'Cifra negra” en extorsiones

De la Redacción

A merced de la delincuencia permanecen empresarios, comerciantes y negocios familiares en todo el estado de Quintana Roo, víctimas de extorsiones y ejecuciones del crimen organizado; ante la ineficacia e indiferencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de investigar las extorsiones que se cometen mediante el cobro de “derecho de piso”; y de detener a los responsables de este delito, el cual ha cobrado ya varias vidas.

De enero a noviembre de este año, el estado reportó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un total de 254 denuncias por el delito de extorsión, de las cuales, 153 son sólo del municipio de Benito Juárez; según el Semáforo Delictivo Nacional.

Comparado con el mismo período en el 2018, las extorsiones en este destino turístico se incrementaron en un 163 por ciento, mientras que a nivel estatal se incrementaron en 117 por ciento.

Esto, sin tomar en cuenta la gran cantidad de denuncias que no son presentadas, por miedo y desconfianza en las autoridades.

Apenas el jueves, un hombre fue ejecutado a balazos en Playa del Carmen, al interior de un modesto negocio de venta de pollos crudos, y el “error” que le costó la vida fue negarse a pagar las extorsiones de un grupo delictivo, que le exigía el llamado “derecho de piso”.

Días antes, su madre fue ejecutada por la misma razón, no pagar la extorsión.

El pasado 22 de diciembre, dos hombres fueron ejecutados en una cafetería de la comunidad de Xul-Há, llamada “El Retorno del Camionero”, a manos de un sujeto que llegó a exigirles el llamado “derecho de piso”.

A nivel nacional, se difundió un video, en el que puede apreciarse cómo el extorsionador, llega exigiéndole dinero al encargado del lugar, mientras dos jóvenes cuidaban la entrada del lugar.

Después, llega el dueño de la cafetería y tanto el como el encargado, fueron ejecutados a balazos por el delincuente frente a las mujeres que estaban ahí.

La historia se repite así en cada caso, en donde las víctimas son amedrentadas para pagar “derecho de piso”, a cambio de que sus locales no sean atacados, o que ellos o sus familiares no sean lesionados o incluso asesinados.

Y no importa el giro del negocio, pues lo mismo da que sea una empresa grande, a un simple puesto de tacos, tiendita de la esquina, vendedor ambulante, o cualquier tipo de comerciante.

Esto quedó más que comprobado en el mes de noviembre, cuando un humilde reparador de calzado fue acribillado en el fraccionamiento Prado Norte, por sujetos que escaparon en una motocicleta.

El hermano de la víctima dijo a las autoridades que días antes sujetos desconocidos habían visitado a su hermano, para exigirle que pagara “derecho de piso”, para que pudiera seguir con su negocio de reparación de calzado.

Muchos, la gran mayoría, han preferido cerrar sus locales comerciales, para evitar ser víctimas de las extorsiones, o de sufrir algún ataque armado en contra de sus negocios o sus propias personas.

Historias como esas se repiten y se repiten, ante la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente, de la Fiscalía General del Estado (FGE), que es la encargada de investigar y perseguir el delito de extorsión.

Y es precisamente por esa indiferencia e incapacidad que existe una cifra negra no cuantificada en el delito de extorsión, pues se desconoce cuantas personas que han sido víctimas de extorsión no han denunciado por miedo o desconfianza en las autoridades.

Las únicas cifras abiertas con las que se cuenta para medir este y otros delitos, son las notificadas por la Fiscalía General del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De enero al mes de noviembre de este año, el estado de Quintana Roo reportó un total de 254 denuncias por el delito de extorsión, registrando el mes de octubre como el de mayor número de denuncias con un total de 31.

Comparando el mismo período con el año 2018, la cifra de extorsiones a nivel estatal se incrementó en un total de 117 por ciento.

El Semáforo Delictivo Nacional es otro indicador que permite medir el nivel de violencia en el país, pues ofrece cifras de varios delitos, incluidos el de la extorsión.

Según sus registros, de enero a noviembre de este año, el municipio de Benito Juárez sumó un total de 153 casos de extorsión, lo que representa poco más del 66 por ciento de la cifra total a nivel estatal.

Al comparar la cantidad de casos de extorsión en el municipio de Benito Juárez, con el mismo período en el 2018, el incremento es estrepitoso, pues sólo se reportaron 58 casos, lo que significa un aumento del 163 por ciento en este delito, sólo en este municipio.

Durante el 2019, el mes que registró mayor número de extorsiones en el municipio de Benito Juárez, fue el mes de octubre con un total de 20 casos, mientras que el mes con un menor índice en este delito, fue el mes de enero.

Las cifras del mes de diciembre aún se desconocen, pues será hasta el año siguiente cuando las Fiscalías de todo el país entreguen su acumulado de denuncias al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.