Impunidad y protección 'oficial”

De la Redacción

Raúl Luis Martins Coggiola contaba con una alerta migratoria en su contra desde el 2004, y aún así pudo hacer negocios, establecer una red de corrupción de trata de personas e incluso solicitar de manera irregular la nacionalidad mexicana, para evitar hacer frente a la justicia de su país natal.

Lo anterior se desprende de la investigación que se lleva a cabo tras la detención del ex espía argentino realizada el jueves pasado por la Interpol y que tiene como finalidad su extradición a Argentina.

De entrada, se ha confirmado una gran estela de corrupción que protegió más de 18 años a Raúl Luis Martins. En esta protección, están directamente los gobiernos de Vicente Fox Quesada, así como de Felipe Calderón Hijonosa a nivel federal.

En Quintana Roo, los gobiernos de Joaquín Hendricks Díaz -principal protector de Raúl Luis Martins-, así como los de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, fueron pieza clave para que desde la extinta Procuraduría de Justicia (hoy Fiscalía General de Justicia del estado), no se procediera conforme a la ley contra Raúl Luis Martins a pesar de que se tenían todos los elementos y agravantes para hacer valer la Ley.

Sin embargo, ninguno de estos personajes tanto de la política nacional como la estatal, tomaron el camino de la legalidad. Por el contrario fueron piedras angulares para crear el entorno de corrupción que sentó las bases para lo que ahora se vive en el Caribe mexicano en términos de seguridad.

La alerta migratoria fue emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través del Instituto Nacional de Migración, INM, bajo el expediente SDRM 6495/2004.

Este dato no es menor y es fundamental en la investigación y en su posible desenlace. Los diarios POR ESTO! en el 2006 dieron a conocer por primera vez la existencia de la alerta migratoria contra Raúl Luis Martins.

La emisión de la alerta migratoria se derivó debido a que desde su entrada al país en el 2002 vía Tijuana, México, Raúl Luis Martins contaba con antecedentes para ser considerada persona “non grata” en el país.

De hecho, con ese estatus migratorio Raúl Luis Martins no debió permanecer más de seis meses en México, sin embargo, por la estela de corrupción logró asentarse por más de 13 años. Así de fuerte era su nexo con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Entró a México con Alerta migratoria, vía Tijuana y no por Cancún

Con alerta migratoria, el ex espía de la dictadura argentina ingresó a México el 19 de mayo del 2002 según el registro obtenido en el Instituto Nacional de Migración, INM. Lo hizo a través de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California Norte.

De acuerdo a la información obtenida, su ingreso se dio mediante el permiso de estancia para turista, el cual contaba con 180 días para permanecer en territorio nacional y de ahí regularizar su situación. Esto último, no sucedió.

Mediante su sistema de corrupción, Martins Coggiola obtuvo una visa de trabajo (FM3) el 13 de noviembre de ese 2002 en Cancún y a partir de ahí comenzó su imperio de prostitución y delincuencia organizada.

En junio del 2004, el Instituto Nacional de Migración detecta el vencimiento de la visa de trabajo y procede a levantar un extrañamiento migratorio para ver las condiciones del extranjero en cuestión. Fue ahí cuando se descubrió su personalidad y de inmediato la Secretaría de Gobernación a través del INM emitió la alerta migratoria bajo el expediente SDRM 6495/2004, la cual no procedió, debido al poder que tenía Raúl Luis Martins.

El ex espía argentino contaba con la protección y “amistad” del entonces titular del Juzgado Segundo de Distrito, Alfonso García Lanz, quien emitió el amparo correspondiente para evitar la acción de la justicia.

A partir de ese momento, Raúl Martins enfrentó en Cancún la activación de una alerta migratoria, por lo que fue sujeto de una intensa investigación por parte de la PGR para dilucidar los pormenores de una supuesta red internacional de prostitución con base en mujeres extranjeras que tenían su base de operación en el The One, de Cancún, y en el centro nocturno Maxim, que se ubicaba en Playa del Carmen.

Asimismo, un hecho aún no esclarecido en torno a Raúl Martins es el homicidio en 2004 del noruego Peterson Kenneth Turbjorn, alias Mike Arturo Wilson García, quien era novio de su hija Lorena Martins, y apareció asesinado en la Zona Hotelera de este destino.

Desde ese asesinato, la joven se refugió en España. Sin embargo, el 28 de enero del 2008 la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún, Quintana Roo, cerró las investigaciones por el caso de la red de prostitución y delincuencia organizada en el centro nocturno The One, propiedad del ex espía argentino Raúl Luis Martins Coggiola.

Pese a la publicación de documentación sobre los hechos y los testimonios de mujeres y extrabajadores del centro nocturno, respecto de que en ese lugar operaba un centro de prostitución y se tenía la presencia de miembros de los “Zetas”, la PGR cerró el expediente.

Protección de alto nivel, corrupción de gobiernos priístas y panistas

Por la protección de exgobernadores, políticos, funcionarios públicos y empresarios, Raúl Luis Martins ha logrado permanecer en México desde el 2004 a pesar de que pesa en su contra una alerta migratoria emitida por la Secretaría de Migración, a través del Instituto Nacional de Migración, INM, bajo el expediente SDRM 6495/2004 y que en su momento no procedió por la corrupción y el amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún y a cargo del juez Alfonso García Lanz quien, en su momento, también fue relacionado por brindar proteccionismo al grupo delincuencial de “Los Zetas”.

Por si esto fuera poco, el exgobernador Joaquín Hendricks Díaz frenó por completo cinco denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría de Justicia del estado en contra de Raúl Luis Martins. Una de las querellas refiere que Raúl Martins no reportaba ganancias a sus socios en la empresa Turística Swing, S. A de C. V., con lo que incurrió en una doble contabilidad que presuntamente engañó al fisco y a sus propios clientes. Las denuncias estaban bajo los números de averiguación previa AP/CAN/89-501/04 y la AP/CAN/262/04 por los mismos delitos; además de las existentes en Tijuana donde se le sigue el proceso AP/565/2004 por abuso de confianza y administración fraudulenta. También hay denuncias por amenazas, conforme se asentó en las averiguaciones previas ZH/433/2004, ZH/434/2004 y ZH/435/2004, todas en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en la Zona Hotelera de Cancún.

Todas estas demandas fueron “congeladas” y “desaparecidas” durante la administración de Joaquín Hendricks Díaz. En su momento el gobernador dictó por la orden sobre el estatus de Raúl Luis Martins, como “intocable”.

Lo mismo ocurrió en Yucatán donde Alejandro Patrón Laviada la “Vaca” Laviada, convenció a su hermano Patricio de dar permisos para prostíbulos a Raúl Luis Martins en Mérida, mediante prestanombres.

A nivel federal, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, PGR, cerró la investigación contra Martins Coggiola el 28 de enero del 2008 bajo el argumento de que no “existían elementos” para proceder en su contra.

Joaquín Hendricks lo trae al Caribe Mexicano

Durante su gobierno, Joaquín Hendricks Díaz fue señalado por tener una infinidad de prestanombres y socios que generaron un gran daño a Quintana Roo y sentaron las bases de un gran nido de corrupción.

Dentro de esos amigos y socios del exgobernador, se encontraba Raúl Luis Martins, quien al fallar en su intento de crear la red de prostitución en Tijuana, Baja California, fue rescatado por Hendricks Díaz.

De acuerdo a una investigación dada a conocer en el 2004 por los diarios POR ESTO!, el 19 de mayo del 2002 Raúl Luis Matins entró a México vía Tijuana, Baja California Norte, con la finalidad de tender su red en la ciudad fronteriza.

Sin embargo, su plan no tuvo eco en la frontera norte. Tanto las autoridades locales como el grupo delictivo de los Arellano Félix no creyeron en el negocio que proponía el ex espía de la SIDE en Argentina.

De hecho, Raúl Luis Martins estuvo a punto de ser ultimado, toda vez que 18 días después de su ingreso a Tijuana fue “levantado” por el cártel de los Arellano Félix, que controlaba todo lo relacionado a la prostitución.

Tras diez días de cautiverio fue liberado y a través de la delegación del Instituto Nacional de Migración fue enviado en primera instancia a la ciudad de México, donde fue contactado por “representantes” del exgobernador de Quintana Roo Joaquín Hendricks Díaz.

A partir de ahí Raúl Luis Martins no sólo salvó la vida sino que encontró la red de protección que buscaba para tender su negocio de trata de personas con total impunidad y sin restricción alguna.

El registro preliminar del Instituto Nacional de Migración sostenía -antes de que fuera borrado el expediente- que Raúl Luis Martins había entrado a Cancún el 5 de octubre de ese mismo año 2002.

Un mes después, el 13 de noviembre logra su visa de trabajo (FM3) en la delegación estatal de Migración de Quintana Roo, en las oficinas de Cancún. Por este registro es que se maneja la versión que Raúl Luis Martins había entrado a México vía el Caribe mexicano.

Para mantener su red de protección, Raúl Luis Martins repartía entre los tres niveles de gobierno más de 2 millones de dólares en efectivo y tenía a su disposición a toda la plantilla del Instituto Nacional de Migración.

De hecho, la entonces Procuraduría de Justicia, a cargo de Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, también estaba a su disposición por orden del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz y por el gobernador recién en turno en aquel momento, Félix González Canto.

Prueba de esto se dio en el 2005 cuando se dio una diligencia en el bar “The One” donde una comitiva de 10 elementos de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, llegó desde la ciudad de México para revisar los papeles migratorios tanto de Luis Martins como de las mujeres extranjeras que laboraban en el club nocturno.

Los agentes del instituto pretendían realizar en compañía de elementos de la Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) un operativo de verificación, pero fueron agredidos físicamente por elementos de seguridad privada.

De inmediato Martins Coggiola interpuso una querella por robo en contra de los funcionarios federales y nunca se manejó la presencia de la Fuerza Interinstitucional Policial, (FIP), en los hechos.

La protección era tal que Raúl Luis Martins contaba con 20 patentes de venta de licores a pesar de que sólo presentaba 4 establecimientos considerados como centros nocturnos, también conocidos como Table Dance.

Las patentes fueron entregadas por orden gubernamental y el recaudador de rentas en ese momento, Eduardo Novelo Rivero, tuvo que someterse a tal acción a pesar de que en su momento había informado que en los dos primeros meses del año 2005 se registraba el resello de estos documentos y que conforme al Artículo 30 de la Ley de Alcoholes el gobernador del estado podía revocar una patente cuando a su juicio así se requiera por razones de orden público, faltas a la moral, a las buenas costumbres o cuando medie otro motivo de interés general, previa audiencia al afectado, quien también tendrá cinco días para exponer lo que en derecho corresponda.