Por Graciela Machuca Martínez
México está por concluir el quinto mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y hasta el momento no hemos conocido una estrategia viable para sacar del hoyo en que se encuentra la producción agropecuaria del país, cuya debacle inició en 1994 cuando Carlos Salinas de Gortari abrió las puertas a productos agrícolas y pecuarios procedentes de países que sí tienen subsidios y otros estímulos, mientras que sus pares mexicanos fueron olvidados y sacados, incluso, del mercado nacional.
El negro panorama que vemos en el campo mexicano, desde luego que es consecuencia de las políticas económicas puestas en marcha por los mercados neoliberales con la autorización no sólo de los presidentes de la república en turno, sino por el Congreso de la Unión y de los estatales, así como los poderes judiciales que en todo momento le han dado la razón a las empresas transnacionales y nacionales que se han apoderado de la producción agropecuaria.
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se reformó la Constitución para que los campesinos pudieran vender sus tierras comunales y ejidales, y con ello permitir que la inversión privada se apoderada del campo en agravio de millones de familias que tuvieron que vender sus tierras o abandonarlas ante el nulo apoyo gubernamental para incentivar la producción.
Recursos públicos que debieron invertirse para incentivar la producción agropecuaria se destinaron a programas asistencialistas como Solidaridad y Progresa sólo tuvieron propósitos electorales para mantener al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, pero la misma estrategia utilizaron partidos como Acción Nacional y de la Revolución Democrática, cuando llegaron a gobernar diferentes entidades federativas. Lo importante no era la producción del campo, la autosuficiencia alimentaria, sino la compra de votos.
Al llegar las políticas neoliberales al campo mexicano se fueron los llamados precios de garantía impuestos por el Estado mexicano para hacer frente al intermediarismo, al coyotaje, de sus mismos agentes, representados por caciques y políticos metidos a la compra venta de productos agropecuarios.
Al desaparecer los precios de garantía, los campesinos no tuvieron otra opción que abandonar sus tierras o venderlas a precios de remate, para irse a buscar empleo a las ciudades, a los centros turísticos, a los Estados Unidos y los que no lograron ese sueño, se quedaron en los estados de la frontera norte a sobrevivir, a pelear un pedazo de su México.
Las evidencias de lo anterior las tenemos a la mano en los bancos de datos del Inegi y de allí la importancia de que el actual gobierno pueda mantener la autonomía presupuestaria y técnica de este organismo, porque de lo contrario navegaremos en la obscuridad, en las ocurrencias, cuando busquemos explicaciones científicas a los fenómenos sociales de México.
Andrés Manuel López Obrador, al menos, durante la última campaña electoral, recurrió insistentemente en los beneficios que dejaron para el campo mexicano los precios de garantía, que tenían la función de regular el mercado nacional y permitir mayor margen de maniobra para los productores que intentaban competir en los mercados de exportación.
Ya es momento que el gobierno de la República presente un plan integral para rescatar al campo mexicano, un plan basado en un diagnóstico realista, elaborado por un equipo interdisciplinario de expertos tanto en la producción agropecuaria, como de operadores de los mercados nacionales e internacionales, así como de las condiciones socioeconómicas en que se encuentran la población campesina e indígena que aún vive en sus territorios.
En este marco, se deben dar respuestas claras y viables sobre productos que son sinónimos de explotación y pobreza de las familias que los procesan, como es el chicle en los estados de Campeche y Quintana Roo.
El chicle extraído de los árboles de chicozapote en la selva del Petén fue una fuente de divisas de gran importancia durante la primera mitad del siglo XX, pero su comercialización cayó a consecuencia de que la materia prima fue sustituida por la goma sintética.
La actividad de extracción del chicle fue conservada por los indígenas mayas y a raíz de la comercialización de productos orgánicos en mercados europeos y asiáticos, principalmente, la estructura del cooperativismo que le dio auge a esta industria fue cooptada por una figura empresarial que prometió dignificar la vida de los recolectores del látex, sin embargo, a pesar de que se fue adjudicando las propiedades de las cooperativas, las familias recolectoras viven en la pobreza por el precio tan bajo que les pagan por cada kilo de chicle deshidratado.
El Consorcio Corporativo de Productores y Exportadores en Forestería, con la marca Chicza, se fue apoderando, a través de medios, poco claros, aún no explicados, de las propiedades de las cooperativas de chicleros y ahora se ha convertido en el acaparador del chicle orgánico y que exporta a países como Alemania y Japón a precios que rebasan los dos euros por paquetes de 30 gramos, mientras que en Quintana Roo sólo paga a 80 pesos el kilo de chicle virgen.
Esta información debe llegar a manos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque los recolectores de chicle también deben ser beneficiarios de su llamada cuarta transformación y además, porque la referida empresa se ha beneficiado de programas gubernamentales como subsidios y créditos a bajo costo, recursos que provienen de la hacienda nacional.
En su reciente visita a Campeche, AMLO, durante un acto en el que entregó programas integrales de bienestar en la Unidad Deportiva Ulises Sansores del municipio de Champotón, reiteró su compromiso de no aumentar el precio de los combustibles en términos reales y anunció que Pemex entrega el litro de gasolina a 16 pesos y los distribuidores y esos lo venden en 19 ó 20 pesos, y se refirió al monopolio de los medicamentos y del maíz.
Lo anterior también fue un anuncio de campaña, el cual no ha cumplido, en su totalidad, ya que se comprometió que los precios de los combustibles bajarían al llegar al poder, pero después del primero de diciembre se arrepintió y dijo que estos precios subirían “pero poquito”, con base en la inflación, ahora dice que no son aumentos en términos reales, pero la verdad es que sea por la inflación o no, cada día los precios de la gasolina están por las nubes.
Es importante que espacios periodísticos como este sirvan para dar voz a quienes no la tienen, como son los recolectores de chicle y que se lo tienen que vender a Chicza al precio que la empresa les impone. Durante el recorrido que hicimos para entrevistar a chicleros, una de sus principales demandas es que el precio de chicle suba y que se abra la oportunidad para que otros compradores lleguen hasta sus comunidades, porque el precio no puede seguir dependiendo de una sola empresa que se beneficia del mercado internacional del producto orgánico en perjuicio de los auténticos chicleros.
Hay que recordarle al presidente de México de los pendientes que tiene con el campo mexicano, ya que después de tantas promesas que hizo durante los 18 años de campaña, algunas se le pueden olvidar y el campo es prioritario para poder acceder a la autosuficiencia alimentaria que vendría a ser la salvación de las mujeres y hombres del campo, quienes a pesar de las circunstancias sigue enviando alimentos a las grandes ciudades del país, pero no pueden competir con las grandes empresas que en México son apoyadas por el gobierno y en otros países por las respectivas agencias, cuando aquí se encuentran en el total olvido.