Solicita información sobre desalojo de ambulantes

Por Gabriel E. Manzanilla

CHETUMAL, 24 de septiembre.- La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo) inició una investigación por el caso de los vendedores ambulantes que fueron desalojados del mercado Ignacio Manuel Altamirano por instrucciones del presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez, quien ordenó a los fiscales municipales que desmantelen y decomisen cerca de una docena de negocios sin notificación previa y haciendo uso excesivo de la fuerza pública.

Sobre este caso, el presidente de la Cdheqroo, Marco Antonio Toh Euán, dijo que ya iniciaron un expedientillo, porque indirectamente se hacía alusión a que hubiera actos de molestia contra las personas, motivo por el cual ya solicitaron los informes y toda la información necesaria al municipio, aunque todavía no es queja de oficio.

“En este caso el recurso legal que usamos es expedientillo, para que podamos tener certeza de qué hubo y en ese sentido iniciar o no la queja por oficio, no debe pasar de esta semana para llegar a una determinación”, comentó Toh Euán.

El ombudsman quintanarroense mencionó que en caso de encontrar hechos que violenten los derechos humanos, se iniciará la investigación de turno contra toda autoridad que resulte responsable, pudiendo llegar a una medida de recomendación según sea el caso.

Como se recordará, los vendedores ambulantes del mercado Ignacio Manuel Altamirano, mejor conocido como Mercado Viejo, fueron tratados como delincuentes y sufrieron del abuso por parte del gobierno municipal que encabeza Otoniel Segovia, quien giró indicaciones a sus fiscales para que la noche del pasado 13 de septiembre arremetieran contra familias humildes que trabajan en la avenida Efraín Aguilar entre Belice y Héroes.

Sin ninguna explicación y sin siquiera notificarles, el área de Fiscalización municipal hizo uso excesivo de la fuerza pública y desmanteló cerca de una docena de puestos ambulantes, actuando arbitraria e ilegalmente, y violentando los derechos de las familias afectadas.