Fracasaron intentos de juicios políticos

Por Gabriel E. Manzanilla

CHETUMAL, 17 de marzo.- A escasos cinco meses de concluir sus funciones, la XV Legislatura del Congreso del Estado no ha podido sacar adelante ninguno de los procedimientos de juicio político instaurados contra exfuncionarios y magistrados del Teqroo, de los cuales en su mayoría se han caído por falta de pruebas y/o por no estar debidamente sustentados.

El último que sigue en proceso es contra Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero se ha quedado estancado por la vía del amparo, pese a que la Comisión Instructora que trabajó en el caso emitió sus conclusiones desde el año pasado.

Al respecto, el diputado Emiliano Ramos Hernández, que es quien encabezó la Comisión Instructora encargada de estudiar, analizar y determinar la procedencia del juicio político contra Juan Pablo Guillermo, dijo que desde hace más de cinco meses concluyeron los trabajos y se emitieron conclusiones, pero se mantienen impedidos de informar al Pleno Legislativo, pues todavía existe una suspensión vigente que está frenando el procedimiento.

El legislador dio a conocer que en meses recientes se terminó el último amparo de Guillermo Molina con relación al proceso que se sigue por la vía penal, pero donde no han podido destrabar este asunto es en el tema del juicio político, que está a cargo del Congreso de Quintana Roo, por lo que sólo tienen de aquí a mayo para resolverlo, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.

“Ya perdió las suspensiones, pero por la vía penal, por el caso del juicio político el exfuncionario ha metido cerca de 6 amparos, de los cuales existe una suspensión provisional vigente para que el Congreso se abstenga de emitir sus resultados y conclusiones”, concluyó Ramos Hernández.

Y es que la Comisión Instructora terminó los trabajos desde el año pasado, sólo están esperando que se resuelva la suspensión para que entreguen el informe con resultados a la Mesa Directiva.

El procedimiento de juicio político contra Guillermo Molina, en su calidad de titular de la Sefiplan durante la pasada administración, corresponde a presuntas conductas de violaciones sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos financieros estatales, así como por el presunto manejo indebido de fondos y recursos del estado, por la cantidad de un mil 464 millones 604 mil pesos.

Es preciso recordar que desde abril de 2017, el Congreso de Quintana Roo dio inicio con los procedimientos para buscar el juicio político contra el exsecretario de la Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina; el expresidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, y los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas.

La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtió, en su momento, que estos procedimientos se hicieron al “vapor” y por tanto carecían del debido sustento, por lo que fácilmente se vendrían abajo por la vía del amparo o algún otro recurso legal, tal y como ocurrió posteriormente.

De hecho, también se dijo que estas acciones obedecían al afán de la XV Legislatura para ser el brazo ejecutor del revanchismo político contra exfuncionarios de la pasada administración, por lo que seguramente los juicios políticos no prosperarían ante la falta de pruebas.

Los primeros procedimientos en caerse fueron los que buscaban el juicio político contra los magistrados del Teqroo, Víctor Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas; luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó dichos procedimientos, tras resolver que el Congreso del Estado de Quintana Roo carece de las facultades para instaurar este tipo de acciones contra estos funcionarios, que fueron nombrados por el Senado.

Luego de analizar los expedientes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Congreso del Estado de Quintana Roo carece de las facultades para instaurar procedimientos de juicio político en contra de magistrados integrantes del Teqroo, ya que esto se encuentra fuera del ámbito de sus competencias, es decir, que la XV Legislatura se estaba extralimitando en sus funciones.

De la misma manera, el exalcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, libró el procedimiento de juicio político que la XV Legislatura inició en 2017 en su contra, luego de que la Comisión Instructora a cargo de los trabajos desechó la solicitud al no comprobarle algún tipo de responsabilidad administrativa.

La citada Comisión Instructora determinó desechar la denuncia y declarar improcedente el juicio político contra Marrufo Martín, tras determinar que la denuncia en cuestión persigue un interés particular y atañe únicamente a una percepción del denunciante.

La denuncia presentada en contra de Marrufo Martín fue por el presunto manejo indebido de fondos y recursos públicos del Ayuntamiento de Cozumel, cuando éste fue presidente municipal de 2013 a 2016.