsonaro enfrenta recientes multas por difundir desinformación.
Las investigaciones continúan, apuntando ahora a los instigadores y operadores intelectuales de los disturbios, evidenciando un movimiento golpista que pone en tela de juicio la defensa del expresidente.
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