De la Redacción
Secuestros y desapariciones de personas, enmarcan la embestida del crimen organizado contra Cancún, pues así como la comunidad médica fue duramente sacudida con el plagio del médico J. F. R. D., diversos sectores de la ciudad padecen la percepción de grave inseguridad con la cadena de hechos delictivos, que las autoridades se empeñan en ignorar.
Porque detrás de los secuestros, se encuentra la serie de extorsiones a empresarios y pequeños comerciantes, quienes viven atemorizados por los grupos delictivos que les exigen el pago del llamado “derecho de piso” para dejarlos laborar y evitar sufrir daños en sus negocios o incluso perder la vida.
Ayer mismo, empleados de una tienda de artículos de piel, ubicada en la plaza Marina Town de Puerto Cancún, fueron amenazados por sujetos que exigían el pago del “derecho de piso”, lo que generó una intensa movilización policíaca.
La noche del jueves, un médico ginecólogo fue secuestrado en la Supermanzana 51 y horas después, fue liberado tras el pago de un rescate de 500 mil pesos y una camioneta Lincoln.
Al día siguiente, se reportó la privación de una mujer, en la zona de bancos de la avenida Tulum.
Así, las desapariciones de personas y secuestros, se registran en medio de la ola de violencia que el crimen organizado mantiene en este destino turístico.
Además, los cobros de extorsiones mediante el llamado “derecho de piso”, a empresarios y pequeños comerciantes, no cesan y prueba de ello es que ayer por la tarde se generó una intensa movilización policíaca; después de que empleados de la tienda “Euro Piel Lacer Center”, denunciaran un intento de extorsión.
La tienda se ubica en la plaza Marina Town Center de Puerto Cancún, hasta donde llegaron varias unidades policíacas, sin que lograran detener a los responsables de la extorsión, quienes se dieron a la fuga a pesar de que el lugar sólo tiene dos entradas y salidas; una por la avenida Bonampak y la otra, por el bulevar Kukulcan en la Zona Hotelera de esta ciudad.
Y mientras todos los sectores de la sociedad quedan en medio de los hechos delictivos, las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantienen indiferentes e indolentes; dejando que la percepción de inseguridad se mantenga al alza, aun cuando se empeñen en hacer creer lo contrario, a través de campañas mediáticas a nivel nacional.
Hace unos días, un restaurante de comida uruguaya, ubicado en la Supermanzana 500, fue atacado a balazos y con bombas Molotov, como parte de las acciones del crimen organizado para intimidar y presionar a sus víctimas para que paguen la extorsión del “derecho de piso”.
Quienes se niegan a pagar, son amedrentados de esa forma, o incluso, pueden hasta perder la vida.
Anteriormente, los grupos delictivos se centraban en grandes establecimientos comerciales, sobre todo, bares, discotecas y restaurantes; a quienes cobraban las extorsiones.
Sin embargo, hoy en día sufren lo mismo pequeños comerciantes y hasta vendedores ambulantes, de cualquier parte de la ciudad, pues son “visitados” por sujetos que les exigen una cuota semanal, quincenal o mensual; variando la cifra de acuerdo al giro y tamaño del negocio, sin que nadie se salve de ser extorsionado.
Y mientras la ciudadanía expresa su hartazgo por la inseguridad que se vive en la ciudad diariamente, las autoridades simplemente callan y pretenden hacer creer que tienen un control de la ciudad, mediante el llamado “Mando Único”; cuando en realidad no ha servido para nada.
La violencia sigue registrándose diariamente y cualquier ciudadano corre el peligro de ser secuestrado, “levantado”, asaltado, o extorsionado; esto, sin tomar en cuenta el riesgo que corren de salir heridos, al quedar en medio de alguno de los ajustes de cuentas entre grupos delictivos que se ven todos los días.