Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 25 de julio.- Está en puerta una nueva simulación de la XV Legislatura del Congreso del Estado, luego de que fueran interrumpidas las consultas públicas de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que sólo se llevaron a cabo en los municipios Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, lo que parece indicar que los actuales diputados se deslindarán del tema y dejarán la responsabilidad a la próxima XVI Legislatura, para que sea ésta quien decida sobre la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos en el estado.
Como se recordará, el Congreso del Estado anunció una serie de consultas públicas para discutir la Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada en sesión extraordinaria del pasado 26 de junio, pero que incluyó la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos en Quintana Roo, lo cual afectará las tradiciones, costumbres y miles de empleos que giran en torno a estas actividades populares en más de 200 comunidades, especialmente de la Zona Maya, la más olvidada y con mayor pobreza de la entidad.
La polémica prohibición fue respaldada de manera irresponsable por un puñado de 12 diputados, que dieron su voto a “ciegas”, sin el análisis debido y sin siquiera consultar a las comunidades mayas y pueblos indígenas afectados, así como a otros sectores que también resultarán perjudicados por la ley, como el de los caleseros de Cozumel, quienes perderán su trabajo porque también se prohibe el uso de caballos para carruajes turísticos.
Con la finalidad de calmar el fuerte reclamo social que generaron, los diputados iniciaron los foros de consulta en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el pasado 9 y 10 de julio, respectivamente; prometiendo que al terminar en los once municipios presentarían una contrarreforma para revertir la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos, dejándola como una facultad de cada municipio y que no aplique a nivel estatal.
Sin embargo, a un mes de concluir la presente Legislatura, el Congreso del Estado interrumpió las consultas públicas y no ha dado mayores explicaciones de ello, sólo las hizo en los municipios de la Zona Maya y no se sabe si éstas seguirán hasta cubrir las demás demarcaciones.
Esto ha dejado en incertidumbre a miles de familias de las comunidades mayas y pueblos indígenas, así como a productores, ganaderos, criadores de aves de pelea, representantes ejidales, organizadores de fiestas patronales, toreros, palqueros, criadores de caballos, caleseros, comerciantes de alimentos, artesanos, dignatarios mayas, entre muchas otras personas que no saben si los diputados cumplirán su promesa de reformar la ley o si se está ante una nueva simulación de la XV Legislatura, ya que todo parece indicar que no harán nada y que dejarán la responsabilidad a la siguiente XVI Legislatura, que estará representada por una mayoría de diputados del Morena, quienes son aliados del PVEM, partido que votó a favor de la prohibición.
Los actuales diputados usarían de pretexto que ya no hay periodo ordinario de sesiones para no reformar nada y dejar la ley tal y como está, dejando la responsabilidad a los diputados de la próxima XVI Legislatura, para que sean ellos los que decidan si se modifica la prohibición o si se queda sin cambios.
Con la excusa de que una contrarreforma no puede ser aprobada hasta que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, el 5 de septiembre del año en curso, la XV Legislatura pretende desentenderse de la polémica que causó con la Ley de Protección y Bienestar Animal, sólo que para esa fecha ya estará en funciones una nueva Legislatura.
Aunque los miles de inconformes han tenido acercamiento constante con algunos diputados de la presente legislatura, pero no con los que aprobaron la prohibición, hasta el momento no se han tomado acuerdos sólidos ni les han dado la garantía de que la ley será modificada y se respetarán sus tradiciones, costumbres y fuentes económicas, por lo que siguen en incertidumbre y con el temor de que esto ya no se hará.
La Ley de Protección y Bienestar Animal se aprobó desde el pasado 26 de junio, pero el Congreso del Estado se ha negado a hacer público el dictamen, además que tampoco se ha decretado en el Periódico Oficial del Estado, pues supuestamente el plazo de 10 días para que esto se haga empezará a correr a partir del 5 de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, estando en funciones la XVI Legislatura.