Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 7 de mayo.- El colectivo Marea Verde solicitó al Congreso del Estado desestimar la iniciativa relacionada al tema del aborto y que fue presentada por la diputada Teresa Sonia López Cardiel, por considerar que la propuesta es violatoria y discriminatoria a los derechos de la mujer.
Así lo dio a conocer la representante de Marea Verde, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, quien dijo que mediante oficio que enviaron al Congreso del Estado el pasado 29 de abril, manifestaron su postura en contra de la iniciativa de Teresa Sonia López Cardiel, diputada presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, pidiendo a los legisladores que desestimen dicha propuesta, entre otros puntos.
La iniciativa de la diputada pretende reformar diversas disposiciones contenidas en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, teniendo por objetivo esterilizar a las mujeres que soliciten por segunda ocasión la realización de un aborto por causa de una situación grave de pobreza.
“La iniciativa de la diputada prevé que las mujeres que solicitan un aborto por segunda vez tienen que aceptar un método anticonceptivo definitivo, lo cual es una violación de los derechos de la mujer; viola la autonomía de decisión e implica revictimizar a mujeres que quedan en embarazo como resultado de violencia sexual”, comentó Rodríguez Pedraza.
Mencionó que la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), así como lo estipulado en la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, entre otros elementos de carácter nacional e internacional, se deben proporcionar los correctos servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual, facilitando y respetando la autonomía en sus decisiones e invitando a continuar el seguimiento médico, psicológico y de trabajo social, lo cual no está contemplando y se antepone en la iniciativa de la diputada.
“El Comite Cedaw ha señalado específicamente que les preocupan las denuncias de esterilización forzada de mujeres y niñas, así como el acceso limitado a los servicios de salud reproductiva, en particular para las mujeres y las niñas con discapacidad mental y de otra índole”, explicó Rodríguez Pedraza.
Señaló que la diputada López Cardiel también propone que sólo un ginecobstetra puede realizar el procedimiento de aborto, lo cual representa un obstáculo y nuevamente es un acto discriminatorio y violatorio de los derechos humanos, pues la ONU y la OMS han señalado que el procedimiento puede efectuarse de forma segura por un profesional de la salud con capacitación y no sólo médicos generales o ginecobstetras, “el único obstáculo son leyes que limitan la capacitación a médicos”, puntualizó.
“La OMS reconoce que profesionales de medio nivel puedan ofrecer un aborto. La iniciativa no toma en cuenta el aborto con medicamentos y la guía del OMS no toma en cuenta la experiencia en la Ciudad de México, en la que no son necesariamente ginecobstetras quienes efectúan el procedimiento; la NOM 046 dice que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) la deben realizar los servicios de salud, pero no dice explícitamente que deba ser un ginecobstetra, que viene siendo un obstáculo en la propuesta”, añadió.
Asímismo, la iniciativa de la diputada señala que el procedimiento tiene que ocurrir en un hospital público del estado, lo cual nuevamente es un impedimento y/o limitante, pues se trata de un procedimiento simple y no siempre necesita ser realizado en un hospital, además de que existen muchas ONG con capacidades para realizar los servicios para mujeres.
Por otro lado, Rodríguez Pedraza indicó que la iniciativa agrega la objeción de conciencia de manera muy general, cuando es importante contar con los servicios de salud adecuados y eso incluye tener siempre a disposición al personal médico no objetor de conciencia y capacitado en procedimientos de aborto.
“La NOM 046 dice que se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento, pero también establece que las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto médico no objetores de conciencia”.
“Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad; y la OMS, por su parte, ha dicho que las barreras normativas, la estigmatización o la falta de voluntad de algunos profesionales de la salud para brindar atención pueden limitar aún más la disponibilidad de personal capacitado para el aborto sin riesgos y la atención post-aborto en muchas circunstancias”, refirió.
El colectivo Marea Verde pide desechar la iniciativa de la diputada López Cardiel, convocando a su discusión y reelaboración con ayuda de diversos colectivos y organizaciones civiles especializadas en el tema, tanto de carácter estatal como nacional.
“Es importante considerar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer especifica que la negativa de un estado a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria. Además establece que las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones constituyen un obstáculo para el acceso de las mujeres a la atención de salud. Más recientemente, el comité ha solicitado a los estados eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten a un aborto”, expresó Rodríguez Pedraza.
Concluyó diciendo que las leyes que penalizan el aborto atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer, al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva.