Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 17 de junio.- El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, mintió descaradamente en un intento por evadir su responsabilidad en el ocultamiento del contenido de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en la manipulación de su contenido y sus artículos transitorios, donde establecen disposiciones a modo para cubrirse las espaldas de investigaciones anticorrupción que pretendan realizar miembros de la XVI Legislatura.
Al tratar de deslindarse del asunto, en sendas entrevistas en días pasados el diputado echó la culpa del atraso a la Secretaría de Gobierno, diciendo que “los tiempos” de la dependencia atrasaban la publicación, cuando la realidad es que por la naturaleza de la misma Ley Orgánica la XV Legislatura está facultada para ordenar directamente al Periódico Oficial del Estado su publicación, sin necesidad de pasar por el Ejecutivo.
La nueva Ley Orgánica estuvo oculta por órdenes de Martínez Arcila y fue hasta el pasado 14 de junio que se publicó en el Periódico Oficial, cinco meses y medio después de su aprobación en el pleno.
Asimismo, luego de esa publicación, apenas hasta este lunes 17 de junio se publicaron en la página de internet del Congreso el dictamen y el decreto, que habían sido omitidos durante el mismo tiempo, en flagrante violación a las obligaciones de transparencia de la Legislatura, con toda impunidad.
Y como ha sido su costumbre ante las irregularidades que se cometen en el Poder Legislativo, Martínez Arcila intentó desviar su responsabilidad utilizando como justificación que la Secretaría de Gobierno estaba tardando en hacer la publicación en el Periódico Oficial del Estado, lo cual resultó ser una gran mentira.
Lo anterior porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente manifiesta en su artículo sexto que: “esta ley, sus reformas y adiciones no necesitarán de la promulgación del Gobernador del Estado ni podrán ser objeto de veto”.
Añade asimismo que: “el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura ordenará directamente su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.
En otras palabras, no tenía que pasar la aduana de la Secretaría de Gobierno para que se publicara la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, sino que el Congreso del Estado la envía directamente al Periódico Oficial para tal efecto, porque se trata de una ley que trata de la organización interna de un poder autónomo del estado.
De tal manera, durante la aprobación de este decreto también incurre en omisiones quien fue presidente de la Mesa Directiva, el diputado Emiliano Ramos Hernández, quien ha sido cómplice de los malos manejos presupuestales en el Poder Legislativo desde la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta que preside, y como miembro de la Gran Comisión.
Además, no pueden alegarse retrasos por motivos técnicos en el Periódico Oficial del Estado, porque la publicación es electrónica, no pasar por alguna imprenta.
Todo lo anterior confirma que la Gran Comisión mantuvo oculto el decreto en mención esperando los resultados electorales, además de que físicamente los diputados nunca tuvieron el documento y tampoco se publicó el decreto en la página del Poder Legislativo, lo que resultó en flagrantes omisiones que han quedado impunes.
En otras palabras, no hay manera que el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, niegue el ocultamiento y las irregularidades en este hecho, puesto que no hay ningún dictamen, decreto o documento de la ley en mención que fuera del conocimiento público hasta antes de la publicación en el Periódico Oficial, que sospechosamente se realizó posterior a conocerse los resultados electorales del pasado 2 de junio.
Cabe mencionar que otro funcionario involucrado en esta arbitrariedad es el director jurídico del Congreso del Estado, Lizandro Landeros Lima. Lo anterior, porque los dictámenes se arman en el área jurídica y de allí se envían a Proceso Legislativo para que se incluyan en los órdenes del día de las sesiones.
Sin embargo, todo indica que desde el área jurídica no se turnó a Proceso Legislativo y por eso no se entregó a los diputados el dictamen, ni al área de Transparencia, para que sea subido a la página del Poder Legislativo.
En este sentido, resulta evidente para quienes han trabajado en el Poder Legislativo que el documento fue retenido por instrucciones del presidente de la Gran Comisión, por cuestiones políticas, ya que ha quedado demostrado que en los artículos transitorios se introdujeron disposiciones que no se analizaron en su momento entre diputados, como la ratificación por tres años más del contralor interno y la imposición por un mes del actual oficial mayor a la XVI Legislatura.
Por ende, el haber ocultado esta ley aprobada por el Pleno desde el 29 de diciembre de 2018, representa responsabilidades para diversas áreas, pero queda claro que las órdenes de estas irregularidades salieron del diputado Eduardo Martínez Arcila, quien seguirá siendo diputado en la XVI Legislatura sin haber hecho esfuerzo alguno, a pesar de los serios señalamientos desde que era legislador electo hasta su desempeño como presidente de la Gran Comisión.
También incurren en responsabilidades la directora de Proceso Legislativo, Brenda San Román Ovando, y el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina.
Y es que tuvieron que pasar alrededor de 170 días de su aprobación en el pleno del Congreso del Estado, para que finalmente se subieran el dictamen y el decreto de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo a la página del Poder Legislativo, apenas este lunes.
El documento ha mostrado que la Gran Comisión de la XV Legislatura fabricó su propio “blindaje de impunidad”, al prolongar 3 años más la estadía en el cargo del actual contralor interno, mediante un artículo transitorio que no se sabe si estaba en la versión original o si fue puesto después de que se conocieron los resultados de las elecciones pasadas.
La opacidad y la simulación en el Poder Legislativo, que ha quedado en evidencia con el ocultamiento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es sólo otra muestra de que desde el Congreso del Estado se imponen los intereses políticos a la legalidad.
En diversos actos irregulares que se han cometido desde la XV Legislatura, las evidencias han sido contundentes y el presidente de la Gran Comisión no sólo ha sido cómplice al no actuar ante actos que precisamente van contra la legalidad, sino que también ha sido promotor de ellos.
Y es que la complicidad e impunidad es el pago de favores políticos, al ser el Poder Legislativo quien nombra al auditor superior del estado, al fiscal general, a la fiscal Anticorrupción, entre otros. De tal manera que la impunidad queda garantizada, pues en los casos que se han expuesto, donde funcionarios y diputados del Poder Legislativo incurren en responsabilidades, no se conoce de sanción alguna.
De tal forma, Eduardo Martínez Arcila, quien fue parte de la toma violenta del Congreso del Estado en 2016, aludiendo que la legislatura anterior pretendía aprobar un “paquete de impunidad”, ahora que tuvo la responsabilidad de presidir la Gran Comisión no necesitó de ningún “paquete” para promover la impunidad, sino que fue institucionalizada al interior del Poder Legislativo con sólo abusar de su autoridad.