Contradicción entre MPFC y jueces

De la Redacción

La poca transparencia con la que se imparte justicia en Quintana Roo, se ha reflejado con la constante liberación de sujetos acusados de cometer delitos por parte de los jueces correspondientes, en algunos casos, bajo el argumento de que la puesta a disposición por parte del Ministerio Público no fue acorde a la ley y en otros, porque las detenciones hechas por la Policía Municipal o primer respondiente, se hicieron de manera ilegal y se violentaron los derechos de los acusados.

Pero hay otros casos donde las personas que están sujetas a procesos bajo el sistema tradicional, donde al no dictarles sentencia el juez de la causa, autoridades federales les otorgan amparo, con lo que el riesgo de quedar en libertad es inminente.

Tal parece que en Quintana Roo, ni el Ministerio Público ni los jueces, terminan por ponerse de acuerdo en los casos donde existe de por medio, hechos de violencia, principalmente homicidios y optan por contradecirse en sus decisiones y a la postre, terminan en la liberación de los detenidos.

El caso de Shelling Kierkegard Novelo Yeh, juez de control, del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio que dejó en libertad a dos sujetos detenidos por elementos de la Guardia Nacional, argumentando que su aprehensión fue ilegal, ha marcado un precedente para el Poder Judicial de Quintana Roo, pues ante la denuncia de la Fiscalía General de Justicia, el Consejo de la Judicatura tuvo que suspender de manera temporal a dicha autoridad para que se efectúe una investigación sobre su actuación muy poca transparente.

Pero ésta, es una situación que hace recordar de casos donde sujetos que logran obtener su libertad por determinación del juez de la causa, al poco tiempo terminan ejecutados como prueba de que sí están metidos en hechos delictivos.

Uno de los casos que reflejan una clara corrupción e impunidad, es la de Raúl Muñoz Aguirre, alias “El Sincler”, sujeto detenido en múltiples ocasiones y de la misma manera, liberado por jueces que lo han beneficiado de manera impune y ya libre, ha seguido haciendo de las suyas efectuando ejecuciones, levantones y cobros de “derecho de piso”.

“El Sincler” que había sido detenido en septiembre de 2015 en Mérida, Yucatán, y trasladado a Cancún para ser puesto a disposición de las autoridades de Quintana Roo, fue liberado en marzo de 2017 por órdenes del juez tercero penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Alex Ramiro Buenfil Ayala, quien decidió absolverlo de los cargos de homicidio calificado por el que era procesado en la causa penal 231/2016 y ya libre, se supo que habían otras órdenes de aprehensión en su contra que no pudieron ser ejecutadas.

Sin embargo, de manera fortuita en mayo pasado en la Región 92, luego de que un grupo de sicarios de un bando contrario, vestidos con uniformes falsos de la Policía Federal, lo intentaran ejecutar pero junto con su gente, repeló el ataque donde él ejecutó a por lo menos una persona pero en la refriega resultó herido.

Hasta ese entonces, las autoridades no sabían de quién se trataba la persona lesionada, hasta que era atendido por paramédicos que supieron que era “El Sincler”, un sujeto que tenía órdenes de aprehensión en su contra.

Otro de los casos de impunidad y de poca transparencia en la impartición de justicia es la de Héctor Casique Fernández, señalado de ser el autor intelectual de la masacre al bar “La Sirenita” en el 2013 y luego tres años en prisión, con la ayuda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quedó en libertad e incluso, se obligó a la Fiscalía General de Justicia a otorgarle una denuncia pública por una serie de supuestas violaciones en su contra.

Sin embargo, al poco tiempo dicha persona fue ejecutada en un restaurante en la entrada de la delegación de Bonfil, donde se reunía con gente vinculada al crimen organizado y con los que estaba negociando.

Pero estas polémicas liberaciones de sujetos que luego terminan ejecutados, se efectúan también por órdenes de jueces federales, hasta donde ha salpicado la poca transparencia en el tema de la impartición de justicia donde los esfuerzos que hacen las autoridades policíacas no se toman en cuenta.