De la Redacción
CHETUMAL, 24 de junio.- Poniendo en evidencia que los diputados del Congreso aprobaron la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo sin siquiera leerla ni analizarla, ahora en dicho ordenamiento se quiere reformar el apartado correspondiente a la instalación de cada Legislatura, pues se cometió el error de ponerle como fecha el 4 de septiembre del año que corresponda, lo cual difiere de la Constitución Política de Quintana Roo, que establece el 3 de septiembre para la instalación de la Legislatura.
En la sesión número 4 de la Diputación Permanente, que contó con la asistencia de cinco diputados, se dio entrada a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado.
A grandes rasgos, cuando la XV Legislatura aprobó la citada ley el 29 de diciembre de 2018, los diputados no se dieron cuenta del tremendo error que venía en el numeral 21, el cual establece el 4 de septiembre como la fecha de sesión de instalación de la Legislatura.
Sin embargo, esto difiere con el artículo 52 de la Constitución Política de Quintana Roo, que en su segundo apartado establece que “la Legislatura se instalará el 3 de septiembre del año que corresponda”.
Ninguno de los diputados de la actual Legislatura, ni sus asesores y tampoco el equipo jurídico del Congreso, se percataron de este error en los tiempos ya establecidos, pues hasta la antigua Ley Orgánica que todavía está vigente indica el 3 de septiembre como fecha de instalación de la Legislatura y de la elección de la Mesa Directiva.
Por lo anterior, a propuesta del diputado Eduardo Martínez Arcila, los integrantes de la XV Legislatura deberán reformar la Ley que ellos mismos aprobaron hace 6 meses, pero que no analizaron y la mayoría ni siquiera leyó el dictamen, pues no tuvieron el interés de asegurarse que por lo menos estuviera en sus respectivos correos electrónicos.
Evidenciando desconocimiento y falta de responsabilidad en el quehacer legislativo, los diputados tendrán que modificar el citado artículo 21 de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero también deberán cambiar los numerales 19 y 20, ya que estos corresponden a los trabajos y preparativos previos que se deben seguir para la instalación de la Legislatura entrante.
No hay que olvidar que la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo es considerada el nuevo “blindaje de impunidad” promovido por el diputado Eduardo Martínez Arcila, ya que desde su aprobación en diciembre de 2018 y hasta el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, cosa que se hizo 6 meses después, el proceso estuvo plagado de sendas anomalías, violaciones a distintas leyes, así como de mentiras y contradicciones del presidente de la Gran Comisión.
Para empezar, el dictamen de la nueva Ley Orgánica permaneció por 6 meses oculto de todos los medios posibles, estuvo “desaparecido” de los archivos del Congreso y tampoco se hizo llegar a ninguno de los diputados de la XV Legislatura, violando así las leyes en materia de transparencia que obligan a hacer públicos este tipo de documentos desde el día de su aprobación.
Cuando la referida ley por fin se publicó en el Periódico Oficial del Estado, una vez que pasaron las elecciones y que éstas no favorecieron a los candidatos panistas, se detectaron irregularidades que apuntaban a una presunta manipulación del documento, pues contenía puntos que nunca se trataron entre los integrantes de la XV Legislatura y tampoco venían en los proyectos que sirvieron de base para elaborar el dictamen, además que nunca se abordaron en la reunión de comisiones, como fue el caso de perpetuar en el cargo por un periodo de tres años más al actual contralor interno del Poder Legislativo, Jorge Alberto Rejón Chan.
El presidente de la Gran Comisión, diputado Eduardo Martínez Arcila, es el principal responsable de que presuntamente se introdujeran en el decreto de la nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado artículos transitorios que no se discutieron entre los diputados, ni se presentaron en las iniciativas, pues al mismo tiempo es el presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, que fue la encargada de preparar el dictamen de la nueva norma, posición que aprovechó para manipular al decreto a modo.
Abusando de la autoridad que le dan ambas posiciones, nunca entregó a los diputados miembros de la comisión el proyecto de dictamen, ni por escrito ni en versión digital en la reunión en la que lo aprobaron, según consta en el video que el propio Poder Legislativo grabó, y tampoco se le dio a los 15 diputados que lo aprobaron en la sesión del pleno el 29 de diciembre del 2018, a pesar de lo cual actuaron como cómplices de dicha irregularidad y votaron a ciegas, confiando sólo en la información que a cuentagotas les proporcionó Martínez Arcila, y posteriormente se reveló que se introdujeron otros puntos que no se analizaron.
Y aunque se trata de una ley que los nuevos diputados pueden modificar en el momento que quieran, por tratarse de la organización interna del Poder Legislativo, es claro el propósito de poner cortapisas a la XVI Legislatura para proteger a los actuales legisladores y a los mandamases del Congreso contra investigaciones anticorrupción, y por eso introdujeron disposiciones que nunca se plantearon públicamente y que motivaron que se mantuviera oculta la nueva ley durante 6 meses.
Dentro de los artículos transitorios que el presidente de la Gran Comisión introdujo para protegerse las espaldas destaca el de designar automáticamente al actual contralor interno para cubrir otro periodo de casi 3 años, lo cual implica que pretende imponerse a la XVI Legislatura dicho nombramiento y la imposibilidad de removerlo del cargo, situación que el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y también diputado reelecto, José de la Peña Ruiz de Chávez, confirmó que no estuvo en la mesa de análisis de la reforma que eliminó a la Gran Comisión.
Situación muy importante ésta porque pesan sobre la Gran Comisión, encabezada por Eduardo Martínez Arcila y otros diputados, no sólo las acusaciones sobre desvíos de “ayudas sociales”, sino también abultamiento de la nómina del Poder Legislativo y manejo irregular de contratos de obras y servicios.
Junto con el asunto de perpetuar en el cargo al actual contralor interno, existen otros puntos en la Ley que nunca fueron discutidos al momento de su elaboración, los cuales apuntan a que la intención es proteger a los diputados salientes, pero principalmente a Eduardo Martínez Arcila y los miembros de la Gran Comisión, responsables del gobierno y la administración del Poder Legislativo, contra investigaciones por actos de corrupción que pretendan iniciar los miembros de la XVI Legislatura, quienes en sus manos tendrán la decisión de mantener o cambiar estas disposiciones, ya que se trata de una norma que pueden modificar en el momento que quieran.