Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 4 de febrero.- Luego de que a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se le cayera el caso VIP Saesa, con la reciente exoneración de su exdirector Carlos Acosta Gutiérrez, que era el principal acusado en el expediente, diputados de la XV Legislatura citaron a comparecer al auditor superior de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, para que informe sobre del estado en que se encuentran las investigaciones que corresponden al ejercicio de la administración anterior.
La reunión está programada para el próximo 6 de febrero y se hizo a petición del diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, quien es el principal promotor del caso VIP Saesa, orquestado como una venganza política contra la pasada administración.
En ese sentido, el legislador informó que se tiene contemplada una reunión para este miércoles y se espera que el auditor informe del estado en que se encuentran las investigaciones que corresponden al ejercicio de la administración anterior, así como un avance de los reportes de la Cuenta 2017. De acuerdo con declaraciones del propio auditor, existen 38 procesos abiertos.
Ramos Hernández dijo que el periodo ordinario de sesiones dará inicio el próximo 15 de febrero, mientras que la ley establece el 20 de febrero como fecha límite para que el titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) entregue el reporte 2017 correspondiente a la administración del gobierno en turno, aunque este miércoles tendrá que comparecer ante la XV Legislatura para que dé a conocer los avances en las investigaciones.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta señaló que, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución en su fracción II, el auditor entregará “…el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo”.
Es ahí en donde se verificará la forma en que se han administrado los recursos públicos y, en caso de haber inconsistencias, los servidores implicados deberán atender las observaciones en un plazo no mayor a 30 días, el cual podrá extenderse, a solicitud del funcionario, hasta 120 días más con el objetivo de que reúna los elementos para su justificación o se subsanen las observaciones señaladas.
El legislador dijo que la propia Constitución marca que tales informes son de carácter público, por ello se deberán dar a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.
“Posterior a ello, a partir del 20 de febrero estaremos recibiendo todos los informes de las cuentas públicas de 2017”, explicó Ramos Hernández.
Mencionó que se va a revisar el informe y a través de la Unidad de Vigilancia dependiente de la Comisión que preside, lo que se verificará son los procedimientos que haya establecido la Auditoría Superior del Estado de los ejercicios 2017.
“Hay que entender que lo que se anuncia cuando se traigan los informes será apenas el primer paso, derivado de ello los entes públicos, los servidores públicos, tienen por ley periodos de tiempo para comprobar y aclarar todas las observaciones que pudieran generarse de las cuentas públicas”, precisó.