Aragua es uno de los 23 estados de Venezuela, notorio por haberse originado allí la megabanda criminal conocida como El tren de Aragua (TdeA), surgida alrededor del 2007. En breve tiempo, la enorme y agresiva pandilla se convirtió en la organización criminal más importante de Venezuela y Sudamérica, comparable a la Mara salvatrucha y a algunos de los remanentes de las exguerrillas colombianas, a las cuales ha superado con creces. Al asociarse con la oposición política violenta, se politiza.
En poco tiempo se hizo presente en prácticamente todo el territorio venezolano y, favorecida por la enorme emigración se ha extendido a varios países, entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos y México, en los cuales se asocia con elementos de la delincuencia local.
Por carecer de ideología, preferencias políticas o escrúpulos, todas sus actividades son lucrativas. Sus preferidas son las más violentas: asesinato, robo, incluyendo el de armas, extorsión, comercio sexual, chantaje, narcotráfico, secuestros, tráfico de personas, contrabando y otras. Sus integrantes pueden superar los 20 mil.
Con los lucros obtenidos mediante sus operaciones delictivas, que en Venezuela incluye actuar como sicarios políticos, una de las más lucrativas, la banda financia sus actividades, incluida la adquisición de armamento letal, a la vez que favorece el enriquecimiento de sus cabecillas. Debido a su estructura basada en efectivos clandestinos y comandos locales, practican la extorsión a los pequeños y medianos negocios, el chantaje contra los funcionarios y los secuestros de personas prominentes.
En cuanto a las Fuerzas Públicas locales, su cometido es neutralizarlas mediante amenazas a sus familias. En el extranjero, el TdeA, opera contra las colonias de emigrados venezolanos que suman millones, a los cuales extorsiona y atemoriza mediante sus nefastas prácticas. Perseguidos por las autoridades venezolanas, confundidos entre las oleadas de emigrantes y haciéndose pasar por opositores políticos, elementos de la banda criminal han llegado a Estados Unidos donde reconstruyen su organización, se asocian a pandillas y narcotraficantes locales, y encuentran amplios espacios para sus actividades.
Debido a su crecimiento, despliegue internacional y nivel de violencia, el gobernador de Texas, Greg Abbott, la calificó de Amenaza de Primer Nivel, y en el estado de Colorado crearon una sección especial en la Policía, incluso el expresidente Joe Biden la inscribió como Organización Criminal Transnacional, mientras el presidente Donald Trump subió la parada al designarla organización terrorista.
En una explosiva expansión, las autoridades han detectado actividad del Tren de Aragua en unos 20 estados, con particular intensidad en Florida, Colorado, New York, New Jersey, California, Montana, Luisiana, Texas y Virginia. Debido a tales circunstancias, las autoridades refieren la existencia de más de 100 investigaciones en curso.
El pasado 2 de febrero, en una acción que combina la protección del territorio norteamericano, castiga a los delincuentes y subraya su política anticubana, Trump, como parte de su cruzada antiemigrantes, envió delincuentes y criminales convictos a la cárcel instalada en la Base Naval de Guantánamo, entre ellos efectivos del Tren de Aragua a donde, según sus palabras, “Iría lo peor de lo peor”.
En consecuencia, el pasado 2 de febrero, llegó a Guantánamo el primer grupo de pandilleros del Tren de Aragua, acerca de los cuales no se ha revelado información, de modo que no se conoce si se trata de criminales convictos, pandilleros indocumentados, cabecillas, pero algo de eso habrá para haber clasificado entre “lo peor de lo peor”.
De ese modo, Estados Unidos, además de vulnerar su propia Constitución, la cual establece el “trato igualitario” y, por tanto, el derecho al debido proceso a todas las personas que acceden a su territorio (14ª Enmienda). Además, ilegalmente Estados Unidos ejerce soberanía sobre un territorio que les fue arrendado (no vendido ni cedido), y cuya devolución, con el derecho que asiste a los arrendadores, el Estado cubano reclama.
Por otra parte, convierte en cárcel un espacio que les fue alquilado para establecer estaciones carboneras y navales, no prisiones. Mientras, además de continuar demandando la devolución del territorio nacional arrendado, seguramente el Gobierno cubano reclamará la violación de los términos del contrato y subrayará los peligros que, para las comunidades de Guantánamo y la seguridad nacional, representa la estadía de criminales, pertenecientes o no al Tren de Aragua, y cuya ubicación en el territorio nacional ocupado puede prestarse a enormes provocaciones. Seguramente se actuará.