Sin recursos para protección ambiental

Por Eva Murillo

La parte ambiental en Quintana Roo significa entradas millonarias a las arcas federales –a través de multas por daños ambientales, cobró por Manifestación de Impacto Ambiental y también por uso de las Áreas Naturales Protegidas- que hasta el 2018 oscilaron en casi 420 millones de pesos, en el transcurso de cinco años, en promedio, según datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). A pesar de esas ganancias, cada ejercicio fiscal fue reduciéndose más el presupuesto asignado al cuidado de las zonas protegidas y actualmente no hay apoyo financiero para enfrentar uno de los peores fenómenos naturales: el sargazo.

Los datos brindados por la PNT detallan que fueron 145 millones 856 mil 663 pesos que la Federación obtuvo del 2016 al 2018, por concepto de cobro de ingreso a las ANP de la Península de Yucatán y Quintana Roo; además, 118 millones 617 mil 43 pesos y 45 centavos fueron por multas por delitos ambientales entre los años 2013 y 2018; a eso se suman 154 millones 846 mil 244 pesos cobrados por el ingreso de manifestaciones de impacto ambiental del 2013 al 2018.

Mientras que las personas que realizan trabajos de investigación para detectar los problemas ambientales, el nivel en que están, conocer las causas y hallar una solución, están preocupadas por la falta de recursos que este año tuvo el área ambiental en el país, sobre todo en la zona de la Península, una de las más ricas en biodiversidad.

Mientras tanto, los trabajadores de las instancias encargadas de vigilar el medio ambiente hacen malabares con el dinero autorizado para los trabajos operativos en campo, el cual ha ido a la baja de periodo en periodo fiscal; actualmente hay temor de que no logren “salvar el año” si no acceden a recursos extraordinarios.

Es común escuchar que las autoridades de los tres niveles de gobierno reconocen que la entidad es la que más divisas de turismo aporta al país, debido a su vocación turística, pero nada se habla de lo que aporta desde los ángulos ambientales: multas y cobros.

Lo lamentable es que a pesar de las cantidades millonarias que por mes ingresan al gobierno federal desde Quintana Roo, no hay dinero para realizar tareas de rescate de los corales que aún quedan vivos tras el embate del Síndrome Blanco, pues mientras que en Florida, donde también está la enfermedad, están sacando porciones de especies enteras para preservarlas en sitios especiales, en Quintana Roo los investigadores, científicos y directores de las ANP marinas solo pueden llevar conteos de la pérdida coralina, pues no tienen espacio físico ni recursos para igualarse a las acciones de sus homólogos en Estados Unidos.

Zonas federales protegidas son utilizadas como depósitos de desechos de todo tipo, aprovechando que no hay personas que vigilen; en las áreas marinas con restricciones para la pesca, los pescadores furtivos ya no se preocupan por esconderse, realizan las actividades ilícitas a la vista de todos, ya que saben que los recorridos de vigilancia son escasos ante la necesidad de optimizar el uso combustible de las embarcaciones de la Conanp.

Mientras el dinero obtenido por multas por delitos ambientales, cobro de uso de Áreas Naturales Protegidas e ingreso de manifestaciones de impacto ambiental, sigue entrando por cientos de millones, a la región Península de Yucatán y Caribe Mexicano, que abarca de Yucatán a Quintana Roo, le asignaron menos de 10 millones de pesos para la vigilancia y cuidado de sus zonas protegidas.