Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 16 de julio.- Tras una auditoría financiera que reflejó diversas observaciones del ejercicio 2018, en el cual fungían como alcaldes Luis Torres Llanes y María Luisa Alcérreca Manzanero, la Contraloría analizará la información para posteriormente proceder mediante el representante legal (sindico) del gobierno de Othón P. Blanco sobre las responsabilidades de exfuncionarios.
El Contralor del municipio de OPB, Manuel Zapata, explicó que se ha pedido la información al despacho contratado para analizar la información, por lo que por el momento no se puede manifestar montos ni responsables.
Comentó que derivado de una auditoría financiera del ejercicio fiscal 2018, solicitada por el presidente municipal Otoniel Segovia Martínez, el despacho Jorge C. Bolio Castellanos y Asociados SC, presentó un informe de observaciones y recomendaciones.
Con los resultados del mismo se solicitó el inicio de acciones correspondientes a fin de determinar si existen irregularidades en el desempeño de funciones de servidores públicos municipales durante la administración pasada.
Para tales efectos, Zapata Gutiérrez dijo que se ha solicitado al despacho auditor proporcione los papeles de trabajo donde se detallan las observaciones y recomendaciones a la cuenta pública por el ejercicio 2018, esto con el fin de agilizar los trabajos y poder detallar, integrar e identificar los importes, saldos, así como la antigüedad de estos últimos.
Lo anterior para determinar en qué periodo se realizaron dichas operaciones y qué exfuncionarios municipales estuvieron involucrados en dichos actos.
“Estos papales de trabajo son necesarios para agilizar nuestros procesos; en el sentido cuando se tratan las cuentas por cobrar por gastos a comprobar de exfuncionarios, para determinar los importes y qué funcionarios fueron omisos en la comprobación de recursos”.
En materia de deuda a proveedores, dijo que también es necesaria la información que analizó el despacho, siendo que es necesario determinar antigüedad de saldos, exfuncionarios que aprobaron las adquisiciones, documentación soporte de dichas obligaciones, así como de los exfuncionarios que debiendo realizar los pagos, no los efectuaron durante su gestión, suponiendo que existiera la suficiencia presupuestal.
En relación a las retenciones y contribuciones por pagar, igual es necesario conocer la integración de cada una, su antigüedad, los ex funcionarios involucrados que debieron hacer el pago respectivo y no las realizaron.
El contralor expuso que una vez que se tenga la integración de los saldos de estos conceptos relevantes, se hará el análisis para turnarlos a la autoridad investigadora, la cual hará lo propio determinando la existencia de presuntas responsabilidades administrativas, para iniciar el procedimiento administrativo por la autoridad substanciadora sin menoscabo de que durante dicho procedimiento se determine la existencia de algún delito penal, lo que también llevaría al proceso de denuncia ante las autoridades competentes.
Por lo anterior, resulta prematuro señalar por parte del presidente municipal, que ya se prepararon las denuncias para presentar a la Fiscalía General del Estado, por parte de la Sindicatura y la Contraloría, toda vez que primero debe trabajarse en la integración de las investigaciones internas pertinentes, la cual será hasta que la misma presidencia remita los papeles de trabajo que hizo el despacho auditor, siendo que igual se le pidió al presidente que obtenga dichos papales, puesto que él remitió la solicitud a esta Contraloría.
Por otra parte, atendiendo al principio de presunción de inocencia, el presidente municipal debería reservar la información considerada confidencial a efecto de no entorpecer las investigaciones, ya que en su momento a él se le mandaría el informe de lo que arrojen las investigaciones internas, por lo cual queda bajo reserva como ente investigador el trámite que se siga entorno a esas auditorias.